El plenario del Consell de l’Advocacia Catalana en el que, en resumen, se defiende mantener la obligación de intentar un MASC antes de acudir a juicio también en los procedimientos de familia. Se trata de un manifiesto institucional en el que se reivindica la cultura del acuerdo, defiende el papel de la abogacía en la resolución negociada de conflictos y alerta de los riesgos de excluir el Derecho de Familia del nuevo modelo impulsado por la Ley Orgánica 1/2025.
El manifiesto institucional es en defensa de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) y del mantenimiento del requisito de procedibilidad previsto en la Ley Orgánica 1/2025, que establece la necesidad de intentar una vía de resolución extrajudicial antes de interponer determinadas demandas ante los tribunales. Este pronunciamiento llega en un momento en el que se ha abierto un debate jurídico a raíz de diferentes posicionamientos que plantean la conveniencia de excluir los procedimientos de Derecho de Familia de esta obligación previa, especialmente en aquellos casos en los que existen menores implicados. Ante este escenario, la Abogacía Catalana ha querido fijar una posición clara y argumentada en defensa del nuevo modelo.
En el documento aprobado, el Consejo reivindica que la capacidad negociadora forma parte de la esencia histórica de la profesión de abogado y abogada, recordando que cerca del 72% de los procedimientos de separación y divorcio se resuelven actualmente por la vía del mutuo acuerdo, un dato que evidencia que la cultura del pacto y la resolución consensuada de conflictos forma parte de la práctica habitual de la profesión. El manifiesto pone también en valor la tradición jurídica catalana en mediación y resolución alternativa de conflictos, recordando que Catalunya ha sido pionera en este ámbito tanto desde el punto de vista legislativo como institucional, y subraya la implicación histórica de los colegios de la abogacía catalana en la promoción de los ADRs, la mediación, el arbitraje y la abogacía colaborativa.
En relación con los procedimientos de Derecho de Familia, el Consell sostiene que precisamente este tipo de conflictos constituye uno de los ámbitos donde los mecanismos de resolución consensuada pueden desplegar mejor todo su potencial, especialmente cuando existen niños, niñas o adolescentes implicados y cuando resulta imprescindible preservar relaciones personales futuras entre las partes. La Abogacía Catalana considera que eliminar esta exigencia en el ámbito familiar sería un error, y recuerda que la propia normativa ya prevé excepciones para aquellos supuestos urgentes o especialmente sensibles, evitando así que el requisito de procedibilidad pueda convertirse en un obstáculo para garantizar la tutela judicial efectiva.
A través del manifiesto, el Consell reclama también una aplicación homogénea de los criterios judiciales en todo el territorio, una mayor agilidad de las administraciones en la designación de profesionales ADR y reforzar la formación especializada de los operadores jurídicos para garantizar una implementación eficaz del nuevo modelo.
Con este pronunciamiento, el Consell de l’Advocacia Catalana reafirma el compromiso de la profesión con una justicia más moderna, eficiente y orientada al diálogo, y defiende que la consolidación de los MASC representa una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más madura en la gestión de conflictos y menos dependiente de la judicialización sistemática.
El manifiesto aprobado ha sido reimitido a las instituciones competentes, entre ellas el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlament de Catalunya.