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Por Belén Arribas, Abogada de Monereo Meyer Marinel-lo Abogados
El Bundestag alemán ha aprobado la llamada “Lex Google”, que obligaría a Google y otros agregadores de noticias a pagar a por el uso de noticias y contenidos a las editoriales. Hace unos meses hablábamos de este proyecto de ley alemán, que será en breve realidad cuando complete el trámite parlamentario en el Bundesrat. Los motores de búsqueda como Google, Bing o Yahoo, tendrán que pagar a los editores de ese país por mostrar sus titulares en los resultados de búsquedas de noticias. Lo que no está claro es el cómo. Esta ley, cuyas dificultades de tramitación adivinamos en razón de la generalidad y vaguedad del texto final y por la justa mayoría por la que fue aprobada –razón por la que algunos medios han calificado el texto de “descafeinado”- en realidad no establece el modus operandi a que deberán de obedecer dichos pagos. Tampoco se concreta si los llamados “snippets”, breves resúmenes o titulares de artículos, serán o no retribuidos. En el proyecto de ley se contemplaba que los mismos quedaran sujetos a pago; sin embargo, el tenor de la ley aprobada excluye el pago de “palabras sueltas o extractos mínimos”, lo cual, aún no definiendo la extensión de estos fragmentos, podría constituir a priori una vía de escape del pago por ese concepto para los agregadores de noticias. Por consiguiente, se crearía así una fórmula complementaria de copyright en virtud de la cual los periódicos cobrarían por una especie de licencia de uso de contenidos y materiales, sujetos a derechos de autor. Ahora bien, cómo las editoriales puedan facturar y cobrar por estos contenidos, no queda definido. De hecho, la Asociación Alemana de Editores de Diarios (BDZV) valora la ley como “un primer paso” pero no ven claro cómo instrumentar en la práctica los pagos o los cobros. Una vía posible podría ser mediante la creación de una entidad de gestión – a modo, por ejemplo, de la SGAE en España- de estos derechos. A partir de aquí, evidentemente, todos se apuntan. El sindicato de periodistas ha pedido ya compartir los ingresos y que las editoriales repartan a los redactores al menos la mitad de lo que ingresen por este concepto. Petición que se nos antoja un brindis al sol ya que supondría, a nuestro juicio, una doble remuneración del trabajo de los periodistas cuyo salario ya remunera sus escritos y contenidos creados para la editorial. En el trasfondo, los diversos intereses en presencia, que se manifestarán en los próximos días con afirmaciones tipo “ supone la muerte de la información en Internet”, “el final de la cultura gratis” o, por el contrario, “regulación equilibrada y justa”, como habíamos visto hace unos meses, dependiendo de en qué lado estén. Independientemente de con qué parte se esté, se trata de una ola que está pasando y pasará por gran parte de Europa y otros países, como Brasil. Recordemos que los tribunales belgas ya condenaron en diversas sentencias a pagar a Google por estas actividades; en Francia, hace sólo unas semanas, se alcanzó un acuerdo por el que Google pagaría 60 millones de € para financiar una iniciativa en apoyo de la prensa escrita para facilitar la “transición digital”. En España, la AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles) ya ha pedido al Gobierno que introduzca un gravamen a los buscadores de Internet en una futura reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y estará bien atenta a los desarrollos en este ámbito. Dicho lo anterior, no es éste el único reto al que se enfrentan los “gigantes de Internet” en Europa. Estos meses se está tramitando el proyecto de reforma de la legislación de protección de datos, que modificará la Directiva en la materia, que data de 1995, y los lobbies que representan a estos players así como otras compañías tecnológicas en distintos países están presionando a la Comisión Europea para que apruebe una regulación que sea más “light” que la prevista en el Reglamento – de aplicación directa en todos los Estados miembros, recordemos- cuyo proyecto se dio a conocer en enero de 2012. Desde ciertos países se aboga, en concreto, en dejar cierto margen de maniobra en la implementación final en cada Estado. Alemania y Bélgica reclaman que la legislación sea menos estricta cuando se trate del uso de datos personales por parte de la administración; Reino Unido pide más flexibilidad en la aplicación local en cada Estado. El Financial Times viene haciendo de altavoz a unas y otras recomendaciones. Por otro lado, es de tener en cuenta que la reforma llega no sólo por la necesaria adaptación a las nuevas circunstancias y desarrollos tecnológicos que se suceden a ritmo de vértigo desde la aprobación de la primera regulación, sino también y de manera muy significativa, precisamente para atender la reclamación de muchas empresas, pymes europeas y también multinacionales, de la necesidad de acabar con la dificultad y coste desproporcionado que supone cumplir con este mosaico normativo constituido por una ley diferente en cada uno de los 27 Estados. En los próximos meses - se supone que en el mes de junio verá la luz un primer texto- veremos qué fórmulas de compromiso se adoptan para atender las diferentes necesidades.
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