El
presidente
del
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Baleares,
Antonio
Terrasa,
el
alcalde
de
Palma,
Mateo
Isern,
y
los
decanos
del
Ilustre
Colegio
de
Abogados
de
Baleares
(ICAIB)
y
del
Ilustre
Colegio
de
Procuradores
de
Baleares,
Martín
Aleñar
y
Frederic
Xavier
Ruiz
respectivamente,
han
firmado
esta
mañana
un
protocolo
de
actuación
por
el
que
estas
instituciones
se
comprometen
a
unir
esfuerzos
en
la
detección
de
situaciones
de
especial
vulnerabilidad
en
procedimientos
de
ejecución
hipotecaria
o de
desahucio
por
falta
de
pago
de
la
renta,
de
forma
que,
si
procede,
puedan
activarse
las
medidas
de
carácter
social
que
sean
adecuadas
para
mitigar
el
impacto
social
y/o
tratar
de
minimizar
el
riesgo
de
exclusión
residencial.
El
protocolo
establece
una
vía
de
comunicación
más
estrecha
entre
las
cuatro
instituciones
firmantes
que
permita
detectar
de
forma
más
rápida
y
coordinada
dichas
situaciones
de
vulnerabilidad
y
facilitar,
así,
que
los
servicios
sociales
y de
vivienda
del
Ayuntamiento
puedan
poner
en
marcha
las
acciones
que
se
considere
más
oportunas
para
ofrecer
una
respuesta
a
las
personas
afectadas.
Por
lo
que
se
refiere
a la
abogacía,
el
compromiso
del
ICAIB
es
el
de
promover
entre
sus
colegiados
que,
en
los
procedimientos
de
desahucio,
hipotecarios
o
cualquier
otros
que
puedan
comportar
directamente
la
pérdida
de
la
vivienda
habitual
del
demandado,
hagan
constar
en
sus
escritos
las
circunstancias
de
riesgo
social
que
puedan
existir,
o
bien
mediante
otrosí
a la
demanda,
o
bien,
en
los
casos
en
los
que
el
letrado
represente
o
defienda
al
demandante,
en
el
escrito
de
contestación
en
escrito
dirigido
específicamente
al
Juzgado
en
este
sentido.
Oficina
de
Intermediación
Hipotecaria
El
protocolo
ratifica
el
compromiso
de
la
abogacía
balear
de
ayudar
a
las
personas
y
las
familias
a
las
que
la
crisis
económica
ha
puesto
en
serio
riesgo
de
exclusión
residencial
y se
une
al
acuerdo
firmado
el
pasado
mes
de
agosto
por
el
Ayuntamiento
de
Palma
y el
Colegio
de
Abogados
para
la
puesta
en
marcha
de
la
Oficina
Municipal
de
Intermediación
Hipotecaria
(OMIH).
Este
servicio
permite
poner
en
contacto
a
estas
personas
con
los
abogados
voluntarios
que
se
han
inscrito
en
el
proyecto,
quienes
les
proporcionan
información
y
orientación
legal
personalizada
y
gratuita
sobre
las
alternativas
que
tienen
a su
alcance
para
abordar
el
pago
y/o
evitar
la
pérdida
de
la
vivienda.
Además,
y en
función
de
las
características
particulares
de
cada
caso,
los
beneficiarios
podrán
ser
derivados
a un
servicio
de
mediación
con
las
entidades
bancarias
a
fin
de
tratar
de
alcanzar,
mediante
la
negociación
asistida,
un
acuerdo
satisfactorio
para
ambas
partes.
En
aquellos
supuestos
en
que
haya
una
demanda
o
actuación
judicial
derivada
del
impago
de
la
hipoteca,
se
informará
a
los
usuarios
de
la
posibilidad
de
solicitar
el
beneficio
de
la
justicia
gratuita
y se
les
derivará
al
servicio
de
orientación
jurídica
para
que,
si
procede,
sea
la
abogacía
de
oficio
la
que
asuma
la
atención
legal
del
caso.
