José Manuel Pradas – La Huella de la toga (segunda temporada)

 

Sigo dándole vueltas a mi Colegio durante la Guerra Civil, con sentimientos encontrados cada vez más acusados; pasando de la rabia a la tristeza, incluso al hastío, pero nunca a la indiferencia; sinceramente, de alegrías ninguna. Tenemos que partir del hecho de que no se ha escrito -al menos que yo sepa- una historia del Colegio basada en los hechos acaecidos en la década de los treinta. Existe algún libro que trata el tema, pero yo diría que, de forma casi tangencial, incluso con cierto pudor a la hora de contar las cosas, de manera que casi me queda la aspiración de que, cuando algún investigador aborde estos años, mis artículos le puedan servir como un hilo del cual ir tirando hasta llegar al ovillo de buena lana colegial.

Los sentimientos son confusos y contradictorios, pero no nos engañemos; como digo muchas veces a manera de chascarrillo, aquí el más tonto fabrica relojes y encima le sobran piezas. Así que conozco, diría que perfectamente, lo que sucedió al terminar la contienda. Utilizando una expresión ya más culta -que se me note haber estudiado algo de latín-: Vae victis!, ¡ay de los vencidos!

De eso precisamente trata el trabajo de hoy. En mis manos está un documento sin firma, pero que dimana de la Junta de Gobierno, fechado el 18 de marzo de 1940; casi un año justo desde el final de la Guerra Civil y cuando la Segunda Guerra Mundial estaba, como quien dice, empezando (ni siquiera Alemania había comenzado la invasión de Francia). Son nueve páginas, el papel es amarillo y de pésima calidad, está escrito a máquina con la firme sospecha de que la cinta mecanográfica tenía ya muy poca tinta, de manera que la calidad de impresión es mala. Hay palabras que casi no se pueden leer y que solamente he podido descifrar basándome en el contexto de la frase.

El documento lleva por título “INFORME POLITICO-IDEOLOGICO JUNTAS 1936-1939”. Como he dicho, no aparece firmado, aunque su autoría explícita proviene de la Junta de Gobierno del ICAM de ese momento, sí está fechado, y de manera muy concisa cuenta quiénes fueron los abogados encargados de regir los destinos del Colegio durante la guerra. De esta manera, tras el encabezamiento, se enuncia: “Informe que emite la junta de gobierno del ICAM sobre todas y cada una de las personas que integraron las distintas Juntas que rigieron esta Corporación desde el 18 de julio de 1936 hasta el 28 de marzo de 1939, inclusive.”

Creo que sería bueno que, antes de hablar de las personas, recapitulase sucintamente lo que fue sucediendo. El día 27 de julio de 1936 el Gobierno destituye a la Junta –justo unos días antes de ser asesinados el decano y el secretario del Colegio-, por entender que los miembros que la componen son desleales al Gobierno de la República.

El 1 de diciembre de ese año el Gobierno designa una Comisión Ejecutiva del Frente Popular, que equivale a la Junta de gobierno, que luego, en mayo de 1937, es ampliada con representantes designados por los Sindicatos UGT y CNT.

Esta Comisión Ejecutiva realiza tantos desmanes que, por un decreto de octubre de 1937, se nombra otra Junta de Gobierno que coexiste con la Comisión casi hasta el final de la guerra, manteniéndose ambas en permanente enfrentamiento. Finalmente, el 28 de marzo de 1939, la Junta entrega el Colegio a la Falange, que lo incauta.

Creo que lo he explicado con sencillez y dejando muchas cosas de lado, pero no quiero eternizarme en el relato así que, en cualquier caso, vamos paso a paso.

Empezamos entonces por el decreto del Ministerio de Justicia de 27 de julio, donde se cesa a toda la Junta anterior (con la sola excepción del tesorero Figueroa Rojas) por considerarlos desleales con la República y, si se me permite una opinión, creo que el Gobierno de la nación no andaba muy descaminado. Forman la nueva Junta, el decano Francisco López de Goicochea, nueve diputados, el tesorero y el secretario; además se designa también -cosa rara- a dos colegiados como responsables uno del Boletín del Colegio y el otro para ser encargado de la Biblioteca. En total, catorce personas, más otra que fue enseguida desechada: en total quince. Atención, porque ese número es interesante.

