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El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que unifica las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental. El objetivo de la norma es reforzar la protección del medio ambiente, agilizar los procedimientos de evaluación ambiental y establecer una legislación homogénea en toda España. La medida favorecerá la creación de 80.000 empleos y supondrá un impacto económico de unos 1.000 millones de euros. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, manifestó que esta norma ejecuta muchas de las medidas recogidas en el informe sobre la Reforma de las Administraciones Públicas. En este sentido, apuntó que "simplifica y agiliza la tramitación de los expedientes e intenta reducir la dispersión legislativa y la disparidad de procedimientos que hay en esta materia". "Lo que se hace es incrementar la seguridad jurídica con una legislación mucho más clara y homogénea" con carácter general en todo el territorio y busca una "mayor colaboración entre todas las administraciones", dijo En el mismo sentido, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, añadió que es una ley "técnicamente más perfecta y plenamente garantista" y pretende favorecer la unidad de mercado y la labor de los operadores económicos que actúan en el territorio español. Necesidad homogeneización ambiental Miguel Arias Cañete señaló que, con el objetivo de reforzar la protección medioambiental, se incrementa la participación de todos los agentes económicos y sociales en los procedimientos. Además, se establece la evaluación obligatoria de los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica, el denominado "fracking". Asimismo se refuerza el nivel de calidad de los documentos ambientales. "Los operadores conocerán con enorme anticipación cuál va a ser el grado de tecnificación que requieren los documentos que tienen que presentar y estos tendrán carácter homogéneo en todo el territorio nacional", ha asegurado Arias Cañete. Arias Cañete concretó que en la actualidad hay casi 10.000 expedientes en las distintas administraciones públicas pendientes de evaluación ambiental, cuya tramitación media es de 3,4 años. En su opinión, estos tiempos de tramitación son muy largos y "si se agilizarán tendríamos un crecimiento del empleo y de la actividad económica importante". Por ello la norma ajusta los tiempos de tramitación a cuatro meses para la evaluación de impacto ambiental ordinaria y se establecen como potestativos algunos trámites que antes eran obligatorios. Por otra parte, el proyecto de ley establece un modelo básico de evaluación ambiental para homogeneizar la normativa en esta materia. El ministro indicó que la norma entrará en vigor en la Administración General del Estado "inmediatamente", mientras que las comunidades autónomas tendrán un plazo de un año para adoptarla. Sanciones a las gasolineras flotantes Miguel Arias Cañete anunció que se sancionará el denominado "bunkering" con hasta 100.000 euros. Así se tipificará como infracción grave la prestación de servicios de suministro de combustible mediante el fondeo permanente de buques-tanque o los vertidos de materiales para rellenos no permitidos en aguas comprendidas en los espacios naturales protegidos y en los espacios de la Red Natura 2000. El ministro precisó que la infracción no se aplica solamente en la zona de especial conservación del Estrecho Oriental de Gibraltar sino en todas las zonas de especial conservación que haya en todo el territorio español. "Lo que se prohíbe son las gasolineras flotantes y el sistema de abastecimiento en las zonas de especial conservación, tanto en el Estrecho como en las que se van a declarar en el futuro", ha aclarado. El Gobierno solicitará que la norma se tramite por el procedimiento de urgencia, por lo que, según Arias Cañete, a primeros del año 2014 estaría en condiciones de "imponer las primeras sanciones, en el caso de que persistiera esta actividad". Por otra parte, Arias Cañete ha asegurado que el Ejecutivo seguirá trasladando a la Unión Europea las denuncias pertinentes porque "tanto el Reino Unido como España tienen que velar por que se cumpla el derecho comunitario".
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