El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, asegura que “es imprescindible” un cambio legislativo que adapte la actuación de la Fiscalía a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así lo manifiesta en una entrevista concedida al número 83 del periódico ‘cermi.es semanal’ –órgano de expresión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
La Fiscalía General del Estado recibió el Premio cermi.es 2012 en la categoría institucional, por su atribución constitucional de la protección y defensa activa de los derechos de los ciudadanos, singularmente de quienes tienen discapacidad.
Torres-Dulce asegura que ya están tratando de ajustar su intervención a la norma internacional, pero que la implementación de los tratados internacionales relativos a derechos humanos es “siempre complicada y requiere un tiempo de adaptación que afecta, desde las modificaciones legislativas, que son básicas, hasta el acceso del ciudadano con discapacidad a la Administración de Justicia, lo que implica una adecuada sensibilización de todos los que trabajamos en este área”.
Reconoce que “todo puede y debe mejorarse” y apuesta por seguir profundizando en la especialización, y por incrementar la preparación y dedicación de los Fiscales, y mejorar la accesibilidad de las instalaciones, que “sigue siendo nuestra mayor preocupación”.
Asimismo, afirma que la actividad de la Fiscalía crece año tras año en materia de discapacidad y apoyo, tanto por el incremento de los controles establecidos para el ejercicio del apoyo establecido en la sentencia de capacidad; como por el incremento que se está experimentado entre las personas mayores, de las necesidades de apoyos que deben buscarse fuera de la esfera familiar.
Así, informa de que en los últimos cuatro años, de media, el número de demandas de modificación de la capacidad promovidas por el Ministerio Fiscal, están estabilizadas en unas 16.000; el número de demandas interpuestas por particulares ronda las 9.000; y los controles de los apoyos, “se han incrementado significativamente desde el año 2009, doblándose ampliamente el número de los expedientes de tutela y curatela despachados anualmente, que el pasado año llegaron a 54.000 aproximadamente”.
En este sentido, añade que las mayores dificultades a las que se enfrenta el Ministerio Fiscal para cumplir su mandato constitucional en cuanto a la protección de las personas con discapacidad estriban “en la propia naturaleza de esa protección, que se extiende normalmente a una doble vulnerabilidad, que conlleva muchas veces, que el factor discapacidad quede en un segundo término”.
Para solventar esta situación, propone una protección integral, que “abarque las cuestiones penales del castigo al infractor y defensa de la victima; las civiles de determinación de los apoyos necesarios para el ejercicio de sus derechos, y las de integración social, donde las cuestiones relacionadas con su día a día pueden constituir el principal objetivo de protección”.

OTRAS CUESTIONES
Además, considera que el acceso a la carrera judicial para las personas con discapacidad está correctamente tratado desde el punto de vista legislativo; que las nuevas tasas judiciales dificultan el acceso universal a la Justicia, no afectarán a las personas con discapacidad en los procesos en que el Fiscal es parte necesaria; e informa de que desde el Consejo General del Poder Judicial ya se están incrementando el número de juzgados especializados en materia de derechos de personas con discapacidad en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo.

En relación a la eliminación en el Código Penal de la esterilización forzosa para las personas con discapacidad que hayan sido incapacitadas judicialmente, asegura que nuestras leyes no hablan “en caso alguno de esterilización forzosa para las personas con discapacidad, pues el supuesto del artículo 156, párrafo segundo, del Código Penal, con los requisitos y controles que se enumeran, regula la posibilidad de que un juez pueda autorizar la esterilización de una persona que adolezca de una grave deficiencia psíquica, tomándose como criterio rector el del mayor interés de la persona declarada incapaz judicialmente”.

SOBRE EL CERMI
Por otra parte, en cuanto a la solicitud del CERMI de que el Gobierno cree una Fiscalía especial para los derechos de las personas con discapacidad y personas mayores, el fiscal explica que “ya se está interviniendo como una Fiscalía especializada a través del Fiscal de Sala de lo Civil y del Fiscal Coordinador de las Fiscalías Provinciales, con una presencia directa en todos los foros y colectivos”, pero que es una cuestión “que puede reestructurarse según las necesidades actuales”.

Asimismo, explica que gracias a los convenios de colaboración firmados con el CERMI y la Fundación Aequitas la comunicación directa entre las asociaciones y fundaciones representativas de las personas con discapacidad “es mucho más fluida y efectiva en el marco civil de nuestra competencia”; y que aunque aún es pronto para valorar convenio de colaboración entre la Fiscalía y el CERMI para proteger la imagen de la infancia con discapacidad en los medios de comunicación, está convencido de que “se obtendrán sus frutos”.

El CERMI es la plataforma unitaria estatal de representación de las personas con discapacidad que en la sociedad civil engloba a más de 7.000 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una inclusión plena de una realidad presente en el 10% de la población, los más de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía y la igualdad de oportunidades de este grupo social.