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La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), considera que el reciente anuncio del Gobierno de la puesta en marcha de la facturación electrónica supondrá un gran avance para poner fin a la morosidad pública que padecen los autónomos.
La Federación considera ésta como una de las medidas necesarias para acabar con la lacra de la morosidad y que permitirá que no haya facturas en los cajones, algo que desde ATA veníamos demandando desde hace mucho tiempo. Un registro de las facturas a través de Internet permitirá tener una fecha de registro única, a partir de cuya presentación empezarán a correr los 30 días que establece la actual ley de morosidad a las Administraciones Públicas para hacer frente al pago de sus facturas. De esta manera se pondrá fin a los numerosos viajes que en algunas ocasiones realizan las facturas de despacho en despacho, donde los plazos simplemente para reconocer esta factura es superior a los 30 días que establece la ley de morosidad para el cobro de las mismas. ATA considera, además, que esta medida permitirá conocer los plazos medios de pago exactos de las Administraciones, que en este momento están fijados en 151 días, así como el monto total de deuda pública con los autónomos y microempresas de los distintos organismos públicos, que se sitúa cerca de los 5.000 millones de euros. Además, pondrá fin a otro de los grandes problemas que tienen los autónomos, y es que les permitirá conocer cuando las Administraciones Públicas han pagado a las empresas que a su vez les han subcontratado a ellos. Actualmente se da la circunstancia de que hay Administraciones que pagan las facturas a empresas, pero éstas no lo reconocen para no tener que pagar, a su vez, a los autónomos y microempresas que subcontrataron para dicho trabajo. Lorenzo Amor, Presidente de ATA y Embajador de la Comisión Europea para la vigilancia de la morosidad en España considera que “este es el camino que hay que seguir para acabar con la lacra de la morosidad y con que haya Administraciones que se estén financiando a costa de los autónomos por servicios que han prestado pero que no han cobrado. Su puesta en marcha, que esperamos que sea en la mayor brevedad posible, beneficiará a los más de 147.000 autónomos proveedores habituales de las Administraciones Públicas”. Reforma de la Administración Eliminar o fusionar organismos públicos, aplicar economías de escala, reducir trámites administrativos y acabar con duplicidades entre distintos niveles del sector público son las medidas incluidas en el extenso informe sobre la reforma de la Administración que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentaron el pasado viernes al acabar el Consejo de Ministros. Este documento marcará en buena medida la actividad del Gobierno en los próximos años y permitirá un ahorro hasta 2015 –cuando terminará de implementarse por completo– de 6.500 millones para la Administración y de 16.300 millones para los ciudadanos. Además, si se suma la reforma local o las medidas sobre el empleo, como la no reposición de efectivos o la supresión de pagas extraordinarios, el impacto asciende a 37.700 millones, una cifra que supone el 3,5% del PIB. La mitad de este importe corresponde al ajuste sobre el empleo público. El informe hace especial hincapié en acabar con las duplicidades administrativas, es decir, servicios que asumen más de una Administración. El Ejecutivo también contempla la reforma de hasta 57 organismos dependientes de la Administración central que desaparecerán o se integrarán en otros entes. Por ejemplo, las entidades gestoras del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad Social se fusionarán en un mismo organismo. Por otro lado, el objetivo es centralizar las compras de bienes y servicios dentro de la Administración central para lograr mejores servicios. Respecto al recorte de trámites administrativos, el informe contempla potenciar la Plataforma de Intermediación de Datos (PIC) para que los ciudadanos no deban presentar documentos que ya obran en poder de la Administración. En la misma línea, se propone establecer un mecanismo de cita previa en el Servicio Público de Empleo Estatal y en las Jefaturas de Tráfico que permitirá ahorrar tiempo y dinero a los ciudadanos. En total, el Ejecutivo estudia simplificar 63 trámites con la Administración y calcula un ahorro anual de 478 millones. “Menos formularios, menos papeles y menos ventanillas”, anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El informe para la reforma de la Administración también contempla un cambio a la hora de elaborar los Presupuestos generales. A partir de ahora, las partidas presupuestarias no se determinarán en función del importe del ejercicio precedente sino que se calcularán desde cero. Ello permitirá detectar –y eliminar– sobrecostes. Por otra parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló que el Gobierno estudiará la posibilidad de establecer incentivos fiscales para aflorar la economía sumergida. Se trata de una idea del presidente de CEOE, Juan Rosell, que Hacienda incluirá en el debate para la futura reforma tributaria.
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