Una jornada del Colegio de Registradores reúne a representantes de la Administración, las fuerzas de seguridad y la Fiscalía para analizar la investigación patrimonial y la conservación de los bienes intervenidos.
Javier Álvarez de Soto; Dulce Clavo; Javier Jesús Martínez; Raquel Ortíz de Pinedo; Mª Rosario Jiménez Rubio, Javier Gómez Gálligo, Javier Morales y Santiago Molina.
El Colegio de Registradores de España ha celebrado este miércoles, 4 de noviembre, una jornada sobre recuperación de activos en la que se han examinado las dificultades para identificar patrimonios ocultos, asegurar los bienes y evitar que pierdan valor durante los procedimientos. El encuentro ha puesto el foco en la cooperación institucional y en el acceso a la información registral como herramientas para mejorar la eficacia de las investigaciones.
La decana-presidenta, Rosario Jiménez Rubio, ha reivindicado la contribución de los registradores para reconstruir estructuras patrimoniales, identificar titulares y aportar seguridad jurídica a las actuaciones sobre los bienes.
A su juicio, la eficacia de la Justicia también debe medirse por su capacidad para impedir que los beneficios ilícitos permanezcan en manos de quienes los obtuvieron o vuelvan a la economía bajo una apariencia de legitimidad. «La seguridad jurídica y la eficacia de la Justicia no son objetivos contrapuestos, sino dos exigencias que se refuerzan mutuamente», ha señalado.
Agilizar el acceso a la información patrimonial
La jornada, titulada La recuperación de activos en el marco de la nueva Ley de Integridad y Garantías, se ha organizado en dos mesas dedicadas a la investigación y a la gestión del patrimonio.
En la primera se han abordado los obstáculos para determinar quién controla los bienes ocultos tras entramados societarios y testaferros. Los participantes han destacado la necesidad de agilizar la consulta y el tratamiento de la información para asegurar los activos antes de que puedan ocultarse o transmitirse.
Entre los trabajos expuestos figuran la colaboración con el Colegio para facilitar solicitudes masivas de documentación y la automatización de su incorporación a los informes patrimoniales.
Durante el debate también se ha defendido, como propuesta para reforzar la identificación de los titulares de sociedades, la inscripción constitutiva de las transmisiones de participaciones sociales en el Registro Mercantil.
La mesa, moderada por Santiago Molina Illescas, director del Centro de Estudios Registrales, ha contado con representantes de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), la Policía Nacional, la Guardia Civil y el ámbito registral.
Conservar el valor de los bienes intervenidos
La segunda mesa ha analizado cómo evitar que la duración de los procedimientos comprometa el valor de los activos y dificulte su recuperación.
Las intervenciones han destacado la colaboración entre la ORGA y los registradores para realizar el seguimiento de las anotaciones y promover sus prórrogas, así como para facilitar la venta y adjudicación de bienes.
También se ha planteado la posibilidad de adoptar medidas provisionales de protección patrimonial sujetas a posterior control judicial. En relación con el delito fiscal, los participantes han señalado mejores resultados recaudatorios cuando las actuaciones de cobro comienzan durante el procedimiento penal, frente a su aplazamiento hasta la ejecución de la sentencia.
Moderada por Raquel Ortiz de Pinedo Fernández, la sesión ha reunido a Eva Ferrus García, subdirectora general de Conservación, Administración y Realización de Bienes; Fernando Rodríguez Rey, fiscal de sala coordinador de Delitos Económicos; y Javier Álvarez de Soto, director del Centro Registral Antiblanqueo.
La apertura del encuentro ha corrido a cargo de Dulce Calvo González-Vallinas, directora de Asuntos Europeos del Colegio, quien ha subrayado la utilidad de la información registral para localizar activos, conocer su situación jurídica y facilitar la ejecución de medidas judiciales.
