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La aceptación de un marco jurídico legal para llevar a cabo la consulta soberanista es una cuestión que depende únicamente de la “voluntad política”. Y esa voluntad política, en opinión de Samper, no existe Su intervención, esperada, no decepcionó a los asistentes que esperaban sus palabras. El presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Miquel Samper, lamentó en su intervención en el dia de ayer en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que en lugar de preguntarse por qué surgen determinados movimientos sociales, el Gobierno saque adelante proyectos como la Ley de Seguridad Ciudadana, que “limita derechos y libertades”. reclamó la dimisión del ministro Gallardón por las tasas judiciales, dijo hoy que “el derecho a la tutela judicial afectiva es innegociable y se intenta vulnerar con las tasas judiciales”, porque “todo el mundo, pobre o rico, gordo o delgado, tiene derecho a acudir en un tribunal con independencia de sus ingresos y de dónde viva”. Sobre la consulta soberanista de Catalunya comentó que se puede buscar un marco jurídico adecuado porque hay que escuchar al pueblo pero falta la voluntad política para llevarlo a cabo. El Consejo de la Abogacía Catalana se sumó al pacto catalán por el derecho a decidir porque el 71% de sus miembros votaron a favor. Samper cree que “hace falta un Gobierno humilde con capacidad de autocrítica para corregir los errores en beneficio del bienestar social” y “el Estado de Derecho se volverá a equivocar si saca adelante éste proyecto de ley”. “El ministro Fernández Díaz merece todo el respeto y no nos ha tratado mal en el mundo jurídico, pero discrepo del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana”, insistió Samper durante su intervención en el citado foro de debate, organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum. En su opinión, “limitar derechos y libertades públicos es abrir el camino de una involución que es incuestionable e intolerable en un Estado de Derecho del siglo XX”. Miquel Samper remarcó también que “difícilmente encontraremos un momento donde haya un clamor jurídico tan unánime en relación a la necesaria e imprescindible actualización y refundación de la legislación hipotecaria”. A su juicio, “es necesario readaptarla por desfasada e injusta”, y consideró que la justicia tiene que ganar en credibilidad porque los ciudadanos españoles desconfían de ella ante la lentitud de los procesos judiciales, las bajas sanciones y episodios como el de la ‘doctrina Parot’, que provoca indignación entre los ciudadanos. Consulta soberanista posible Por otro lado, el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana fue especialmente crítico con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya que considera que “lo hace fatal” y al que pidió que dimita. En su opinión, Gallardón es un excelente ministro, inteligente, pero lo que hace con las tasas judiciales es “inconcebible”. Samper, como representante del Consejo de la Abogacía Catalana, comentó también que “el derecho a la tutela judicial afectiva es innegociable y se intenta vulnerar con las tasas judiciales”, porque “todo el mundo, pobre o rico, gordo o delgado, tiene derecho a acudir en un tribunal con independencia de sus ingresos y de dónde viva”. Este jurista afirmó también en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que, desde el punto de vista jurídico, “podría encontrarse un marco perfectamente legal y adaptado a la realidad social para poder realizar la consulta soberanista”. “La voluntad de un pueblo se tiene que escuchar y las leyes se tienen que adaptar a las necesidades de la sociedad, y no al revés”, manifestó. Durante su participación en el citado encuentro informativo, recordó que la aceptación de un marco jurídico legal para llevar a cabo la consulta es una cuestión que depende únicamente de la “voluntad política”. Y esa voluntad política, en opinión de Samper, no existe. ”La Generalitat ha escogido la vía de reclamar al Estado la cesión de competencias para poder hacer la consulta”, explicó, y desde este punto de vista la consulta sí que es imposible, según Samper. El Consejo de la Abogacía Catalana se sumó al pacto catalán por el derecho a decidir porque el 71% de sus miembros votaron a favor. Por otra parte, en calidad de abogado y no de representante del Consejo de la Abogacía Catalana, Samper dijo que “la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto (de Autonomía de Cataluña) fue excesiva”, porque “el pueblo demostró una voluntad a través de todas las vías políticas posibles”. Y recordó que el Tribunal Constitucional consideró que había muchos artículos inconstitucionales, pero muchos de ellos están vigentes en otros estatutos.
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