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Por Eva Cañizares, abogada
A estas horas ya sabremos si la candidatura de Madrid ha resultado la elegida para ser la sede de los Juegos Olímpicos de 2020. Suele decirse que los JJ.OO. traen la prosperidad económica para aquella ciudad que tenga la suerte de celebrarlos. Sin embargo, muy lejos queda ya el inicio del Olimpismo Moderno, concebido en 1896 por el Barón de Coubertin, a cuya iniciativa se aprobó el restablecimiento de los JJ.OO. y la creación del Comité Olímpico Internacional (COI), bajo ese lema tan manido -y últimamente tan poco veraz- de “lo importante no es ganar sino participar”. Desde entonces, los Juegos Olímpicos han sufrido grandes transformaciones, y no sólo porque se han convertido en la cita deportiva más relevante del planeta sino, además, porque, es opinión generalizada que se han politizado y comercializado hasta extremos insospechados gracias, sobre todo, a la globalización de las comunicaciones: todo un planeta contemplando en tiempo real este acontecimiento. La importancia social y mediática de los JJ.OO. es evidente. Es el evento más seguido a nivel mundial, una orgía de horas de televisión y de columnas periodísticas capaz de desatar todas las pasiones. Con estas premisas ¿quién podría estar en contra de la celebración de un evento que de forma tan evidente promociona la armonía y el entendimiento entre todos los países a través del deporte? Sin embargo, no todo es un cuento de hadas. Uno de los principales problemas que subyace tras el fenómeno Olímpico es que, dada su dimensión internacional y su regulación propia, a través de la Carta Olímpica, ocasiona múltiples conflictos en relación a la aplicación de los ordenamientos de los distintos Estados que, en ocasiones, entran en contradicción con las emanadas por el COI y las Federaciones Deportivas Internacionales. Es bochornoso el espectáculo que se produce en ocasiones al vulnerar, la normativa internacional del COI, algunos de los derechos fundamentales consagrados en los ordenamientos jurídicos de las democracias más avanzadas (presunción de inocencia, derecho a la libertad y seguridad, respeto a la vida personal y familiar…), que, en el caso de España, si se ventilaran en la jurisdicción ordinaria, no resistirían el más mínimo envite. No obstante, es tal la fuerza de este “club privado” que, sencillamente, si quieres aspirar a organizar unos JJ.OO. has de “tragar” y cumplir con sus normas; de lo contrario, simplemente esos Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo no se te conceden. Esta especie de monopolio deportivo internacional privado ha propiciado, en los últimos años, muchas situaciones de corrupción. El COI no escapa a esta lacra que parece asolar a cualquier organismo que se precie, y son numerosas las denuncias interpuestas en su seno a propósito de maletines que pasan de mano en mano para la compra de los votos de algunos de sus miembros por parte de Estados aspirantes a ser sede de JJ.OO., de Federaciones Internacionales que pretenden que sus disciplinas deportivas se consideren prácticas olímpicas, etc. Pero no solo la corrupción adultera el famoso espíritu olímpico y los valores asociados a la práctica deportiva. Cada vez son más numerosos, o más relevantes, los casos de apuestas ilegales, de dopaje, de abusos sexuales, de abusos físicos por una mal entendida disciplina deportiva (recordemos los casos de las niñas de gimnasia artística y rítmica y los tremendos esfuerzos y sacrificios que se les exige), porque en muchos casos ya no vale solo participar, hay que ganar a toda costa, incluso llegando al extremo de utilizar sustancias artificiales prohibidas para mejorar el rendimiento, aunque ello menoscabe la salud del deportista. En relación a la lucha contra el dopaje, se obliga a los Estados miembros de la comunidad deportiva internacional a garantizar la eficacia del Código Mundial Antidopaje. Esto ha propiciado que en España se haya promulgado una nueva Ley Antidopaje cuyo diseño es más cercano a los planteamientos del COI, destacando por su peculiar interpretación del principio de presunción de inocencia (al que sitúa en un segundo plano), encontrándonos ante un nuevo modelo disciplinario realmente estricto en el que prima la responsabilidad objetiva: si hay sustancias dopantes en el organismo de un deportista se presupone su culpabilidad, y es el deportista el que ha de demostrar su inocencia. En cualquier caso, por encima de todas estas irregularidades e ilegalidades está el verdadero protagonista de los JJ.OO., el deportista, que, por lo general, compite con la ilusión y el esfuerzo basado en esos valores que desde siempre se han asociado al deporte (solidaridad, tolerancia, respeto, superación, fraternidad, nobleza, etc), sacrificio que en muchas ocasiones se ve tristemente ensombrecido por esas prácticas ilegales realizadas por aquellos que manejan los hilos de algo que nunca debió entenderse como negocio. A la vista de todo lo dicho, para los Estados y Federaciones participantes ¿basta competir o sólo sirve llegar primero?
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