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En los últimos meses el Centro Internacional de Arreglo de diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) - ICSID en inglés- ha adquirido mucho protagonismo mediático por las recientes noticias de expropiación de compañías españolas. El CIADI goza de gran reputación desde sus inicios en 1966. No en vano, se trata de un organismo dependiente del Banco Mundial que ha conseguido que más de 147 Estados firmen su adhesión. El CIADI es una institución imparcial y las conclusiones o decisiones de sus árbitros – que no del organismo en sí – deben ser asumidas por los miembros, salvo recurso de anulación contemplado en el propio convenio según se desprende de un informe de la auditora Accuracy. Desde su puesta en funcionamiento se han registrado un total de 419 casos, de los cuales un 39% siguen abiertos. La duración media de los casos cerrados en el CIADI es de 26 meses, aunque la disparidad es elevada y este dato no tiene en cuenta algunos casos abiertos, por ejemplo, contra Argentina a raíz de la crisis del 2001 y que por distintas razones no han sido todavía resueltos. Es destacable que casi el 40% de los casos iniciados en el CIADI han terminado por avenimiento u otro medio, es decir, no han sido resueltos por los tribunales arbitrales del organismo. Por sectores, más de 100 casos estaban relacionados con el petróleo, gas y minería y un 12% con electricidad y otro tipo de energía. Por su naturaleza, las infraestructuras y las empresas que operan bajo régimen de concesión son los sectores que más se ven abocados a este tipo de disputas. Si nos fijamos en los estados demandados, en casi el 40% de los casos tenemos como protagonistas a Venezuela, Argentina, Egipto y Perú. Las empresas españolas han utilizado al CIADI en 12 ocasiones, de las cuales, en el 50% de los casos Argentina es el Estado demandado. Estas estadísticas corresponden a los más de 40 años de historia del CIADI, pero este organismo ha sido realmente protagonista en la última época; desde 2007 el CIADI ha registrado el 47% de los casos, siendo 2012 el ejercicio en que más se registraron: un total de 50. En palabras de Eduard Saura, socio director de Accuracy España es indiscutible que el CIADI es una institución que dispone de grandes medios y que cuenta con árbitros de reconocido prestigio. Sin embargo, algunos Estados y expertos consideran que el marco de actuación y por ende las decisiones del CIADI tienen un sesgo en favor de las empresas y en detrimento de los Estados. Aunque los datos de los laudos publicados por el organismo parecen des- mentir este propósito, lo cierto es que tres países - Bolivia, Venezuela y Ecuador – han denunciado el Convenio del CIADI en los últimos años, generando un interesante e intenso debate de expertos sobre la vigencia del consentimiento a su jurisdicción incluso después de que la denuncia se haga efectiva. Es en el interés de los Estados y las empresas que exista un mecanismo eficaz para resolver disputas relacionadas con inversiones. El buen funciona- miento del CIADI – junto otros organismos competentes para la resolución de conflictos de inversión – será en los próximos años clave para cerrar el círculo de la seguridad jurídica anhelada por los tratados de inversión y por lo tanto para favorecer el comercio y el desarrollo económico mundial. Eduard Saura es el Socio Director de Accuracy en España Empezó su andadura profesional en la dirección financiera de la multinacional Schlumberger. Posteriormente, Eduard se incorporó a Arthur Andersen Paris donde dirigió numerosos proyectos de due diligence, en particular, en contextos internacionales (UK, Corea, Japón, Filipinas, EE.UU, México). En 2006 se incorporó a Accuracy para desarrollar la actividad de la firma en España y América Latina.
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