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Los Colegios de Abogados están en permanente revisión y ofrecen múltiples servicios a sus colegiados abogados, de hechos son el único colectivo que utilizan el expediente electrónico gracias a una aplicación propia”. Esta fue una de las reflexiones de Carlos Carnicer, presidente del CGAE en su comparecencia ante los medios informativos para presentar las ‘Encuestas a Abogados Ejercientes y Población General sobre la Reforma de los Colegios de Abogados’, elaboradas por Metroscopia tras el anuncio del Consejo de Ministros de regular en el primer semestre de 2013 el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales. Según estos datos abogados y ciudadanos son partidarios del funcionamiento actual de los colegios. El lunes tendrá lugar una reunión tan interesante como esperada en la que se podrá aclarar mucho este panorama entre Luis de Guindos, Ministro de Economía; Alberto Ruiz Gallardon, Ministro de Justicia y el propio Carnicer que seguramente volverán a retomar este tema porque el Gobierno anuncia la Ley de Servicios Profesionales de forma inminente. Es evidente que en esa reunión del lunes 24 de junio, Carlos Carnicer, presidente del CGAE, volverá a explicar a ambos dirigentes ministeriales sus tesis sobre la colegiación obligatoria y la defensa del actual sistema de 83 colegios repartidos por todo el territorio español: “Es complicado hacer cambios a este sistema y si lo hiciéramos uniprovincial como señala el borrador de la Ley de Servicios Profesionales, media España se quedaría sin atención jurídica”, explico a los numerosos asistentes que cubrimos esta comparecencia. Respecto al Estatuto de la Abogacía, aprobado recientemente en el último pleno del CGAE, por unanimidad entre todos los decanos asistentes al mismo, señaló que estábamos ante una propuesta que ahora deberá pasar por diferentes entidades para tener su informe preceptivo, Carnicer no pudo concretar realmente el calendario hasta la aprobación como texto legislativo final: “Confiemos que no suceda como con el anterior Estatuto que casi entra en vigor cuando parte de su articulado se había quedado anticuado”, subrayo. El presidente de los abogados también fue preguntado por otro tema de actualidad como es la reforma de la LEC y el papel mayor que desde Justicia se quiere atribuir a los procuradores para la ejecución más rápida de las sentencias: “Es una opción voluntaria que el ciudadano puede elegir, en lugar de decantarse por el secretario judicial, lo que no entiendo es por qué los abogados no estamos habilitados también para este cometido”, concretó. Sobre las encuestas que fueron presentadas por José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, el 87% de los abogados cree que la supresión de los Colegios de Abogados no abaratará los servicios profesionales prestados a los ciudadanos. Por su parte otro 66% de los letrados opina que los Colegios de Abogados son instituciones con fuerte arraigo social, dilatada trayectoria de servicios y claro reconocimiento social. Este porcentaje aumenta hasta el 73% en el caso de los ciudadanos que piensa que son instituciones respetadas y consolidadas en las localidades donde existen. El 66% de los abogados destaca que los Colegios se autofinancian con las cuotas de sus colegiados, por lo que su fusión o eliminación carece de sentido económico porque no influye para nada en el gasto público. En el último decenio ha crecido la satisfacción de los abogados, especialmente de los más jóvenes, con sus Colegios Profesionales (de 5,6 a 6,3), con sus Consejos Autonómicos (de 5,1 a 5,5) y con el Consejo General de la Abogacía española (de 5,2 a 5,6). Por otro lado, la puntuación media que otorgan los ciudadanos españoles a los Colegios de Abogados es 5,9. Su contribución a la organización y puesta en práctica del sistema de Justicia Gratuita es evaluada con la misma nota. Colegiacion obligatoria El 86% de los abogados considera que eliminar la colegiación obligatoria no abaratará los honorarios, ni supondrá ninguna mejora de competencia (67%), pero sí un aumento del intrusismo (71%), la desprotección de los usuarios y el desprestigio social de una actividad profesional cada día más cercana al ciudadano (tasas, hipotecas, Justicia Gratuita, etc.). Para el 54% de los ciudadanos, los Colegios prestan servicios de interés social, como es el caso de la Justicia Gratuita o de su implicación corporativa en la actual crisis hipotecaria con el establecimiento de Oficinas de Intermediación Hipotecaria. Además, el 84% de los ciudadanos cree que los Colegios son necesarios para supervisar y garantizar la calidad de los servicios de la Abogacía, y un 79% opina que si no existieran los Colegios de Abogados aumentaría la proporción de malos profesionales, a los que nadie supervisaría ni controlaría. El 76% de los abogados se muestra favorable al examen de acceso como garantía de los conocimientos prácticos precisos para desempeñar de forma competente la profesión. Este porcentaje también aumenta en el caso de los ciudadanos, de los cuales un 84% considera que para que alguien pueda actuar como abogado debe contar, además de con la licenciatura en Derecho, con una formación adicional específica, como sucede, por ejemplo, en el caso de los médicos con el sistema MIR. El 90% de abogados encuestados señala que la eliminación del examen de acceso no tiene ningún beneficio para los usuarios en relación al coste de los servicios profesionales. Por su parte, aunque un 61% de los ciudadanos opina que permitir que todo el que sea licenciado en Derecho pueda ejercer como abogado sin ningún otro control podría quizá abaratar los costes que implica contratar a uno, un 69% cree que esto pondría en riesgo el actual nivel elevado de preparación y competencia del conjunto de la Abogacía, y un 80 % cree que esto iría en perjuicio de las personas con menos recursos y en mayor situación de indefensión Para un 82% de los ciudadanos, los abogados (de los que ante todo valoran su capacidad de pacto y negociación) desempeñan un papel esencial en la defensa de los derechos y de las libertades ciudadanas. Además, un 70% cree que su existencia misma permite que se aclaren y resuelvan pacíficamente situaciones que, de otro modo, podrían derivar en injusticias y violencia, y un 68% que tienen un alto nivel de preparación y competencia.
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