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NOTICIAS de los Colegios de Abogados de España
El Consell de l’Advocacia catalana presenta alegaciones contra el anteproyecto de ley del Ministerio de Economía y Competitividad
El Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), que representa a los catorce Colegios de Abogados de Catalunya , denuncia que el único objetivo que persigue el gobierno estatal con la aprobación de una nueva Ley de Servicios Profesionales es 'debilitar' a los Colegios y a los consejos autonómicos de Colegios. El CICAC ha presentado esta semana un conjunto de alegaciones contra el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto, que establece un nuevo marco general para regular el acceso y el ejercicio de las actividades profesionales. El Consell de l’Advocacia Catalana califica la nueva ley de 'intervencionista’ porque pretende establecer los códigos deontológicos de la profesión 'con el intervencionismo del gobierno estatal'. En este sentido, denuncia la 'injerencia' que supone el hecho de que tenga que haber un representante de la Administración en los órganos sancionadores de los Colegios, teniendo en cuenta que 'como corporaciones de Derecho Público que son, garantizan la independencia de sus profesionales'. 'No se entiende que se quiera cambiar algo que funciona, y mucho menos sin ningún tipo de diálogo con los sectores implicados', dice el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Miquel Sàmper, para quien la única explicación es 'un intento de debilitar a los Colegios mediante el intervencionismo’. La Abogacía Catalana también critica la diferenciación que establece la nueva ley entre ‘abogado' y 'asesor jurídico', de modo que estos últimos sólo será preciso que se colegien en caso de que asesoren a terceros 'por cuenta ajena' , es decir , sin que exista un vínculo de naturaleza laboral con la empresa. 'Un abogado que trabaja como asesor jurídico, por mucho que esté contratado y dado de alta en el régimen de Seguridad Social por parte la empresa u organismo que asesora, debe ofrecer las mismas garantías que un abogado que trabaja por su propia cuenta, y esto sólo se puede garantizar a través de la colegiación', advierte Sàmper. Por otra parte, la Abogacía Catalana considera que el anteproyecto de ley, presentado por el Ministerio de Economía y Competitividad, 'invade una serie de competencias autonómicas que el Estatuto atribuye a la Generalitat de Catalunya’.
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