Cerca de 2.000 abogados han participado en un ciclo formativo sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas que concluye con propuestas para mejorar la eficacia de los programas de cumplimiento normativo y su valoración ante los tribunales.
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la Cámara de Comercio de España han presentado las conclusiones de un ciclo formativo sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y cumplimiento normativo, desarrollado desde mayo a través de ocho sesiones en las que han participado cerca de 2.000 profesionales de la abogacía.
Durante la jornada de clausura, celebrada en Madrid, ambas instituciones han defendido la necesidad de establecer criterios más homogéneos para evaluar los programas de compliance y reforzar la seguridad jurídica de las empresas.
Adolfo Díaz-Ambrona, secretario general de la Cámara de Comercio de España, ha destacado que el cumplimiento normativo ha dejado de ser una materia reservada a especialistas para convertirse en un elemento esencial de la competitividad empresarial. Entre las propuestas planteadas figuran el reconocimiento temprano de los programas de cumplimiento eficaces, la posibilidad de facilitar la terminación anticipada de determinados procedimientos con las debidas garantías y una mayor implicación de administradores y directivos.
Por su parte, Salvador González, presidente de Abogacía Española, ha reivindicado el papel de los abogados en la prevención de riesgos jurídicos y la promoción de una cultura empresarial basada en la integridad y la transparencia.
«El Derecho es una condición para el desarrollo. La seguridad jurídica es un factor de competitividad. La integridad fortalece los mercados», ha señalado.
El Tribunal Supremo destaca la importancia de la eficacia real del compliance
Uno de los aspectos centrales de la jornada ha sido la valoración judicial de los sistemas de prevención de delitos.
Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha recordado que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no deriva automáticamente de la comisión de un delito por una persona física, sino que debe examinarse la existencia de deficiencias organizativas y de control.
En este sentido, ha subrayado que no basta con disponer formalmente de un programa de compliance, sino que resulta fundamental acreditar su eficacia real para prevenir y detectar conductas delictivas.
En la mesa redonda, moderada por Julia Durán, responsable de Gobernanza de Iberdrola, también ha intervenido Alberto Alonso Ureba, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos, quien ha defendido una distribución clara de responsabilidades entre el consejo de administración y la dirección empresarial.
Los participantes han coincidido en la conveniencia de adaptar los programas de cumplimiento al tamaño y los riesgos de cada empresa, especialmente en el caso de las pymes.
La jornada también ha puesto de relieve el trabajo del Observatorio de Cumplimiento de la Cámara de Comercio de España, que impulsa la elaboración de un Código de Buenas Prácticas destinado a ofrecer criterios compartidos para empresas y operadores jurídicos.
El Observatorio procede del Grupo de Trabajo de Compliance creado en 2024, presidido por Iberdrola y en el que participan compañías como AENA, Inditex, Banco Santander, CaixaBank, KPMG, Mapfre, Telefónica y El Corte Inglés, entre otras.
