Civita Legal nace con el propósito de ser un referente en la implantación de modelos de transparencia y el buen gobierno corporativo en entidades públicas. Este proyecto pionero ofrece una solución integral con una metodología propia para ayudar a que las entidades públicas en España cumplan con las obligaciones de transparencia de manera eficiente y eficaz, reforzando la confianza de la ciudadanía a través de la mejora de los protocolos de comunicación.
Con independencia del tamaño, Civita Legal pone a disposición de las administraciones locales un robusto protocolo de transparencia, un conjunto de servicios que promueven el autocontrol en los procesos internos y aseguran una correcta contratación y prestación de servicios. Además, su modelo incluye el desarrollo de líneas de comunicación social efectivas, orientadas a reforzar la relación entre los ayuntamientos y la ciudadanía.
Civita Legal es un proyecto de colaboración conformado por un equipo altamente cualificado de profesionales: Vanesa Fernández, abogada especialista en Compliance, Iñaki Iribarren, abogado especialista en litigación, Jorge Iribarren también especialista en litigación, Erika Torregrosa, especialista en diplomacia corporativa y asesora en instituciones públicas y Francisco Javier Orduña Moreno, catedrático de Derecho Civil y exmagistrado del Tribunal Supremo, quien destaca por su experiencia en la promoción de la transparencia como una herramienta esencial para la buena gobernanza.
Vanesa Fernández destaca: “Es un proyecto ilusionante que pretende ayudar y contribuir a una necesidad que demanda la ciudadanía, una mayor transparencia en el sector público para un mejor acceso a la justicia y para que las instituciones públicas recuperen y ganen credibilidad institucional.”
Por su parte Francisco Javier Orduña Moreno, añade: «La transparencia, más que un ideal abstracto, se ha convertido en un compromiso tangible que fortalece la buena gobernanza y la autenticidad en la relación con la ciudadanía».
En cuanto a la metodología de Civita Legal, esta comienza una auditoría para evaluar el cumplimiento normativo y detectar áreas de mejora en transparencia y buen gobierno. A partir de ahí, se diseña e implementa un Protocolo Marco de Transparencia, que establece procedimientos abiertos y accesibles para fortalecer la confianza ciudadana, teniendo en cuenta los procesos de comunicación con el ciudadano, donde se releja el acceso a la información clave para la transparencia.
El equipo ofrece asesoramiento jurídico para garantizar la correcta aplicación del protocolo y el cumplimiento de la normativa vigente, adaptándose a las necesidades actuales de la población. Además, se imparte capacitación a empleados y cargos públicos en ética, buen gobierno y transparencia, promoviendo prácticas responsables en todas las áreas municipales.
