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NOTICIAS de los Colegios de Abogados de España
A juicio de Martín Aleñar, la reducción prevista es totalmente insuficiente y se limita únicamente a la parte variable de algunas tasas, obviando unas cuantías fijas que, en algunos casos, son desorbitadas
El decano del ICAIB considera que el mantenimiento de tasas en los recursos del orden social se aleja de la realidad del mercado laboral laboral español y de la grave destrucción de empleo que se deriva de la situación de crisis
El ICAIB se alinea con la postura de la Abogacía Española en el sentido de que la modificación no resuelve el ataque contra el derecho de acceso a la Justicia que ha supuesto la aprobación de la Ley de tasas
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), Martín Aleñar, ha calificado hoy de “brindis al sol y de absolutamente insuficientes” las modulaciones a la baja de las tasas judiciales que según comunicó ayer la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, estaría dispuesto a llevar a cabo el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. A juicio del decano, la mayor parte de las propuesta realizadas al respecto por el titular de Justicia, siempre según el comunicado que hizo público ayer la Defensora del Pueblo, se limitan a reducir la parte variable de las tasas, pero no la cuantía fija que, asegura, en algunos casos resultan absolutamente desproporcionadas, sobre todo en los recursos, y que, de hecho, está impidiendo ya a muchos ciudadanos la defensa en los tribunales de aquello que creen justo. Martín Aleñar considera que Justicia se ha quedado a medio camino en la aceptación de las recomendaciones realizadas por la Defensora del Pueblo que, aun así, ayer anunció que no recurrirá la ley de tasas ante el Tribunal Constitucional. En este sentido, ha ejemplificado, el ministro no ha atendido la sugerencia realizada por Soledad Becerrril en el sentido de que sería conveniente eximir al orden social del pago de tasas en los recursos de suplicación y casación, y se ha limitado a a reducir únicamente la cuantía de la tasa variable, eso sí, en un 80%. Algo que Martín Aleñar considera completamente alejado de la realidad del mercado de trabajo y de la grave situación de crisis que vive nuestro país, caracterizada por elevados índices de destrucción de empleo. “Con una tasa de paro que en 2012 superó el 26%, ¿cómo puede pretenderse que recurrir una decisión en el orden laboral cueste, como mínimo, 500 euros?”, se pregunta el decano de los abogados de Baleares. Por todo ello, el ICAIB se alinea con la postura del Consejo General de la Abogacía Española en el sentido de que la modificación no resuelve el ataque contra el derecho de acceso a la justicia que ha supuesto la aprobación de las tasas judiciales por lo que, asegura el CGAE, procede la inmediata derogación de la orden ministerial de desarrollo de la ley de tasas, con la consiguiente suspensión de su aplicación y la apertura de un periodo de negociación con todos los operadores jurídicos.
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