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El Observatorio de Presunción de Inocencia y Juicios Paralelos , impulsado por Fundación Wolters Kluwers, Fundación Fernando Pombo y el Instituto de Desarrollo Carlos III generó un intenso debate en la Asociación de la Prensa sobre este asunto Abogados que defienden a una parte, juez que lleva el proceso, fuerzas de seguridad, medios de comunicación que buscan la exclusiva, son las partes de un todo que en determinadas circunstancias convierten el proceso judicial en juicio mediático de incalculables repercusiones. Para señalar a los responsables de estas actitudes el Observatorio de la Presunción de Inocencia organizó un debate en el que estuvieron presentes Manuel Núñez Encabo, responsable de la Comisión Deontológica de FAPE, Angel Juanes, presidente de la audiencia Nacional, José Manuel Pérez, secretario general del Ministerio del Interior y Rosa Bedregal, abogada experta en deontología moderados por Elsa Fernández (en el centro), presidente de la FAPE (Federación de Asociaciones de la Prensa). Los ponentes hablaron de autorregulación mejor que acudir a la via judicial y de la necesidad de impulsar la deontología en todos estos colectivos. Abrió la jornada Angel Juanes que quiso situar el tema y ver la vertiente jurídica en la jurisprudencia existente en los Altos Tribunales. Indicó que estamos ante determinadas informaciones u opiniones que se alargan en el tiempo que dura el proceso judicial y que pueden distorsionar el mismo creando diferentes juicios de opinión, “ Es fundamental que jueces y magistrados se aíslen de los mismos de esta forma el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio imparcial quedarán salvaguardados”, comentó. También recordó que este tipo de comportamientos dañan mucho a la imagen de la justicia y que en el momento que se conoce que el fallo no tiene nada que ver con lo que se comenta en ese medio informativo, surge el problema y el descrédito. “EL TC reconoce el trabajo de los periodistas a opinar y dar datos siempre que no colisione con otros derechos fundamentales esa libertad de expresión”, explicó Sobre la solución a los problemas que generan los juicios mediáticos, donde muchas veces la reputación de esa persona queda dañada, Juanes no vio demasiadas alternativas aunque de todas ellas prefiere la de autocontrol de los medios de comunicación.: “ Se he hablado del autocontrol de los medios informativos pero de momento no se ha logrado nada. Y parece en tiempo de crisis complicado lograr este tipo de acuerdos. En otros casos se va por la via penal porque se puede estar ante un delito de injurias o calumnias, pero ahí el problema que tenemos es de la lentitud de la justicia hasta que tenemos el fallo definitivo”, subrayó. Desde su visión privilegiada de la Audiencia Nacional estamos ante un problema de educación y civismo en el que los medios informativos deben colaborar más. Por su parte, José Manuel Pérez tuvo a bien explicar la actividad de los cuerpos de seguridad del Estado. Y empezó comentando que el papel de los medios informativos había cambiado en el tiempo, cuarenta años, que lleva como profesional en ejercicio. “Ahora ya no recogen la nota que le damos sobre las incidencias de cada ciudad, sino que investigan y tienen sus contactos en todos los estamentos. La sociedad ha cambiado y su forma de trabajar también”, añadió. Y también explico que hay dos normativas 2/86 de de 13 de marzo y la 20/2010 de mayo que señalan como infracciones graves o muy graves las confidencias de materias secretas que se hagan a terceros. De hecho la pena por delito muy grave oscila desde la separación del servicio hasta los seis años a tres meses de inhabilitación. “ Desde hace dos años que asumo este Gabinete Técnico de la Policía y hemos intentado que nuestros profesionales interioricen estos principios así nació el Código Etico de mayo pasado”., un documento que revela lo que puede y no puede hacer un policía. EL documento tiene un decálogo final que se puede encontrar en todas las comisarias del país. Pérez se mostró molesto con ciertos titulares en prensa que pueden incriminar a un país desde su punto de vista. Todos los operadores jurídicos, culpables Manuel Núñez Encabo, jurista prestigioso y ahora presidente de la Comisión de Quejas y de Deontología de la FAPE, (en la foto que se adjunta) recordó que en este año se cumplía 20 años del Código Etico Europeo. “Creo recordar que es el primer debate al que asisto en el que se habla de la responsabilidad en los juicios paralelos; surgen cuando un proceso está abierto y subjudice o acaba de finalizar”. Recordó que los medios informativos tienen que hacer su trabajo y el deber de informar siendo veraces “ otra cosa es saber que tienen que hacer si por algún motivo les llega un sumario declarado secreto a sus manos. Creo que tendrían que informar siempre con los limites que quedan claros en el articulo 20 de la Constitución a la veracidad y al respeto a la persona. Encabo se mostró partidario de la autorregulación en la profesión periodística y recordó a los asistentes que no es sencillo encontrar ese estándar para todos los periodistas. “ Ya saben ustedes lo complicado que es escribir. Se usan las palabras a veces de forma poco adecuada sobre todo porque hay que luchar contra el tiempo”. Y explicó el trabajo de su institución que recoge las quejas de los ciudadanos sobre determinadas noticias procurando solventarlas desde la deontología profesional. “ En estos tres años en los que llevo al frente de dicha Comisión hemos resuelto unos 80 quejas, la última relacionada con una información que publico un diario digital sobre la Casa Real”, recordó. Desde su punto de vista este tipo de modelo de autorregulación funciona si la Comisión que aplica ese código deontológico es independiente a la profesión, como pasa en FAPE “En nuestro caso hablamos de una sanción social que también tiene su importancia como la jurídica”, comentó. Y es que desde su punto de vista los responsables de una información tendenciosa deben asumir las consecuencias, además de pedir perdón, como ha pasado en determinadas ocasiones. En su turno de palabra, Rosa Bedregal, abogada experta en deontología resaltó la culpabilidad de todos los operadores jurídicos en el desarrollo de los juicios paralelos. “Me preocupa la judicialización de la vida diaria, porque además de generar un interés para el ciudadano en determinados momentos se puede ser juez y parte. No importa la información veraz y los medios de comunicación llegan a crear determinados estados de opinión”. Y citó situaciones como los juicios mediáticos que sufrieron Banesto, los afectados de la colza, Rocio Wanninkof o actualmente el conflicto alrededor de Asunta, niña aparecida muerta en Santiago: “ Da la sensación que con la crisis económica los medios informativos encuentran en este tipo de procesos la alternativa para encontrar beneficios de forma más rápida”, apuntó. Sobre la solución posible a este tipo de situaciones y los problemas que se derivan, Bedregal se mostró partidaria de la autorregulación por encima de cualquier reclamación jurídica como ya viene reflejada en el Código Penal, artículos 466 y 417. Respecto a la deontología en la propia abogacía ve un problema añadido y es que esa concienciación sobre esos asuntos parece aún que no ha calado en los propios abogados “ El juicio paralelo distorsiona el dercho a la intimidad, a un juicio justo, al honor de esa persona e incluso a su presunción de inocencia, cuestiones todas ellas muy graves y que se deben evitar”. Y como otros ponentes habló de la necesidad de impulsar, desde la educación determinados hábitos para que se puedan entender de forma mejor las noticias jurídicas y su repercusión. “Una cosa es el fallo público de un medio informativo y otra el de un tribunal, desde el punto de vista jurídico”.
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