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Rechazo de las CCAA al nuevo enfoque de Justicia sobre la Justicia gratuita y su financiación y al nuevo mapa judicial esbozado en la reunión “Si las tasas judiciales que nacieron para pagar la justicia gratuita, no cubren ese objetivo, al final habrá que plantearse la viabilidad de las mismas y su posible derogación”. Este es la afirmación final con la que Salvador Victoria, Consejero de Justicia, Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, finalizaba su intervención ante los medios de comunicación que hemos cubierto esta Conferencia Sectorial en la que la ausencia del Ministro Gallardón por un accidente doméstico fue una de las notas más llamativas. Los Consejeros no ven con buenos ojos este cambio en la financiación de la Justicia Gratuita y se muestran muy reacios a asumir un mapa judicial nuevo con Tribunales Provinciales de Instancia lo que supondría la desaparición de muchos juzgados de nuestra geografía. Germá Gordo consejero catalán ha pedido la creación de una comisión que trabaje en la nueva reordenación judicial. En su comparecencia ante los medios de comunicación tras esta Conferencia Sectorial de Justicia, Salvador Victoria, Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, recalcó que en la reunión se habían abordado temas capitales. “ Hemos conocido de primera mano cómo están las reforma que se impulsan desde Justicia, a nivel legislativo, en especial de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Planta y Demarcación que ayudarán a racionalizar los medios humanos y técnicos de nuestra justicia”, comentó. Desde su punto de vista uno de los aciertos son los servicios procesales comunes que harán que esos medios sean más flexibles en su uso.“ Con estas reformas estamos convencidos que la Justicia estará pronto a la altura del resto de servicios públicos de nuestro país”. Y recordó como la Comunidad de Madrid destina del orden de 400 millones de euros al año a la mejora de la justicia, “ el 10 por ciento del coste total de la justicia en España”, sin embargo no está a la altura de lo que esperan los ciudadanos. Victoria mostró a los periodistas su decepción, como comunidad autónoma, antes lo había comentado públicamente, al igual que otros consejeros en la reunión sectorial,“ con la nueva propuesta no se garantiza la vinculación de todo lo recaudado por las tasas judiciales a la Justicia Gratuita”. Recordó que cuando se amplió la ley de tasas judiciales, en febrero del 2013 se vino a decir tanto por el propio Ministro como en la Ley en su artículo 11 que lo recaudado por esta normativa iría a este servicio “garantizar que aquellas personas sin recursos para litigar tuvieran garantizado ese servicio por parte de las administraciones”. El Consejero madrileño comentó que había preguntado la recaudación por las tasas que se espera de 313 millones de euros “ solicito por ello que ese dinero se destine a pagar íntegramente los servicios de justicia gratuita tal y como se hablo, que ahora abonamos muchas Comunidades, como el caso de Madrid, con un coste superior a los 40 millones de euros anuales”, subrayó. Desde su punto de vista este dinero es necesario para mantener la viabilidad del servicio. Y recordó que en el caso de Madrid, se había multiplicado por cinco desde hace diez años, cuando se traspasaron las competencias de Justicia a la capital de España. “Las tasas judiciales se justificaron sobre el pago del servicio de justicia gratuita. El fin era ese. Que hoy no se nos garantice esta cobertura no es una buena noticia. Y de hecho instamos al Ministerio a un replanteamiento sobre este tema. Que busque fórmulas para que este servicio sea viable para todos los ciudadanos que lo necesiten”. Victoria subrayó que caso de no hacer esto es evidente que las tasas solo tendrían un fin recaudatorio; de barrera al acceso a la justicia gratuita y por ello“ se debería plantear en el futuro su derogación”. La fórmula que plantea Justicia no satisface a ningún consejero “ es compleja y Justicia solo se compromete de lo que se deriva del Real Decreto de 2013 y sus incrementos y no de la totalidad del sistema de justicia gratuita. Opuestos a las tasas y al nuevo mapa judicial Salvador Victoria confesó que esta propuesta ha tenido un rechazo general por todos los Consejeros convocados a esta reunión y confía que Justicia pueda hacer otros planteamientos más razonables para que pueda financiarse el servicio de justicia gratuita. Otros consejeros que comparecieron ante los periodistas que estábamos acreditados fueron los representantes de Andalucía, Asturias y Canarias. Emilio de Llera, Francisco Hernández y Guillermo Martinez, que lo hicieron de forma conjunta. También se mostraron muy molestos con el cambio de rumbo del Gobierno en el tema de las tasas, aludiendo al artículo 11 de dicha ley :. "En este asunto, como en otros muchos, también se está sufriendo la asfixia económica del Gobierno", subrayó el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera. Tanto el propio de Llera como Hernández, consejero canario, mostraron su oposición al esbozo de nuevo mapa judicial que esgrime el Gobierno y que contempla tribunales provinciales de instancia que en el caso de Canarias es complejo ponerlos en marcha, “ en nuestras siete islas este modelo es inviable, habría que adaptar otro tipo de reorganización”, comento. Por su parte el consejero asturiano subrayó que otro tema que les habían comentado era los cambios normativos en marcha, cerca de 18 y que creo que “ más que avanzar supone un retroceso en los derechos de los ciudadanos, como la nueva reforma penal o la ley de Seguridad Vial”, apuntó. Desde su punto la concentración de la justicia en las capitales de provincia, lejos de acercar al ciudadano le deja aislado, sin cobertura. Por su parte, el consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Germà Gordó, reclamó que se ponga en marcha una comisión de trabajo que asuma la nueva organización judicial que plantea el Gobierno. En ella estarían presentes representantes del Ejecutivo, de todas las comunidades autónomas y de las asociaciones y federaciones de municipios y provincias. Sobre el uso del catalán por jueces y magistrados, como exigencia y no como mérito, volvió a sacar ese tema pero sin respuesta por parte de Justicia.
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