Carmen Giménez Cardona, Decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid
Nos encontramos en un momento judicial muy controvertido. Por una parte, se entiende que la nueva organización judicial y su tecnificación va a permitir que la justicia avance en la consecución de una mayor eficiencia y eficacia, y por otro, nos enfrentamos a los retos de adoptar un nuevo modelo, sin medios ni muchas inversiones a corto o medio plazo.
Los intentos por incrementar las plantillas de jueces, letrados de la administración de justicia y funcionarios, resultan, a todas luces, insuficientes para conseguir que la tramitación y resolución de los procedimientos se hagan en unos tiempos más cortos que en la actualidad. La implantación de los tribunales de instancia, aunque necesaria, ha puesto de manifiesto las carencias y problemas que muchos profesionales del derecho conocían, pero que se diluían dentro de un modelo decimonónico y encorsetado.
La introducción de la necesidad de los MASC, aunque ha reducido el número de procedimientos nuevos, no ha conllevado, terminar con una pendencia insoportable que difícilmente la justicia con los medios que cuenta puede asumir. La nueva organización judicial presenta un modelo más ágil, pero todavía no muestra resultados, ya que sobre los órganos judiciales pesan cargas de trabajo difíciles de asumir.
Los profesionales del Derecho asistimos, con una gran confusión, a una realidad que no hemos vivido nunca. Éramos conscientes de los problemas de la administración de justicia, pero nunca creímos que se produjera una situación como la actual con funcionarios que se debaten ante una nueva organización que pone el acento en el reparto de cargas de trabajo, pero que no pueden asumir por falta de personal, letrados de la administración de justicia que prestan servicios en varias plazas a la vez y jueces que sienten haber perdido el control de los procedimientos que han de resolver.
Mientras los profesionales ponemos nuestro empeño en que nuestros clientes obtengan una respuesta, muchas veces, lenta a sus pretensiones. Nos cuesta explicar a los clientes por qué demandas presentadas hace meses ni siquiera han sido admitidas a trámite o por qué se señalan juicios en el año 2030. Todo ello repercute en la marcha de los despachos y en el prestigio de unos profesionales que, aunque no se lo crean, ponen todo su empeño en que el procedimiento avance, porque sabemos que una justicia lenta, no imparte justicia.
Sin embargo, nos encontramos con una política constante que tiende a introducir las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, en un intento real de agilizar la justicia. No dudamos de que la digitalización puede ser un incentivo para conseguir una tramitación procedimental más ágil, pero no todo radica en apostar por un expediente electrónico o en que determinados trámites se automaticen. En primer lugar, porque para su implantación real se requiere de la realización de muchas acciones complementarias por distintos agentes que permiten que tengan el efecto deseado y que, en la mayor parte de los casos, no se producen al tiempo. Por otro lado, requiere que los medios humanos y materiales, se desarrollen de forma homogénea, con adaptación de los sistemas de gestión procesal y con el esfuerzo para que los funcionarios dispongan de la formación necesaria para utilizar todos estos medios. Desgraciadamente, la adaptación no se produce de forma uniforme y en justicia hasta cualquier novedad técnica está debidamente implementada, pasa mucho tiempo. Mientras tanto, el ciudadano padece retrasos que le provocan graves perjuicios.
En definitiva, no se pretende, sin más, criticar el nuevo modelo organizativo, sino poner de manifiesto que antes de su implantación, se tendrían que haber atendido a muchos de los problemas que acuciaban a la Administración de Justicia. La adaptación a los nuevos tiempos pasa por acometer reformas, ya que para conocer las bondades de un nuevo sistema no basta con enunciarlas, resulta necesario ponerlas en práctica. Para el buen funcionamiento de los nuevos tribunales de instancia se deberían haber tenido en cuenta los problemas reales que se producen en el ámbito de su implantación, para que la respuesta al ciudadano sea la correcta. Esperemos que el tiempo permita confirmar que los tribunales de instancia son la organización judicial que requiere la justicia española del siglo XXI, una vez que se hayan resuelto las muchas cuestiones que afectan a su buen funcionamiento.
