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Las ayudas derivadas o conectadas al régimen del tax lease rondan los 2.000 millones de euros
El bufete de abogados San Simón & Duch, especializado en Derecho Marítimo, ha puesto de manifiesto su valoración sobre la decisión de la Comisión Europea en relación al tax lease, que dictamina que los incentivos fiscales que habían beneficiado a la construcción naval en España eran contrarios a las buenas prácticas del mercado dentro de la Unión Europea. Así, Mercedes Duch, socia de San Simón & Duch, explica: “Aún cuando la decisión parece a priori algo menos dura que el avance que sobre la misma hizo hace unos días el Comisario Almunia, (finalmente deberán devolverse los incentivos desde mediados de 2007 hasta 2011) no por ello ha supuesto un jarro de agua menos fría a un sector que atraviesa las dificultades que todos conocemos”. Tal y como explica esta abogada maritimista, será ahora el Gobierno español quien decida, a través del Ministerio de Hacienda, cuánto, quién y cómo deben devolverse esas ayudas o incentivos fiscales que ahora se consideran indebidamente percibidas. Precisamente, el Gobierno analizará hoy la presentación de un recurso contra la decisión de la Comisión Europea. “Queda así con el Estado español modular con un margen discrecional las cantidades que finalmente habrá que reintegrar. Si hablamos de cifras, se calcula que las ayudas derivadas o conectadas al régimen del tax lease rondan los dos mil millones de euros”, asevera Duch. Mientras se espera conocer los métodos que seguirá el Gobierno para calcular el importe y plazos de las devoluciones, y ante las dudas y miedos que ya se plantean en el sector, Mercedes Duch asevera que “también plantea inseguridad el régimen del tax lease vigente, que ha sido bendecido por la Unión Europea, pero que también ha sido objeto de solicitud de revisión y estudio por parte de nuestros colegas europeos”. Ante ello, se plantea: “Con una decisión como la que debemos afrontar sobre el tax lease anterior ¿qué seguridad jurídica va a ofrecer el nuevo sistema a los inversores?”. Además, la socia de San Simón & Duch se plantea: “¿Quien es causa de la causa es causa del mal causado? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado español frente a unos inversores que actuaban bajo el paraguas de la ley?”
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