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Aunque tienen análoga procedencia etimológica, el mundo virtual no es siempre y en la misma medida un mundo virtuoso. Si confinamos lo virtual, como se entiende tan extendidamente hoy, a lo digital, a ese universo paralelo tan inmaterial como, paradójicamente, tan real y efectivo, este desajuste es particularmente ostensible a propósito de las llamadas redes sociales. Esa arborescencia digital inmoderada que amenaza con tupir el orbe, que nos conecta pero que está por ver que nos vincule, no es siempre virtuosa, no se comporta rectamente, con las diversidades humanas. Aquellas, como las personas con discapacidad, que se apartan del canon de normalidad impuesto, corren el riesgo de quedar fuera de la red de redes, porque esta misma no está concebida en términos de apertura e inclusión. Sí, las redes sociales, ese espacio vacío, que no vacuo, en que se prodigan con preferencia a ningún otro las relaciones humanas en estos días, no terminan de admitir a las personas con discapacidad -con determinadas discapacidades, para ser más precisos- porque su arquitectura tecnológica no fue proyectada para que dichos individuos puedan hacer uso pleno de su potencialidad relacional. A pesar de que no hay motivo justificable para que algo tan reciente no hubiera surgido “ab initio” enteramente accesible y usable, la realidad es muy otra. Las redes sociales son generalizadamente inaccesibles para ciertos grupos de personas con discapacidad. Para acabar con este estado de cosas, que comporta una severa exclusión para las personas con discapacidad en sus derechos de acceso a los bienes sociales, y estos son actualmente de primera magnitud y también de primera necesidad, el movimiento asociativo de la discapacidad articulado en torno al CERMI ha promovido una innovación normativa que acaba de entrar en vigor, y que ya es aplicable a las redes sociales operativas en España. Se trata de que por mandato legal –en virtud de una modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información producida en el año 2011–, las redes sociales tienen la obligación jurídica de ser accesibles a las personas con discapacidad. Este deber sobrevenido, con inicio el 1 de enero de 2013, se dirige a las compañías operadoras que sobre la marcha han de adoptar y poner en práctica aquellas medidas que reviertan esta situación de inaccesibilidad de las redes sociales. No hay precedente normativo sobre este extremo en ningún otro país, y España será pues el campo en que se librará esta insólita batalla entre la apertura y la cerrazón a la diversidad. Las redes sociales van a ser objeto de una redada legal que busca menos detenerlas cuanto liberarlas. De lo vicioso a lo virtuoso en un “click”. Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
www.cermi.es
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