MARKETING
COMUNICACIÓN
INTERNET
FORMACIÓN
RRHH
PUBLISHING & EVENTS
DIRECTORIO
Noticias de Despachos
Operaciones
LP emprende
La Asociación clausura su XXX Congreso en Pamplona, con casi 200 profesionales y recuerda a la Administración que la regulación no debe ser un obstáculo para los contribuyentes que actúan de buena fe
La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) puso fin este sábado fin a su XXX Congreso que, bajo el lema “Inseguridad Jurídica: la erosión del Estado de Derecho”, ha reunido a casi 200 asistentes que han analizado y debatido algunos de los temas de mayor actualidad y que más preocupan a los profesionales del ámbito tributario. Entre ellos ha destacado especialmente la reforma fiscal que elabora el Gobierno y que pretende presentar en el segundo trimestre de 2014. Sobre esta cuestión, el presidente de AEDAF, Antonio Durán-Sindreu, manifestó la necesidad de que se diseñe una “reforma fiscal integral” y se “refuerce la seguridad jurídica del sistema en su conjunto”, con el objetivo de que “se permita el conocimiento veraz de la legislación aplicable para que el asesor en el desarrollo de su actividad pueda asesorar con absoluta seguridad y certeza”. Asimismo ha ensalzado la figura del asesor fiscal como colaborador necesario en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y ha tendido la mano al departamento ministerial que dirige Cristóbal Montoro para colaborar en la elaboración de la reforma normativa. En el acto de clausura también intervino la directora gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, Idoia Nieves, quien consideró necesario un “rearme moral de la sociedad que recupere la pérdida de confianza en los poderes públicos”. Para ello, sería necesario “una simplificación del sistema fiscal en aras a aumentar la seguridad jurídica y desarrollar iniciativas por parte de la Administración Tributaria tendentes a fomentar la conciencia fiscal de los ciudadanos”. Tras dos días de intenso trabajo, la última ponencia correspondió a José Manuel Tejerizo, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED, que se encargó de analizar la crisis en la que se encuentra el principio de seguridad jurídica aplicado al Derecho Tributario. El análisis de este principio se llevó a cabo desde dos vertientes bien diferenciadas: En primer lugar, su posible vulneración desde la óptica de la elaboración y aprobación de las normas tributarias y, en segundo lugar, el problema de la seguridad jurídica en la aplicación de los tributos. Y es que, en muchas ocasiones, las situaciones de inseguridad jurídica en el ámbito tributario se producen por la existencia de una normativa confusa, reiterativa, cambiante y asistemática, defectos que dificultan su interpretación. Por ello, es necesario que en esta materia el legislador dicte normas con mayor claridad y precisión que las actuales. Además, durante el Congreso se ha denunciado el abuso sistemático del Real Decreto-Ley en materia tributaria, dada la utilización excesiva y poco prudente de esta figura que, si bien en su concepción tiene carácter excepcional, se está utilizando actualmente para regular materias que carecen de este carácter y, en ocasiones, sobre las que existe reserva de Ley. Resulta cuanto menos sorprendente que la apreciación de esta “excepcionalidad” se deje a la discrecionalidad del Gobierno. Escasa seguridad juridica Otro de los factores que reduce la seguridad jurídica es la errática elaboración de las normas y el hecho de que muchas de ellas -especialmente las regulan el ámbito tributario- no indiquen su verdadero objetivo en el titulo de las mismas, lo que dificulta su conocimiento y viola el elemental principio de publicidad. En lo referente al principio de seguridad jurídica en la aplicación de los tributos, en las conferencias se ha resaltado la función interpretativa que cumplen las consultas tributarias. En principio las consultas están concebidas como mecanismo que debe aportar seguridad jurídica, dado su carácter vinculante. Sin embargo, esta herramienta pierde eficacia al tener que convivir con otros ordenes interpretativos (Resoluciones, Ordenes, Instrucciones…) que también vinculan a la Administración y que en ocasiones interpretan un mismo supuesto de hecho de forma contraria o diferente. Desde AEDAF resultan especialmente criticables los cambios de criterios interpretativos de la Administración, no tanto por las modificaciones en sí, sino por la forma en que se llevan a cabo. Una cosa es que la Administración pueda cambiar las opiniones o interpretaciones vertidas en las consultas, y otra muy diferente es que dichos cambios interpretativos no se encuentren lo suficientemente fundamentados o motivados. Estas situaciones, que en la práctica son recurrentes, agravan la situación de inseguridad jurídica y dejan al contribuyente que actúa de buena fe totalmente indefenso. Para poner fin a esta situación de inseguridad jurídica, desde AEDAF se considera que se podría proponer que los cambios interpretativos de mayor importancia, es decir, los que afectan a la mayoría de los contribuyentes, se articulasen a través de Órdenes Ministeriales, en lugar de consultas Tributarias. Otro factor que intensifica la inseguridad jurídica lo constituye la forma en la que la Administración finaliza sus procedimientos, pues muchos son los casos en los que se dan por concluidos con silencio administrativo, privando de este modo al contribuyente del derecho a obtener una respuesta clara y precisa.
Buscar en lawyerpress.com
comparte ésta información
Tweet
copyright, 2013 - Strong Element, S.L. - Peña Sacra 18 - E-28260 Galapagar - Madrid - Spain - Tel.: + 34 91 858 75 55 - Fax: + 34 91 858 56 97 - info@lawyerpress.com - www.lawyerpress.com - Aviso legal