El Decreto tenía una introducción breve que transcribo a continuación, porque aporta un hecho importante:

“Abandonadas por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, las funciones que le estaban atribuidas; y constituida aquélla, en su inmensa mayoría, por elementos desafectos al régimen y en simpatizante connivencia por los alzados contra la República, una nutrida representación de Letrados afectos a la legalidad, de acuerdo con los componentes del Frente Popular, se han incautado de dicho Colegio y han designado una Junta directiva, que se ocupa de las finalidades propias de dicha Institución, prestando al Gobierno toda clase de colaboración.”

Me ha llamado muchísimo la atención, como una prueba de la debilidad del Gobierno en aquel verano, que la nueva Junta sea designada por los “nutridos” abogados que se incautan el Colegio. Vamos, que el Gobierno da carta de naturaleza y legalidad a esos abogados que, a punta de pistola, entraron en el Colegio y el Palacio de Justicia que, como sabemos, compartían edificio en aquella época. Me resulta casi hasta graciosa la expresión final de que están “prestando al Gobierno toda clase de colaboración”. O sea, llegan incluso a darles las gracias.

Intentaré dejar claras algunas de las pautas de comportamiento de estos abogados y de lo que, según el informe hicieron en aquellos años -recordemos que no es que sea un relato “de parte” sino más bien de “enemigos”- con toda la crudeza del lenguaje empleado.

De los quince nombres que conforman la nueva Junta designada por el Gobierno, lo más significativo es que ocho de ellos resultaron ser nombrados magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Territorial, fiscal general de la República o de la “Armada roja”. Ser Diputado era asegurarse un buen trabajo y lejos del frente.

De los quince, otros tres eran diputados en las Cortes.

De todos ellos, solamente cuatro se puede decir que se salvan de una condena explícita en el informe: Saiz Sepúlveda (D.1º), porque ni siquiera apareció por el Colegio; Figueroa Rojas (T.) que huyó en los primeros días a Marsella, aunque se le acusa del “despojo del caudal” del Colegio; Zubillaga Olalde (S.) del que no saben si en realidad estuvo jugando a dos barajas; y, finalmente, del director del Boletín, Valero Caminero, del que solo se dice que se ignoran su actuación y antecedentes políticos.

Del resto, se les dedican frases y comentarios que desconozco hasta qué punto pueden ser verídicos o qué carga de odio llevan. Pero es inevitable citar algunos ejemplos.

López de Goicochea de él se dice: “Diputado a Cortes por Murcia representando a un partido del Frente Popular. Magistrado del Tribunal supremo designado por el Gobierno rojo. Se cree que en la actualidad se encuentra refugiado en el extranjero. Desarrolló una gran labor a favor del Frente Popular y plenamente contraria a los intereses de la causa nacional.”

López Lucas (D.2º) es definido como “un verdadero monstruo de maldad”, de “perversión rayana en la locura” y “acusador de todos los invictos marinos que fueron asesinados en Cartagena” pues era el Fiscal de la Armada. Expulsado en 1939.

Sánchez Roca (D.4º) era un “animador de las masas para la realización de crímenes y saqueos”.

Betes Bruzos (D.8º) “…manifestó la conveniencia de ir a detener, para fusilarle, al Magistrado don Francisco Fable. Autor de otras denuncias de compañeros”. También expulsado en 1939.

Horna Camps (D.9º) “…su actuación ha sido francamente fatal para muchos compañeros del Colegio, a los que denunció, siendo asesinados”. Y “como secretario particular del ministro Irujo… otorgaba volantes a la policía autorizándoles a abrir las cajas del Banco de España, desvalijándolas y desposeyendo de sus bienes a personas afectas al Glorioso Movimiento Nacional”. Fue de los expulsados en 1939.

