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OPINIÓN
Por Paz Martin, Abogado, Directora de Nuevas Tecnologías de HERRERO & ASOCIADOS
El pasado jueves, el grupo de trabajo del Artículo 29, organismo asesor independiente formado por expertos en protección de datos de todos los Estados miembros de la Unión Europea y cuyas funciones se encuentran previstas en la Directiva de Protección de Datos 95/46/EC, lanzó un aviso urgiendo al Parlamento Europeo y las partes interesadas a aprobar el ya anunciado Reglamento de Protección de Datos que regirá la privacidad de los tratamientos de datos realizados en la Unión Europea antes de que finalice la presente legislatura (que terminará en mayo de 2014). Este "aviso a navegantes" responde a la preocupación creciente de las instituciones comunitarias y de sus ciudadanos sobre la seguridad de la información, la privacidad de las comunicaciones y de las operaciones en la red. Los últimos escándalos sobre espionaje a los gobiernos europeos y sus dirigentes, el "intercambio" de información entre gobiernos y una importante penetración de compañías americanas (fundamentalmente redes sociales, buscadores y plataformas de comercio electrónica) urgen el tan anunciado cambio legislativo para homogeneizar la regulación y dar un paso más en la protección de los derechos de los ciudadanos comunitarios amparados por una regulación exigente pero que la evolución de la tecnología y de los mercados ha revelado insuficiente. Para quien no esté muy introducido en estos temas, baste un apunte: en la actualidad compañías como Facebook no se someten a la regulación sobre protección de datos de la Unión Europea y por lo tanto los usuarios no gozan de las mismas garantías y seguridad que si los datos los proporcionasen a una compañía por ejemplo española. La normativa americana, por ejemplo, es bastante más tolerante en el uso de los datos de los usuarios y la política de los "consentimientos" es bastante más laxa que en Europa. El nuevo Reglamento estaba anunciado para este último trimestre del año y todo parece que despediremos el 2013 sin su aprobación. El escollo principal parece que reside en el acuerdo sobre la llamada "ventanilla única" o "one-stop-shop", un mecanismo único de denuncia frente al uso de datos por parte de grandes compañías (por ejemplo Facebook, Twitter o la propia Google) y la necesidad de solicitar el consentimiento para hacer uso de los mismos fuera del espacio común. Hace un par de meses el acuerdo era casi unánime pero no se nos oculta que las presiones de los lobbies interesados pueden estar influyendo en este retraso. Uno de las novedades del Reglamento es precisamente la fijación del ámbito de protección que se centra en los ciudadanos y no tanto en el territorio en el que se encuentre el operador o la compañía. Esto obligará, muy probablemente, a las grandes compañías citadas a modificar su política de privacidad para los ciudadanos comunitarios proporcionándoles todas las garantías en él contempladas. Para las compañías españolas que ya estén cumplimiento la actual LOPD las novedades no serán "traumáticas". Gozamos de un norma exigente y muy proteccionista de la privacidad de los ciudadanos, pero es cierto que el régimen sancionador que pretenden implantar intimida un poco ya que se contemplan sanciones de hasta el 2% de la facturación de una compañía. Esto puede suponer una multa con muchos ceros en algunos casos. En definitiva, pocas veces vemos "tirones de orejas" de este tipo y es de agradecer como usuarios y ciudadanos que alguien se preocupe de recordarle a los señores parlamentarios y a todos aquellos involucrados en este proyecto que se centren en sus obligaciones y dejen de poner palos en las ruedas a iniciativas legislativas polémicas pero necesarias.
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