MARKETING
COMUNICACIÓN
INTERNET
FORMACIÓN
RRHH
PUBLISHING & EVENTS
DIRECTORIO
Noticias de Despachos
Operaciones
LP emprende
Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas señalo en el trancurso del Curso de Verano de la UCM en San Lorenzo de El Escorial ‘Aprender a Emprender desde la Universidad’ que el emprendimiento es algo bastante necesario. “Desde la Universidad – ha asegurado – se forman individuos responsables en un país próspero. España siempre ha sido un país de emprendedores, siempre lo ha sido, desde el siglo XIX, pese a la tardía llegada de la Revolución Industrial a España. El aprendizaje de las victorias, de los éxitos, de los triunfos, pero aún más de los fracasos, las desilusiones y las desesperanzas, lo describe muy gráficamente Bill Gates, presidente de Microsoft, cuando señala que está bien celebrar el éxito pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso”. En su intervención indicó que “Uno de los grandes problemas que ha arañado el tejido productivo español es la morosidad, por eso se han puesto en marcha dos medidas urgentes para ponerle freno: el Real Decreto-Ley 8/2013, de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros, y el Anteproyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público” Y ha anunciado la oficialización de las operaciones financieras de crédito por valor de 1300 millones de euros. Además, todas las Administraciones Públicas, sin excepción, dispondrán de un Plan de tesorería que incluirá información relativa a la previsión de pagos a proveedores para garantizar el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad, 30 días, una exigencia comunitaria, derivada de la Directiva de 2011, de obligado cumplimiento. Para garantizar su efectividad, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hará un seguimiento del cumplimiento de los periodos medios de pago de las Comunidades Autónomas. Así, cuando el periodo medio de pago de una Administración Pública supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, establecido en 30 días, deberá incluir en la actualización de su Plan de tesorería inmediatamente posterior el importe de sus recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo medio de pago a 30 días y el compromiso de adoptar las medidas cuantificadas que permitan generar la tesorería necesaria para reducir su periodo medio de pago a 30 días. Complementario a ello, y con carácter preventivo, ha explicado el secretario de Estado de Administraciones públicas, cuando el periodo medio de pago de una comunidad autónoma supere en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, 60 días, durante dos meses consecutivos a contar desde la mencionada actualización de su Plan de tesorería, se pondrán en marcha las medidas automáticas de prevención, comunicándose por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la Comunidad Autónoma el importe que deberá dedicar mensualmente al pago a proveedores y las medidas cuantificadas a adoptar que permitan generar la tesorería necesaria para reducir el periodo medio de pago. En el caso de que el periodo medio de pago de la comunidad autónoma supere en más de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad, 60 días, durante dos meses consecutivos, a contar desde la comunicación de la aplicación de las medidas automáticas de corrección, se aplicarán las medidas coercitivas, en las que la comunidad deberá adoptar los acuerdos necesarios de no disponibilidad de créditos y efectuar la correspondiente retención de créditos, llegando en ciertos casos, las competencias normativas que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado. “No hay diferencias políticas a la hora de pagar, hay comunidades que pagan y que no pagan. Tiene que ver con formas de financiación y de gestión, no de ideología. Si una comunidad no ha pagado en 90 días el Estado se hará cargo de esa factura” ha concluido el secretario de estado de Administraciones Públicas. “La crisis económica se ha llevado por delante, a causa de la morosidad, decenas de miles de empresas y puestos de trabajo de emprendedores, autónomos y pequeñas y medianas empresas, pero ya no más. Una sociedad puede definirse como próspera y fiable si cumple fielmente, con rigor y prontitud, con sus compromisos de pago. Por ello, para el Gobierno, consciente de su responsabilidad, la lucha contra la morosidad es prioritaria, y no va cejar en una lucha imbatible contra ella” El impacto de la reforma laboral Por su parte, Magdalena Valerio, miembro de la Comisión del Pacto de Toledo, aseguró por su parte, que “la reforma laboral del Gobierno ha hecho mella en las cotizaciones y el desempleo actual está provocando que baje el número de cotizantes”. La diputada socialista por Guadalajara, ha hablado del mantenimiento del sistema público de pensiones, asegurando que “ningún partido político se ha dormido en los laureles en cuanto a hacerlo sostenible”. Durante su intervención también habló del papel de los emprendedores, asegurando que “hay que intentar que se incrementen las cotizaciones fomentando el trabajo autónomo para cobrar más”. Los datos, ha dicho, son preocupantes ya que “Sólo un 30% está cotizando lo razonable en función de su rendimiento. La mayoría de los autónomos cotiza hasta los 48 años por la base mínima y la media de sus pensiones es de unos 600 euros al mes”. La diputada socialista subrayó que la tendencia debería situarse en la “parcialidad en la actividad de los autónomos y en bajar la cotización”. En definitiva, Valerio considera que “las prestaciones de los autónomos deben ser idénticas a las del Régimen General”. Por último recordó que el sistema público de pensiones no es de capitalización sino de reparto con prestación definida, es decir, que con nuestras cotizaciones “estamos pagando las pensiones de nuestros padres y abuelos, y nuestros hijos y nietos pagarán las nuestras”. Además, insistió en que “para llegar al 100% de la base reguladora con la Ley 27/2011 se piden 37 años cotizados”.
Buscar en lawyerpress.com
comparte ésta información
Tweet
copyright, 2013 - Strong Element, S.L. - Peña Sacra 18 - E-28260 Galapagar - Madrid - Spain - Tel.: + 34 91 858 75 55 - Fax: + 34 91 858 56 97 - info@lawyerpress.com - www.lawyerpress.com - Aviso legal
