El Colegio de la Abogacía de Madrid reconoce avances en el nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, publicado este jueves en el BOE, pero considera insuficientes las compensaciones económicas previstas para el Turno de Oficio. Eugenio Ribón y Juan Manuel Mayllo reclaman una revisión más amplia que garantice el pago de todas las actuaciones profesionales.
Eugenio Ribón y Juan Manuel Mayllo
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha expresado sus reservas sobre el nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, publicado este 15 de octubre en el Boletín Oficial del Estado. La institución considera que, pese a incorporar algunas modificaciones necesarias, la reforma no resuelve el problema de la insuficiente remuneración de los abogados del Turno de Oficio y puede provocar que determinados procedimientos especialmente complejos resulten peor retribuidos que con el sistema anterior.
La principal preocupación del Colegio se centra en los nuevos módulos económicos establecidos para los procedimientos penales de especial complejidad, así como en el sistema de cálculo de los complementos asociados al volumen de trabajo.
La reforma introduce un módulo específico de 600 euros para estos asuntos, incluidos los tramitados ante la Audiencia Nacional, al que pueden añadirse compensaciones en función del volumen del expediente, las comparecencias y la duración de las vistas.
Aunque el ICAM valora positivamente que se reconozca expresamente la especial complejidad de determinados procedimientos, considera que las cantidades fijadas siguen sin reflejar adecuadamente la dedicación profesional que requieren.
Juan Manuel Mayllo, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de Justicia Gratuita, resume así las contradicciones que, a su juicio, presenta el nuevo sistema: «Han conseguido la cuadratura del círculo: aparentemente se mejora el baremo y, sin embargo, en determinados asuntos podemos terminar cobrando menos».
Del número de folios a los acontecimientos del expediente digital
Una de las modificaciones que introduce el Reglamento afecta a la forma de calcular el volumen de trabajo en los procedimientos judiciales.
El sistema anterior utilizaba el número de folios del expediente como referencia para determinar determinados complementos económicos. Con la nueva regulación, este criterio se sustituye por el número de «acontecimientos» registrados en el expediente judicial electrónico.
El ICAM había reclamado esta adaptación al considerar que el cómputo por páginas resultaba cada vez menos adecuado en un sistema judicial progresivamente digitalizado.
Sin embargo, el Colegio advierte de que la actualización del criterio técnico no garantiza una mejora económica para los profesionales.
«Cambiar los folios por acontecimientos corrige un problema técnico, pero no resuelve el problema económico. Con estas cuantías, muchos asuntos de especial complejidad siguen estando claramente infrarretribuidos», señala Mayllo.
El nuevo modelo establece un complemento de 32,15 euros por cada 250 acontecimientos en los procedimientos de especial complejidad ante la Audiencia Nacional.
Procedimientos de narcotráfico por menos de 1.000 euros
El Colegio utiliza los procedimientos penales de narcotráfico tramitados ante la Audiencia Nacional como ejemplo de las consecuencias económicas del nuevo baremo.
Según explica Mayllo, este tipo de asuntos puede acumular habitualmente entre 2.000 y 3.000 acontecimientos en el expediente electrónico, mientras que determinados procedimientos excepcionales, incluidos algunos vinculados a la Fiscalía Europea, pueden superar ampliamente los 10.000.
Aplicando exclusivamente el módulo inicial de 600 euros y el complemento correspondiente al volumen del expediente, un procedimiento situado entre los 2.000 y los 3.000 acontecimientos supondría una compensación de entre 857,20 y 985,80 euros brutos.
Estas cantidades no incluyen los posibles complementos adicionales por comparecencias o duración de las vistas.
Para el ICAM, el ejemplo refleja el desajuste entre la remuneración prevista y el trabajo que puede exigir la defensa en procedimientos de elevada complejidad técnica y procesal.
El Colegio advierte, además, de que la sustitución del cómputo por folios puede provocar que determinados asuntos obtengan una compensación inferior a la que habría correspondido con el sistema anterior.
Eugenio Ribón reclama una retribución acorde con la responsabilidad profesional
Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, considera que la reforma reconoce formalmente la especial dificultad de determinados procedimientos, pero no traslada ese reconocimiento a una remuneración suficiente.
«Se reconoce que determinados procedimientos requieren una especial dedicación, pero después esa complejidad no encuentra una correspondencia adecuada en la retribución. El resultado sigue estando muy lejos de lo que supone asumir profesionalmente este tipo de asuntos», afirma.
El decano sostiene que el problema no puede resolverse únicamente mediante modificaciones parciales de los baremos, sino que requiere una revisión de la financiación del servicio de Justicia Gratuita.
«No se puede sostener un servicio público esencial sobre baremos que no guardan relación con las horas de trabajo, la preparación, la responsabilidad y la especialización que exige cada asunto», añade Ribón.
La publicación del nuevo Reglamento responde al compromiso alcanzado en febrero de 2026 entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) para tramitar con carácter urgente la reforma.
El ICAM reconoce que algunas de las modificaciones introducidas responden a reivindicaciones anteriores del colectivo profesional, pero insiste en que sigue pendiente una actualización económica más profunda.
Actuaciones profesionales que pueden quedar sin remunerar
Las críticas del Colegio no se limitan a los procedimientos penales de especial complejidad.
La institución considera que continúa sin resolverse uno de los principales problemas del Turno de Oficio: garantizar la remuneración de todas las actuaciones que realizan los profesionales designados.
Entre las situaciones que señala figuran los procedimientos en los que la solicitud de asistencia jurídica gratuita es archivada o denegada, pero el abogado debe continuar con la defensa de la persona afectada.
El ICAM también menciona determinados procedimientos penales en los que se designa a un profesional para asumir la defensa de una persona jurídica y cuya remuneración no queda suficientemente garantizada.
Para el Colegio, estas circunstancias ponen de manifiesto que el sistema sigue sin ofrecer una correspondencia adecuada entre el trabajo efectivamente realizado y las compensaciones económicas previstas.
La institución reclama que cualquier revisión de los baremos contemple no solo la complejidad de los procedimientos, sino también la totalidad de las actuaciones profesionales exigidas durante su tramitación.
El ICAM pide una actualización periódica de los baremos
El Colegio de la Abogacía de Madrid reclama al Ministerio de Justicia una revisión más amplia de los módulos económicos del Turno de Oficio que permita adaptar las compensaciones a la dedicación real de los abogados y evite que las cuantías queden nuevamente desfasadas.
También considera necesario establecer mecanismos de actualización periódica y garantizar la remuneración de todas las intervenciones profesionales realizadas en el marco de la asistencia jurídica gratuita.
«La reforma modifica algunos aspectos que era necesario corregir, pero sigue sin afrontar el problema principal: una financiación adecuada del Turno de Oficio y una actualización periódica de los baremos que evite que los profesionales sigan perdiendo poder adquisitivo», concluye Juan Manuel Mayllo.
La posición del ICAM pone de relieve que, pese a las modificaciones introducidas por el nuevo Reglamento, continúa abierto el debate sobre la financiación de la Justicia Gratuita y las condiciones económicas en las que los profesionales de la abogacía prestan este servicio público.
Para el Colegio madrileño, el objetivo debe ser garantizar que la asistencia jurídica gratuita cuente con una remuneración suficiente y proporcionada a la responsabilidad, la especialización y el tiempo de trabajo que exige cada procedimiento.
