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“La prescripción de tratamientos va mucho más allá del mero conocimiento de los medicamentos”
MADRID, 18 de OCTUBRE de 2013 - LAWYERPRESS

El crecimiento exponencial del gasto farmacéutico hospitalario ha hecho que se contemplen los equivalentes terapéuticos como una de las pocas medidas de choque que resultarían eficaces en la reducción de costes. Sin embargo, las sociedades científicas que forman parte de la Federación Nacional de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) se oponen de pleno a esta vía de ahorro.
Tal y como ha puesto de manifiesto el profesor José Manuel Bajo-Arenas, presidente de FACME durante la mesa redonda Límites en el acceso a los medicamentos: transparencia versus opacidad. Efectos sobre la prescripción y sobre los derechos de los pacientes, que ha tenido lugar hoy en el marco del XX Congreso Nacional de Derecho Sanitario, “la prescripción es una actividad muy compleja que forma parte de la práctica médica y que va mucho más allá del conocimiento de los medicamentos. FACME está a favor de las políticas de fomento de genéricos o de la introducción de biosimilares como alternativa a los medicamentos de marca biológicos, pero rotundamente en contra de los equivalentes terapéuticos, ya que limitan la capacidad y libertad de prescripción del facultativo y vulneran los derechos de los pacientes”.
Algunas comunidades autónomas y hospitales, basándose en evaluaciones que a su vez parten de estimaciones de comparaciones indirectas y sin base científica, están realizando declaraciones de supuesta “equivalencia terapéutica” entre medicamentos distintos por el hecho de compartir alguna indicación. En primer lugar y según FACME, deben tenerse en cuenta la necesidad del paciente y la forma en la que se manifiesta la enfermedad en cada caso; pero además, es fundamental considerar aspectos muy importantes del medicamento como su farmacocinética, su farmacodinámica o sus efectos subrogados.
“Los médicos diagnostican y prescriben los tratamientos teniendo en cuenta la mejor evidencia científica disponible y después de evaluar el problema de salud del paciente, las alternativas disponibles, las características y preferencias personales de éste y el coste del tratamiento de elección. Facultativo y paciente adoptan una decisión clínica que conocen, comparten, aceptan y de la que son plenamente responsables. No debe ser modificada ni gestionada por terceros”, insiste el profesor Bajo-Arenas.
En ocasiones, medidas de esta índole pueden derivar, según el presidente de FACME, en cambios de tratamientos sin conocimiento del médico, “privando a los pacientes de la posibilidad de acceder a medicamentos que el profesional sanitario considera necesarios, dificultando una adecuada farmacovigilancia y, en última instancia, limitando a los médicos en su capacidad de prescripción. Todo ello implica, en ocasiones, excluir de la prestación farmacéutica pública medicamentos autorizados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y supone, además, un empobrecimiento del arsenal terapéutico y un menosprecio del valor de la innovación”.
Para la Federación, este tipo de iniciativas autonómicas ponen en riesgo la calidad, cohesión y equidad del Sistema Nacional de Salud. Es esencial que en temas tan importantes haya una única autoridad, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que evalúe los medicamentos contando con el criterio de los médicos a través de las sociedades científicas. “Tener que prescribir el medicamento más barato, sin considerar la mejor opción individualizada para cada paciente, repercutirá a la larga en un peor resultado en términos de salud y en un aumento del gasto farmacéutico y hospitalario, ya que este tratamiento puede no ser el más eficiente, por lo que se necesitarán más recursos (pruebas diagnósticas, ingresos hospitalarios, otras terapias, etcétera) hasta lograr la mejora del enfermo”, concluye Bajo Arenas.
 


 
 

 

 





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