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Jurar en arameo
MADRID, 09 de ENERO de 2012 - LAWYERPRESS
 

Las personas con discapacidad, un 10% de la población, tienen nominalmente los mismos derechos que el resto, pero el contenido de estos no les llegan con el alcance e intensidad que garanticen por su parte un ejercicio pleno. Esta aseveración, sustancialmente cierta, no lo es siempre, al menos no en relación con el derecho básico de acceso a la Justicia. A saber, en nuestro país no solo materialmente, sino tampoco formalmente, las personas con discapacidad gozan de iguales derechos. Basta fijarse en la institución del tribunal del jurado y en su regulación legal, que excluye todavía hoy a las personas con discapacidad, por no ser idóneas para el desempeño de esta función.
Como en otras esferas de la vida, en la judicial, no se acepta la diferencia, aquello que se aparta del canon de normalidad, porque no se conoce ni por ende sabe gestionar; se teme que introduzca incertidumbre, que altere el orden establecido, que perturbe el funcionamiento acostumbrado, que trastoque los ritos y las rutinas. Las personas con discapacidad portan esa nota de diversidad que las hace incómodas a los sistemas rígidos. Se opta por la solución fácil: se las aparta antes siquiera de haber intentado incluirlas en circuitos que, ciertamente, no estaban concebidos en origen para contar con ellas, pero que serían más vastos y mejores si se sometieran a la prueba de atender a la diversidad y de darle una respuesta admisible.
Esto pasa con la reglamentación del Jurado en España. En lugar de aceptar sin restricciones a las personas con discapacidad como miembros del tribunal del Jurado, proporcionando la propia Administración de Justicia los apoyos precisos para que este desempeño sea factible, se les excluye de plano. Muerto el perro, se acabó la rabia.
Pero la rabia persiste, y perdura en forma de contestación y resistencia del movimiento social de la discapacidad a una reglamentación normativa que no puede mantenerse por mucho tiempo. Hace unas semanas, el Gobierno y el grupo mayoritario que lo sostiene, tumbaron una iniciativa parlamentaria, una proposición de ley, apoyada por toda la oposición, que tenía como objeto modificar la vigente Ley del Tribunal del Jurado para que esta práctica excluyente respecto de la discapacidad cesara. Por razones incomprensibles, el Ejecutivo no quiso dar carta de naturaleza a una propuesta justificada. Invocó difusos y confusos motivos que sonaron a excusa deslavazada para no afrontar una modificación legal inaplazable. La discapacidad nunca es un asunto prioritario, y los derechos humanos de estas personas pueden esperar, debieron pensar en la calle de San Bernardo. Y entre tanto, mientras viene la ocasión, a las personas con discapacidad nos queda el consuelo de jurar en arameo, que es la forma de expresar, aunque sea de forma ininteligible, una ira demasiado tiempo contenida.

Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

www.cermi.es


 





 


 

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