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Comparecencia del titular de Interior en la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso Jorge Fernández Díaz defendía en el dia de ayer en el Senado el nuevo texto de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. El ministro del Interior señaló que la nueva ley será la de los derechos que unos ejercen respetando la libertad de todos, la ley de quienes se manifiestan ejerciendo su derecho y respetan la libertad de quien no lo hace”. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, respondía a dos preguntas parlamentarias durante la sesión del control al Gobierno en el Senado formuladas por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista. En respuesta a la interpelación del senador del Grupo Parlamentario Socialista, Enrique Cascallana, “sobre la política de seguridad desarrollada por el Gobierno y su respeto a los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos y al principio democrático de la separación de poderes”, el ministro del Interior señalaba que la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana es obligada por la modificación en trámite del Código Penal, que elimina de su ámbito actuaciones hasta ahora calificadas como faltas. Fernández Díaz explicaba que algunas de esas faltas relacionadas con los hurtos y con la delincuencia patrimonial, debían recibir una sanción mayor y convertirse en delitos en la nueva categoría de delitos leves, “dando así respuesta a la demanda de los ciudadanos que no entienden por qué en nuestro país queda impune la multirreincidencia delictiva” El titular de Interior indicó que la imposición de sanciones estará rodeada de todas las garantías constitucionales exigidas por el Tribunal Constitucional. Así, Jorge Fernández Díaz ha explicado que esta Ley no modifica ni una sola letra de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, aprobada en 1983, sino que establece un nuevo marco jurídico para proteger mejor la seguridad ciudadana. Fernández Díaz trasladó al senador Cascallana que el Anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana va a ser “la ley de los derechos que unos ejercen respetando la libertad de todos, la ley de quienes se manifiestan ejerciendo su derecho y respetan la libertad de quien no lo hace”. En este sentido, destacó que, por primera vez, el nuevo texto define el concepto de seguridad ciudadana a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y enumeran los fines que debe perseguir la actuación de los poderes públicos en lo que se refiere a garantías del ejercicio de derechos y libertades, protección de personas y bienes, erradicación de la violencia. Asimismo, se enumeran los principios rectores de esta actuación pública como son el principio de legalidad, de proporcionalidad, de igualdad, de control jurisdiccional o de no discriminación. Asimismo, el ministro quiso detallar en el Pleno del Senado algunos de los aspectos del contenido de la nueva ley. De esta manera, Fernández Díaz ha explicado que en materia de regulación de las órdenes y prohibiciones, el nuevo texto es más garantista que la Ley de 1992 ya que añade que las órdenes y prohibiciones han de ser motivadas, proporcionadas y perseguir un fin constitucionalmente legítimo. En cuanto a la regulación de la entrada y registro en el domicilio, el texto es más garantista ya que añade a la legislación vigente que se debe recabar siempre consentimiento previo y, en su defecto, autorización judicial. Además, en relación a la regulación de la identificación de personas, se exige una mayor motivación y se impone el estricto cumplimiento de los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación. En cuanto a las diligencias de cacheo e identificación, se exige el respeto al principio de mínima injerencia y se imponen los mismos principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación. Durante su intervención, el ministro del Interior ha tachado al Grupo Parlamentario Socialista de establecer “una idea parcial, sesgada, manipulada de este Anteproyecto de Ley, un relato que no se corresponde con la realidad” y ha afirmado que el Anteproyecto “es mucho más que un régimen sancionador, aunque ustedes hayan querido silenciar esta parte del debate”. En este aspecto referido al régimen sancionador, Jorge Fernández Díaz ha explicado que se considera como infracción muy grave la celebración de manifestaciones no comunicadas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas, siempre que lleven aparejado riesgo para las personas o un perjuicio para su funcionamiento. Asimismo, subrayó que el anteproyecto califica como infracción grave otras conductas tales como provocar incendios en la vía pública, portar, exhibir o usar armas de modo negligente o temerario o el deslucimiento grave de bienes muebles o inmuebles dedicados al uso o servicio público En este contexto, el ministro del Interior afirmó que “los ciudadanos no tienen por qué soportar los actos de vandalismo que son la máxima expresión del incivismo y de la insolidaridad ni tampoco tienen por qué pagar la factura de la violencia urbana”. “La futura ley sólo puede inquietar a quien pretenda incumplirla”, ha concluido Fernández Díaz.
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