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En su reunión anual muestran su rechazo al nuevo modelo de elección de los vocales del CGPJ por su imagen de contaminación política Este miércoles ha concluido la La XXIII Reunión Nacional de Jueces Decanos de España, celebrada desde el pasado lunes en Sevilla donde se ha pasado revista a la situación de nuestra justicia con un invitado de excepción, el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional. En el documento de conclusiones que conocíamos ayer, los magistrados acuerdan proponer la supresión de la posibilidad que establece el Código Penal de suspender el cumplimiento de las penas por casos de corrupción en caso de que se solicite el indulto, así como suprimir estos casos del «elenco de delitos a enjuiciar por el jurado popular». Desde su punto de vista los problemas de nuestra justicia son crónicos; falta de medios y politización. En este sentido este colectivo muestra su rechazo al nuevo formato del CGPJ que según estos profesionales ha impregnado a la carrera judicial de más politización. ". En este contexto ven necesario "modificar el actual sistema de elección política de los vocales que tanto daño está haciendo, no ya a la institución --herida de muerte--, sino a los propios jueces y magistrados, que nada tienen que ver con esta indeseada situación; y que también afecta a los propios ciudadanos que no tienen por qué tolerar semejante perversión de sus instituciones", se indica en las conclusiones. Frente a las cuestiones habituales judiciales, las conclusiones que se dieron a conocer a yer incluyen un apartado específico de «propuestas para una más eficaz lucha contra la corrupción» en el que también se reclama la «deseable» creación de un «cuerpo nacional de peritos contables, integrado por expertos auditores y economistas, a disposición de los juzgados a semejanza de los médicos forenses» y se rechaza «de todo punto» que la designación última de peritos «se efectuada por parte del director de la Agencia Tributaria o por cualquier otro cargo público de designación política». Con carácter general, los jueces decanos subrayan la necesidad de garantizar «mecanismos ágiles de apoyo» en juzgados «sobrecargados» o encargados de asuntos «especialmente complejos o de gran trascendencia social --y singularmente en casos de corrupción-- que requieren una dedicación intensiva del juez». España es un país con un índice de litigiosidad importante con respecto a otros países de nuestro entorno”, subrayó Francisco Martínez Espinosa, juez decano de Mallorca y portavoz de los decanos españoles, “la respuesta que se ofrece con los medios que tenemos es mucho más que digna. Más no se puede hacer” indicaba.” (en la foto). Para este colectivo, «si de verdad se quiere una eficaz lucha contra la corrupción, habrá que dotar urgentemente a los juzgados de instrucción de los oportunos medios», para lo que propone medidas de apoyo como «la asignación de jueces de refuerzo, una mayor dotación de medios personales y materiales, incluyendo la exención de reparto en todo o en parte durante un periodo prudencial». Para asuntos de especial complejidad plantean que, a petición del juez, se pueda articular su asistencia por jueces en prácticas o de apoyo para colaborar en la instrucción de la causa. En la misma línea apuestan por reforzar las unidades de auxilio a la instrucción judicial o permitir su dedicación exclusiva a esas funciones para «no demorar los plazos de emisión de los peritajes necesarios para la finalización de las instrucciones en curso» y rechazan «de todo punto que la designación última de peritos sea efectuada por parte del Director de la Agencia Tributaria o por cualquier otro cargo público de designación política». En este sentido, consideran «deseable la creación de un cuerpo nacional de peritos contables, integrado por expertos auditores y economistas, a disposición de los juzgados, a semejanza de los médicos forenses». Otras demandas de los jueces decanos a las administraciones se refieren a la necesidad de programas específicos de formación en la tramitación de delitos relacionados con la corrupción fundamentalmente medidas cautelares como embargos, ejecuciones anticipadas o subastas; la tramitación urgente de la prolongación de jornada de funcionarios o el nombramiento de funcionarios «con los recursos económicos oportunos» o la creación de un «cuerpo de policía judicial, funcional y orgánicamente dependiente del Poder Judicial previsto en el artículo 126 de la Constitución». También incluyen entre sus reivindicaciones al Ministerio del Interior, al que insta a «proteger especialmente» a los jueces de instrucción que tramiten causas relacionadas con la corrupción «articulándose las medidas oportunas al efecto por parte de las fuerzas policiales». Por último, los jueces decanos subrayan que la autonomía presupuestaria es «indispensable para que el Poder Judicial disponga de medios necesarios para afrontar con mínimas garantías de éxito dicho reto». En contra del nuevo modelo del CGPJ En esta reunión celebrada en Sevilla, los jueces decano también han mostrado su rechazo al nuevo modelo de elección del CGPJ para corregir el "daño" que sufre la institución ante la opinión pública por su "terrible imagen de contaminación política". En ese citado documento de conclusiones se indica que hay un "rechazo frontal a cualquier injerencia política" en la designación y funcionamiento de los órganos de gobierno del Poder Judicial y en el que se advierte de que "sólo una defensa efectiva de la independencia judicial permitiría al CGPJ reconciliarse con los jueces y con la sociedad". En este sentido, los jueces decanos muestran su "respeto institucional" a los nuevos vocales del CGPJ, pero "lamentan profundamente la nada deseable imagen que se ha transmitido a la sociedad como consecuencia de la renovación, con nombramientos repartidos entre los partidos políticos mediante las ya habituales cuotas previamente pactadas". En este contexto ven necesario "modificar el actual sistema de elección política de los vocales que tanto daño está haciendo, no ya a la institución --herida de muerte--, sino a los propios jueces y magistrados, que nada tienen que ver con esta indeseada situación; y que también afecta a los propios ciudadanos que no tienen por qué tolerar semejante perversión de sus instituciones". Desde su punto de vista, "el sistema español de elección parlamentaria de los vocales del CGPJ instaurado en 1985 y ahora revalidado transmite una terrible imagen de contaminación política que incluso afecta a la elección del presidente que, como viene siendo habitual, es designado y elegido por los partidos políticos aunque formal y aparentemente sean los vocales quienes votan". «No puede acabar siendo un poder mendicante ante quien precisamente debe controlar, ni actuar con precariedad de medios frente a poderosas redes que pudieran actuar al margen de la ley», concluye el documento aprobado en la XXIII Reunión Nacional de Jueces Decanos de España.
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