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Qué coste tiene la justicia? ¿Cómo se sufraga en estos momentos? De qué forma está incidiendo la Ley de Tasas en la litigiosidad?, Estas y otras cuestiones se abordaron en la mesa redonda que moderada por Angel Calderón reunieron a Juan Antonio XIol, vocal del Tribunal Constitucional; Juan Carlos Estévez, presidente Consejo General de Procuradores, Jesús Remón, socio del área procesal de Uría & Menéndez, Sonia Gumpert, decana del ICAM y Juan Antonio Moreno, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Los asistentes coincidieron en que la inversión en justicia ha caído en los tres últimos años y que las tasas judiciales son un elemento que pueden controlar la litigiosidad existente, ahora pendientes de un recurso ante el Tribunal Constitucional. En el horizonte los expertos ven al arbitraje y a la mediación como elementos que reduzcan esos costes judiciales y ayuden a agilizar la actividad de nuestra justicia. Juan Antonio Xiol, recién nombrado vocal del Tribunal Constitucional y ocho años presidente de la Sala Primera del Supremo, recordó a los asistentes que estas medidas que se han tomado para amortizar el coste de la justicia se han hecho en un contexto de crisis profundo. “Es evidente que tenemos claro desde hace muchos años lo que hay que reformar, otra cosa sería saber por qué hasta estos momentos no se ha hecho nada”, comentó. Y a este respecto recordó como años atrás había formado parte de una Comisión de Expertos que se puso en marcha para analizar qué medidas eran necesarias para reorganizar nuestra administración de Justicia. A este respecto también señaló la necesidad de hacer una inversión tecnológica profunda en la propia justicia “la situación es casi caótica a veces y es fundamental que la tecnología sea un aliado y no un problema. Con la tecnología ganaremos en eficiencia”. Por su parte, Jesús Remón, socio de procesal de Uría Menéndez, y varios años al frente del Club Español del arbitraje, insistió en señalar que siempre los costes de la justicia están ligados a una gestión anterior. “Si realmente se logra una buena gestión, fruto de la voluntad política, en este terreno se reducirían los costes públicos o privados existentes “, recordó. E insistió en que los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos no tienen coste y si más beneficios. “En muchos países contar con este tipo de elementos como el arbitraje o la mediación se entienden como sinónimos de progreso”. También se mostró partidario de la reorganización judicial y de una mayor especialización de los jueces en determinadas materias En su intervención Sonia Gumpert indicó que coste de la justicia tiene dos vertientes uno de servicio público y otro organizacional, complicados de disociar. Y recordó como la inversión en justicia en nuestro país alcanza únicamente el 0.40 del PIB, muy por debajo de la media europea. “Ha llegado el momento de que estas medidas ayuden a la mejora de la gestión y eficiencia de nuestra justicia. Medidas como la implementación del expediente electrónico o la mejora de la interoperabilidad entre juzgados y ciudadanos, son inevitables”, indicó. Además dejó claro que se debe mejorar la relación entre Ministerio de Justicia, CGPJ y Comunidades autónomas con competencias transferidas. La actual decana del ICAM se mostró partidaria de que los procesos judiciales se simplifiquen sin que por ello pierdan seguridad jurídica: “De forma paralela hay que hace una apuesta por los métodos extrajudiciales, como el arbitraje o la mediación y en este sentido desde nuestra institución colegial trabajamos ofreciendo el servicio de nuestra Corte Arbitral y de nuestro Centro de Mediación MEDIAICAM”. Sobre las tasas judiciales recordó que había un recurso pendiente de anticonstitucionalidad por dilucidar y que eran muy inoportunas “; en un momento con tantos problemas jurídicos: preferentes, ejecuciones hipotecarias etc., no parece que sea lo más lógico que la gente no pueda reclamar lo que es suyo realmente”, indicó. Gratuidad de la justicia, en entredicho Para Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores, las tasas judiciales son un elemento lógico a tener en cuenta, aunque hay que tener cuidado con gravar la segunda instancia de forma notable “es posible que sean excesivas en el acceso a la justicia aunque ésta es una medida que existe en toda Europa, donde en muchos países es más cara que en España. En esa segunda instancia, la apelación no es un lujo sino una necesidad en muchos casos•, comentó. También se mostró partidario de eliminar los juicios de falta por su litigiosidad y coste y de potenciar el arbitraje y la mediación. A este respecto anunció la creación de un Centro de Mediación a través de la propia Fundación de los procuradores- Respecto al coste de la justicia, recordó que en los últimos años se está optimizando el gasto público en justicia. “Es fundamental que herramientas como la Oficina Judicial y los llamados Tribunales de Instancia se instalen lo antes posible. Además es fundamental que los jueces se especialicen más e ir suprimiendo el anacronismo de los tribunales de instancia e instrucción que aún funcionan conjuntamente”. Sobre el papel de los procuradores en las reformas de la justicia, se mostró agradecido de que en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil se les haya encomendado el papel de agentes de ejecución de las propias sentencias: “Esta es una figura que ya funciona en Europa, fruto de otras competencias que asumimos los propios procuradores”, comentó. Por su parte, Juan Angel Moreno quiso diferenciar en su intervención el coste de la justicia; de los costes judiciales y del coste del proceso. Recordó que el presupuesto de Justicia se h a reducido en el periodo 2010-2012 en más de 200 millones de euros. Y apoyándose en los datos del CEPEJ, organismo que estudia la evolución de la justicia en el Consejo de Europa explicó el concepto de eficiencia en la propia justicia “El gasto en justicia en España es similar al de nuestros colegas europeos, sobre el 35 por cien. Lo fundamental es buscar la eficiencia en la inversión en justicia”, añadió. Además se mostró partidario de incorporar las nuevas tecnologías y métodos que ayuden a mejorar el rendimiento de profesionales en la justicia, siguiendo la estela de la empresa privada. Sobre las tasas se mostró cauto y recordó que implantarlas “en el acceso a la justicia puede menoscabar la tutela judicial efectiva. Quizás esté más justificada su implantación en la llamada apelación”. Y señalo que esa recaudación del 10% del total de la justicia a través de tasas judiciales le parecía excesiva, “pero veremos si al final se consiguen esos ratios”. Moreno indicó que las tasas pueden reducir la litigiosidad y racionalizar el uso de la justicia “pero hay que evitar que caigamos en lo que se dice que es una justicia para ricos”. Respecto al arbitraje y a la mediación se mostró partidario de su uso, como métodos alternativos al procedimiento jurídico habitual “aunque habría que hacer un estudio a fondo de su desarrollo”, señaló.
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