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Por Miquel Sàmper, Presidente del Consell de l’Advocacia Catalana
Según la Comisión Europea, un 64 % de los españoles no confían en su sistema judicial, un 73% cree que la ley no se aplica y un 85 % cree que, cuando se hace, es de forma discriminatoria; el grado de desconfianza de los españoles es 22 puntos superior a la media europea. ¿Por qué? Según Transparencia Internacional, el índice de percepción de la corrupción en España ha sufrido un claro aumento, volviendo a los niveles de 1997 y pasando del puesto 30 de la clasificación al 40, superado por países como Botswana. Los motivos son claros: el estallido de muchos casos de corrupción mediáticos y una lentitud y laxitud en las sanciones penales, especialmente en los escándalos relevantes, que han provocado una indignación generalizada. Y si la visión externa es negativa, la interna no es mucho más alentadora. La ley de tasas ha creado la división de los justiciables en tres categorías: la de los ricos, sin dificultades para acceder a la justicia; la de los pobres, cobijados por el beneficio de justicia gratuita; y las clases medias, las más golpeadas por esta limitación al derecho a la tutela judicial efectiva, que impide que se pueda acudir a la justicia con independencia de la clase social, lesionando así el derecho a la igualdad ante la ley. Hasta 2.000 euros puede llegar a pagar una persona física y hasta 10.000 una jurídica, en primera instancia, y un mínimo de 800 euros para acceder a la segunda. Poco satisfecho el legislador con la destroza, el proyecto de nueva ley de planta judicial puede acabar siendo la estocada; con una distribución judicial basada en los Tribunales de Instancia y con sedes provinciales, nos podemos encontrar con situaciones en las que el ciudadano que pretenda defender legítimamente sus intereses tenga que recorrer ochenta quilómetros, o superar puertos de montaña para acceder a Girona o a Lleida. La conclusión es clara; está reordenando el sistema judicial español disuadiendo a los ciudadanos con dos casi insalvables obstáculos: uno económico haciendo pagar -y mucho- para acceder a la justicia, y otro de dificultad en la proximidad territorial, que no deja de ser un otro impedimento económico, tanto por el gasto en el desplazamiento como en la cuantificación del tiempo dedicado. Y la consecuencia, más que evidente: los españoles somos y acabaremos siendo más diferentes ante la ley según nuestros ingresos económicos y según nuestro lugar de residencia. También a nivel interno la enfermedad es grave por lo que no se hace o se hace mal. Basta con observar la inactividad legislativa en materia de desahucios hasta la sentencia del Tribunal de Luxemburgo (a pesar de los suicidios), o la inaceptable y politizada interpretación que ha hecho de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la Doctrina Parot, escuchando incluso declaraciones impunes de políticos de alto nivel recriminando no haber ejercido suficiente presión sobre el Juez español del Tribunal .... Estas patologías de nuestro entramado institucional generan una impotencia social que hemos visualizado en forma de protesta con movimientos como el 15-M, las manifestaciones por las preferentes o de las víctimas del terrorismo, o el activismo de la PAH. Nuestro Estado de Derecho se volverá a equivocar si la respuesta que da a estos movimientos sociales de protesta es el proyecto de ley de seguridad ciudadana. Limitar derechos fundamentales reconocidos por nuestra constitución es traicionar de nuevo la voluntad del constituyente e iniciar un camino de involución impropio de un estado moderno del siglo XXI. Así lo ha dicho el comisario Nils Muizneks (máxima autoridad del Consejo de Europa en materia de derechos humanos) el cual ya antes de este proyecto de ley, en un informe emitido a raíz de su visita el pasado mes de junio en España, consideraba que “eran desproporcionados el uso de la fuerza en las manifestaciones y las multas que se imponían a los manifestantes” ..... Nosotros ahora, seis meses después de la emisión de este informe, nos planteamos hacer una ley restrictiva del derecho de reunión y del derecho de manifestación. Y hablando de involución y restricciones de derechos, mientras escribo estas humildes reflexiones, otra vez el Ministerio de Justicia se saca de la manga un proyecto de ley sobre el aborto, volviendo a una norma de supuestos y dejando la de plazos, extendida por la gran mayoría de los países de la UE. ¿Alguien no ha visto todavía que estamos acabando poco a poco con nuestro Estado de Derecho ... ? Pues estemos expectantes, porque es acabar con nuestra libertad y probablemente con el valor más preciado que nos queda, sin que su mantenimiento dependa de ninguna coyuntura diferente a la voluntad de los poderes públicos.
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