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El abogado recibió el doctorado “honoris causa” por la Universidad de Valencia con una conferencia sobre “El derecho a decidir y la unidad jurídica de España”
El presidente y fundador de Cremades & Calvo-Sotelo considera “que las legítimas aspiraciones sociales y políticas deben canalizarse respetando el ordenamiento jurídico”
El abogado y socio fundador de uno de los principales despachos de abogados de España, Javier Cremades, aseguró hoy que todas las legítimas aspiraciones territoriales, sociales o políticas de España deben acomodarse al ordenamiento jurídico español y que plantear de forma unilateral el llamado “derecho a decidir” es, simplemente, destruir la Constitución. Cremades, que fue reconocido hoy con el doctorado “honoris causa” por la Universidad Internacional de Valencia (UIV), admitió cualquier adhesión o discrepancia política que se haga al respecto, “pero siempre dentro de la ley”. “Soy plenamente consciente de que el ordenamiento jurídico no es inmutable y por ello pienso que los legítimos deseos y aspiraciones sociales y políticas deben canalizarse, pero siempre con estricto respeto a las leyes y a los procedimientos en ellas previstos” afirmó. En su intervención en la Universidad señaló que “no es mi intención expresar aquí ninguna postura política sobre el presente y el futuro de Cataluña, pero, desde mi responsabilidad como jurista, no puedo menos que advertir que toda vía que implique la vulneración del ordenamiento jurídico produciría una grave inseguridad y la quiebra, sin duda, de los derechos fundamentales de los ciudadanos”. Javier Cremades explicó que en una Constitución democrática, como es la nuestra, el derecho de autodeterminación es cualidad exclusiva del poder constituyente, esto es, del pueblo soberano, y “no cabe reconocerlo a partes o fracciones de ese pueblo”, por la sencilla razón de que no cabe fraccionar o dividir la soberanía. “Admitir que pueda ejercerse, aunque se disfrace bajo el término engañoso del ‘derecho a decidir’, ese derecho de autodeterminación no sólo significaría incumplir frontalmente los mandatos constitucionales sino algo aún más grave: destruir, sencillamente, a la propia Constitución”, sentenció. Según el doctorado, “en España vivimos unos años difíciles, no sólo por la crisis económica y sus lacerantes consecuencias sociales, sino por la crisis político-institucional que nos atenaza y que puede generar en el cuerpo social efectos mucho más devastadores”. Tal contexto –a su juicio- puede hacernos perder la perspectiva. En su exposición, el abogado ha insistido en que los reiterados y extendidos casos de corrupción, la deslealtad constitucional de algunos partidos e incluso de algunas autoridades autonómicas, la falta de brío de ciertos partidos nacionales para la defensa de los intereses comunes, el descrédito, en fin, de importantes organizaciones públicas, han originado una desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos, los partidos y las instituciones que puede llegar a convertirse, si esos males no se atajan, en una desconfianza hacia la propia democracia, o mejor dicho, hacia la democracia institucionalizada. Pese a ello, Cremades ha insistido en que la democracia que se canaliza a través de las instituciones previstas en la Constitución, es decir, la democracia constitucional es “la única democracia auténtica, por ser la única garantizada por el Derecho. La llamada democracia ‘de la calle’ sólo puede ser antesala de la demagogia”. Desde su experiencia como jurista, el nuevo Doctor, aseguró que la unidad del Estado y la unidad de la Nación son sinónimos de la unidad del Derecho, una unidad que los españoles tenemos la obligación de preservar y que, aunque admite diversidades y no impone la uniformidad, sí exige la igualdad sustancial de derechos y obligaciones de todos los españoles.
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