La palma se la lleva Case Casañ, del que se dice que se le nombró diputado, pero se le expulsó, “no por sus ideas derechistas, sino por estar conceptuado como un indeseable e inmoral”. Se dice de él que “…fue nombrado por los rojos para un cargo de importancia de la Junta de incautación de Fincas, de la que fue expulsado por manejos inmorales a los que era muy dado el señor Cases”. Lógicamente, también expulsado en 1939.

¿Qué comentarios o conclusiones sacar? Pues todas las que el lector quiera. En primer lugar, el léxico, del que no podemos sustraernos al momento en que fue escrito, 1940. Hay que poner en contexto expresiones como “de ideas e instintos criminosos”; “constante propagandista de las ideas rojas y animador de las masas para la realización de crímenes y saqueos” o “denunció a otros abogados afectos al Glorioso Alzamiento Nacional”.

Hay un hecho muy importante que es, sin duda, el motivo por el que se elaboró el documento y que desconocemos. ¿Quién y para qué se pidió el informe? Esta es una circunstancia clave. Sin conocer este dato, es muy arriesgado dar un diagnóstico sobre el origen del texto y su finalidad.

También me ha llamado la atención que, aunque no parece que se trate de un estudio de amigos o compañeros del alma, no se pierden, de alguna manera, las formas: “don fulano, “señor mengano”. El redactado me ha hecho recordar esa expresión muy común en las actas de juntas de colegiados o de gobierno, donde se decía, por ejemplo: “La Junta toma en consideración esta propuesta por entender que es beneficiosa para la Clase”. Es decir, podremos llamarnos y decirnos lo que sea, pero no por eso dejamos de pertenecer a “la Clase” y, por eso, el tratamiento de “don o de “señor” nos debe preceder siempre.

Quedaría por extraer otra consecuencia final -seguro que se me escapan muchas más-, pero que da una idea de la situación del Colegio en el verano del 36. En los primeros años de la República, la Junta estaba dominada por abogados pertenecientes a partidos republicanos, siendo su exponente más claro Ossorio y Gallardo y, en menor medida, por socialistas como Ángel Galarza. Este control se va diluyendo por la tozudez del Gobierno, que dicta leyes como la de Defensa de la República, que es tan antidemocrática como lo era la de la dictadura del general Primo de Rivera. Dimite Ossorio y es elegido Melquiades Álvarez. Es entonces cuando se produce un cambio importante en el Colegio, no únicamente en la Junta, sino en la generalidad de los colegiales: un profundo rechazo al Gobierno de la República. Solo de esta manera se pueden entender dos hechos muy significativos. Por un lado, que, al empezar la Guerra Civil, la inmensa mayoría de la Junta estaba constituida por personas no afines al régimen; esto es más o menos discutible, pero creo que podemos darlo por bueno. Y, en segundo lugar, que la Junta nombrada en julio de 1936 está formada exclusivamente -no ya por personas independientes- sino por adictos militantes, de forma que gran parte de ellos llegan a ser destacados miembros de la judicatura, nombrados a dedo y sin ninguna oposición o examen aprobado. Es una buena prueba de, por un lado, los escasos miembros de confianza que tenía el Gobierno dentro de la Abogacía y la Judicatura y, por otro, el interés, en absoluto oculto, de controlar la Administración de justicia y la Fiscalía.

Una parte importante de las tareas de los Colegios de abogados son, además de las de auxilio, deontológicas, de honorarios -en fin, todas aquellas que conocemos bien y no hace falta enumerar – la de la defensa de la profesión frente a los poderes públicos. Esa defensa la ejerce la Junta de Gobierno, pero, claro, la pregunta es obvia: ¿cómo va a defender la Junta a un colegiado frente a, por ejemplo, el presidente de la Audiencia Territorial, cuando el presidente es a la vez secretario de la Junta? Complicado dilema de difícil solución.

Y aquí lo dejo, de momento. La semana que viene seguiremos con el informe de marras, que tiene todavía mucha tela que cortar.

Acompaña a este artículo una fotografía del ovetense Luis Zubillaga Olalde, secretario de la Junta y presidente de la Audiencia Territorial de Madrid.