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Por Rafel Audivert, Abogado Partner en Roca Junyent
La crisis que vivimos es sistémica y estructural. Es una crisis derivada de un modelo de crecimiento obsoleto que hace necesario que se implanten modelos cuyo eje fundamental sea el del crecimiento sostenible, respetuoso con el entorno, y capaz de crear estructuras sociales y económicas sólidas, y que sean un factor de desarrollo de presente y futuro. Esta nueva economía debe ser ecológicamente racional, ecoeficiente e inclusiva, incidiendo en la producción, en el consumo, distribución, uso del suelo, movilidad, turismo, ocio o en cualquier otro sector ya que se trata de políticas transversales no ceñidas a un concepto ambiental cerrado. Sin duda, existirán discrepancias entre el modelo que sea preferible en esta nueva economía, ya que pueden coexistir diversos, adaptados por supuesto a las singularidades de cada región y a aquellos otros factores –sociales, políticos y económicos- que geográficamente puedan condicionar la misma. Pero en lo que sí existe coincidencia es en el hecho de que una menor dependencia de los combustibles fósiles –excepto en el caso del gas natural, recurso “estrella” con las nuevas técnicas de extracción-, con reducción del consumo energético y una adecuada proyección en la utilización de materiales conllevará un nuevo modelo de crecimiento mucho más respetuoso con el entorno, además de ser un factor de crecimiento por la potente y necesaria transformación en lo que algunos de se han atrevido a calificar como una nueva revolución industrial. Asimismo, corrientes como el “cradle to cradle”, es decir, que todo tiene su funcionalidad y nada debe ser desechado de forma gratuita sin que tenga una utilidad y sentido posterior en forma análoga al propio funcionamiento de la naturaleza, se van consolidando por el momento en un orden más bien conceptual, que no práctico o de mercado. Crecimiento económico verde El impacto del crecimiento económico “verde” es evidente. Según PNUMA, en su informe de 2011 “Hacía una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”, la apuesta por la economía verde requiere de una inversión que se estima del 2% del PIB mundial, es decir entre 1 y 2,6 billones de dólares anuales, en diez sectores fundamentales: agricultura, construcción, energía, pesca, silvicultura, industria, turismo, gestión de residuos y agua Por tanto, este nuevo modelo deberá ser, sin duda alguna, un factor de crecimiento y desarrollo en términos nunca vistos hasta la fecha, ya que es la transformación de todos los sectores mencionados hacia un consumo responsable y coherente con los recursos naturales y limitados de que disponemos. Con la consiguiente especialización profesional en cada uno de dichos sectores que debe tener un impacto formativo favorable y de creación de empleo. Ello contribuirá, según PNUMA, a la mejora del bienestar común, a la equidad social, y a la reducción de los riesgos ambientales y la escasez ecológica. En este nuevo contexto que debe llevar a un nuevo sistema de organización y estructura social, el llamado sector de las energías renovables juega un rol de primer nivel. Según la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible, en las conclusiones de la cumbre celebrada en Río de Janeiro el 20-22 de junio de 2012, se define el desarrollo energético sostenible como una prioridad para el bienestar contribuyendo a erradicar la pobreza, mejorar la calidad de vida, y contribuir a luchar contra el cambio climático. Además, como hemos dicho, de ser un mecanismo de crecimiento sostenible. A modo de ejemplo en atención al impacto económico, las inversiones en fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles han aumentado las inversiones un 32% en 2010 y un 17% en 2011. Y durante este año, el 70% de la nueva potencia instalada en la Unión Europea fue renovable, generándose auténticos records de consumo eléctrico procedente de fuentes renovables de forma continua. En este marco, según un reciente artículo publicado por ecoticias.com “Economía verde y empleo”, durante el decenio pasado se crearon más de 100.000 empleados derivados del desarrollo de estas fuentes de energía en nuestro país. En este marco PNUMA y OIT estiman que en 2030 las energías renovables generarán más de 20 millones de