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La Plataforma Justicia para Todos lamenta que Gallardón se niegue a dialogar con todos los colectivos jurídicos y sociales e ignore el clamor popular que suponen más de 350.000 firmas de ciudadanos en contra de las tasas
La Plataforma Justicia para Todos, integrada por el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y cinco organizaciones sindicales (CCOO, UGT; CSI-F, USO y STAJ), ha aprobado por unanimidad apoyar la convocatoria de huelga de las asociaciones de jueces y fiscales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional de Fiscales, que tendrá lugar mañana 20 de febrero. Los miembros de la Plataforma también se adhieren a las concentraciones convocadas para este miércoles por los sindicatos rechazando un modelo de Justicia impuesto y no negociado, contra la privatización del servicio público de la Justicia y del Registro Civil, contra la Ley de Tasas y contra otras medidas improvisadas y oportunistas que están provocando el desbaratamiento de la Justicia. Abogacía, consumidores, sindicatos y funcionarios comparten y valoran las recomendaciones de la Defensora del Pueblo al Ministerio de Justicia sobre la Ley de Tasas, de vital importancia por la afectación de los derechos y libertades de los ciudadanos. Para la Plataforma, estas recomendaciones evidencian –claramente- razones inexcusables para presentar inmediatamente el recurso de inconstitucionalidad. Además lamentan las palabras del Ministro que ha aceptado en horas lo que ha rechazado durante meses, negándose a dialogar con todos los colectivos jurídicos y sociales, en una unión sin precedentes, e ignorando el clamor popular que suponen más de 350.000 firmas presentadas por los ciudadanos contra la Ley de Tasas. La Plataforma Justicia para Todos, a la espera de conocer alguna concreción sobre la decisión del Ministerio de Justicia, conmina a la derogación o reforma sustancial de la Ley de Tasas a través del mecanismo jurídicamente oportuno, para restablecer la tutela de los derechos de los ciudadanos y, en todo caso, excluir a las personas físicas del pago de unas tasas desproporcionadas e injustas.
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