La AEAFA pide a los grupos parlamentarios que respalden la reforma de la Ley Orgánica 1/2025 planteada por el PNV y advierte de que la negociación previa obligatoria está retrasando decisiones sobre alimentos, custodia, visitas o escolarización
La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha reclamado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que apoyen la proposición de ley destinada a eliminar la obligatoriedad de acudir previamente a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en aquellos procedimientos de Familia en los que estén afectados derechos de menores.
La iniciativa, presentada por el PNV y que se somete este martes a consideración del Congreso, plantea modificar la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La propuesta cuenta, según la AEAFA, con el respaldo de la abogacía especializada en Derecho de Familia.
La asociación sostiene que la aplicación obligatoria de los MASC como requisito previo para acudir a los tribunales está provocando retrasos especialmente problemáticos cuando deben resolverse cuestiones que afectan directamente a los menores.
«Miles de niños y niñas de este país y sus familias están pendientes de una decisión que afecta a cuestiones vitales de sus vidas, como la fijación de la pensión de alimentos o la posibilidad de ver a su padre y a su madre. No podemos fallarles», ha señalado la presidenta de la AEAFA, Lola López-Muelas, quien ha pedido a los partidos que alcancen un acuerdo sobre esta cuestión.
La posición de la asociación no supone un rechazo general a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La AEAFA se declara partidaria de fomentar la negociación, la colaboración y el diálogo, pero considera que su obligatoriedad no resulta adecuada en determinados procedimientos de Familia en los que el tiempo constituye un elemento esencial para proteger el interés superior del menor.
Alimentos, visitas, colegio o tratamientos médicos
Entre las situaciones que la asociación considera especialmente afectadas se encuentran las discrepancias entre progenitores sobre la elección o cambio de centro escolar, cursos en el extranjero, expedición del pasaporte, determinados tratamientos médicos o psicológicos o decisiones relacionadas con viajes.
La AEAFA sostiene que el cumplimiento de los plazos exigidos para acreditar el intento previo de negociación puede hacer que algunas decisiones judiciales lleguen demasiado tarde. También advierte de retrasos en la adopción de medidas provisionales relacionadas con el uso de la vivienda familiar, la custodia, las pensiones de alimentos o el régimen de visitas.
Otro de los problemas señalados afecta a los procedimientos de Familia con elementos internacionales. En estos casos, la asociación recuerda que el momento de presentación de una demanda puede resultar determinante para establecer qué tribunales son competentes. La obligación de realizar previamente un MASC puede, a su juicio, colocar a quien pretende acudir a los tribunales españoles en una posición de desventaja frente a una demanda presentada antes en otro país.
La organización añade un argumento económico: considera que la fase previa obligatoria puede incrementar el coste del procedimiento al exigir una negociación o mediación anterior al proceso judicial sin que exista garantía de acuerdo.
La modificación de la Ley Orgánica 1/2025
La proposición impulsada por el PNV pretende modificar el artículo 5.3 de la Ley Orgánica 1/2025 para incorporar entre las excepciones al requisito de acudir previamente a un MASC las demandas de separación, divorcio y nulidad matrimonial, así como las relativas a medidas paternofiliales, medidas cautelares, medidas provisionales previas y modificación de medidas cuando estén afectados derechos de menores.
La reforma mantendría asimismo otras excepciones previstas para procedimientos como las demandas ejecutivas, el exequátur, determinadas diligencias preliminares y algunos expedientes de jurisdicción voluntaria.
La AEAFA ya ha trasladado sus objeciones sobre la aplicación de los MASC en estos procedimientos tanto al Defensor del Pueblo como a los grupos políticos. Ahora confía en que la tramitación parlamentaria permita introducir una excepción específica para los asuntos de Familia con menores, algo que considera compatible con mantener y fomentar los mecanismos negociados en aquellos conflictos en los que puedan resultar adecuados.