empleos, siendo el cálculo para España de unos 125 mil empleos adicionales a los ya existentes. Régimen jurídico . Ello si el régimen jurídico que ha permitido que nuestro país sea líder en esta materia permite un marco estable y adecuado para generar inversión. Recordemos que la actividad de generación eléctrica viene definida en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. Y en lo que se refiere a las instalaciones fotovoltaicas y su régimen de retribución debemos tener en cuenta lo previsto en el Real Decreto 1578/2008 de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. Se opte por un modelo “primado” o no, el mismo debe ofrecer la suficiente seguridad jurídica no sólo a las instalaciones ya en funcionamiento sino también a los posibles polos de inversión que se puedan generar. No parece que contribuya a ello el Real Decreto Ley 2/2013, de 1 febrero (ratificado por el Congreso de los Diputados en fecha 14 de febrero) que nuevamente modifica el régimen económico aplicable a las actividades inscritas en el Régimen Especial. A partir de la entrada en vigor del mismo se diluye el sistema de primas por el que podían optar los titulares de actividades inscritas en el Régimen Especial, lo cual genera confusión adicional a la crisis que ya vive este sector. Pese a la lógica de una medida en lo que tendría que ser un mercado totalmente liberalizado y abierto a la libre y pura competencia, los vaivenes normativos sin una definición clara del modelo a seguir contribuyen a generar un clima de inseguridad jurídica que ahuyenta la inversión hacia otros puntos geográficos (Sudamérica se plantea en este momento como un polo más atractivo de inversión y desarrollo en este sector, India ocupa un lugar destacadísimo, así como China y Estados Unidos). Adicionalmente, nuestro sistema energético adolece de problemas estructurales como la desproporción del sistema instalado en relación a la demanda existente (más en tiempos de crisis), elevada dependencia energética del exterior, junto a la falta de modelo en relación al papel que debe jugar la energía nuclear u otras fuentes propias del Estado como la extracción de carbón (y no olvidemos el reciente debate generado sobre la extracción de gas por el sistema de “fracking”). Sistema energético autosuficiente El sistema energético debe ser autosuficiente de forma que se reduzca de forma progresiva la dependencia excesiva de los combustibles fósiles. Esta reforma del sector debe verse no sólo como un lastre para las grandes eléctricas sino que la misma debe ser contemplada como una gran oportunidad en un sector que sin duda será estratégico en el futuro (de obligada lectura en este sentido “Revolution justified”, de Roger H.J. Cox, publicado por Planet Prosperity Foundation, 2012, en donde se determina que ignorar los problemas energéticos será un gran factor de riesgo para los sistemas democráticos, además de que las políticas más agresivas a nivel internacional ya tienen como objetivo controlar los recursos disponibles). A ello ayudará, sin duda, en otras medidas, el desligar los costes de implantación de las energías renovables de los generados por los derivados de acceso al sistema, así como adoptar medidas estructurales que favorezcan la libre competencia evaluando de forma adecuada el sistema vigente de establecimiento de precios por los mercados mayoristas y minoristas, y analizando en profundidad la repercusión ambiental y la fiscalidad aplicable de determinadas fuentes de energía (inclusive con finalidad ambiental). El sector de las renovables debe potenciarse, no sólo como mecanismo de protección del Medio Ambiente y para evitar que se agrave el cambio climático, sino como motor de oportunidad económica en donde España ha sido pionera en los últimos años. Con prospección en la eólica marina, analizando en profundidad los hidrocarburos no convencionales y los biocombustibles especialmente por su efecto sobre el medio, potenciando la biomasa (cada megavatio instalado puede generar 5 y 40 empleos más que las energías convencionales), combinado todo ello con sistemas eficientes de ahorro que contribuirán a reducir la el déficit exterior de nuestro Estado en esta materia. La transformación por tanto, es necesaria e incluso nos atrevemos a decir, que ineludible.
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