La firma aporta su experiencia en asesoramiento legal, fiscal y empresarial en un momento marcado por los retos regulatorios y la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas

Josep Sánchez Libre, presidente de Foment, y Enrique Azorín, presidente de BDO Abogados

Foment del Treball sigue incorporando organizaciones de referencia del mundo empresarial con la adhesión de BDO Abogados, una de las principales firmas internacionales de servicios profesionales, con una amplia trayectoria en el ámbito del asesoramiento legal, fiscal, financiero y de negocio.

La llegada de BDO Abogados refuerza el ecosistema de conocimiento de la patronal en un contexto en el que las empresas deben afrontar un entorno normativo cada vez más complejo, marcado por nuevos requerimientos regulatorios, fiscales y de cumplimiento normativo.

En la reunión de incorporación han estado presentes, por parte de Foment del Treball, su presidente, Josep Sánchez Llibre, y el secretario general, David Tornos; y, por parte de BDO Abogados, Enrique Azorín, presidente; Adolfo Soria, socio del área legal; Àngel Serret, director del departamento de Derecho Público y Urbanismo, y Jordi Torras, socio del área de Outsourcing de la oficina de Barcelona.

Josep Sánchez Llibre ha destacado que, “la incorporación de BDO Abogados aporta una visión experta sobre aspectos fundamentales para la competitividad empresarial, como la fiscalidad, la seguridad jurídica, el cumplimiento normativo y la eficiencia de las organizaciones”.

Por su parte, Enrique Azorín ha subrayado la importancia de “trabajar conjuntamente con las organizaciones empresariales para contribuir a generar un entorno más favorable para la actividad económica y la toma de decisiones de las empresas”.

Con una presencia consolidada en Cataluña y un reciente proceso de expansión de sus oficinas en Barcelona, BDO Abogados se ha posicionado como uno de los principales actores en el asesoramiento a empresas e instituciones. La firma participa activamente en el análisis de los retos que afectan a la competitividad empresarial, entre los que destacan los costes de cumplimiento normativo y fiscal, la simplificación administrativa y la seguridad jurídica.