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Por María Victoria Rosell Aguilar. Portavoz adjunta de Jueces para la Democracia
Jueces para la Democracia se ha pronunciado públicamente en contra del proceso de renovación del CGPJ y la elección de su presidente al considerar que este Consejo nace notablemente devaluado tras la reforma de la LOPJ operada por la LO 4/13, que limita sus competencias y su operatividad, y pone en peligro su función fundamental de defender la independencia judicial. De una reforma legal diseñada para controlar el Poder Judicial, eliminando el equilibrio diseñado en el artículo 122 de la Constitución y sometiendo la composición de este órgano al exclusivo interés de los partidos, ha nacido un Consejo formado por vocales cuya elección se ha negociado por las cúpulas de los partidos políticos mayoritarios en función de sus propios intereses, en un proceso carente de transparencia en el que no ha existido evaluación de méritos ni presentación de programas de actuación al Parlamento o a la ciudadanía; vocales que además pueden seguir en su mayoría compatibilizando sus profesiones jurídicas con funciones de gobierno de los jueces como las relativas a inspección, nombramientos discrecionales para determinados cargos judiciales o régimen disciplinario, con los evidentes riesgos que ello conlleva. Su primera actuación como tales ha sido apoyar mayoritariamente la elección como presidente, que también lo es del Tribunal Supremo, de la persona propuesta por el Gobierno, constatándose ya la dificultad de que con tales mimbres puedan realmente actuar con autonomía frente a los partidos políticos que les han nombrado y ejercer sus altas funciones constituciones, garantizando la gestión eficaz y coordinada de la mejora de la administración de justicia y la independencia judicial, que no es una prerrogativa de las personas que formamos parte de la carrera judicial, sino un derecho de la ciudadanía y un pilar de la democracia. Tales actuaciones incrementan el descrédito de la institución a los ojos de una sociedad que, en una situación de profunda crisis económica, social y de libertades, exige legítimamente contar con un poder judicial fuerte e independiente de los otros grandes poderes, tanto los institucionales como los que L. Ferrajoli llama "los poderes salvajes", que tienden a operar con sus propias reglas pero han de someterse a la legalidad y respetar los derechos, libertades y garantías propios de un Estado Social y Democrático de Derecho que el poder judicial debe defender. Por ello y pese a ese inicio, el primer reto al que habrá de enfrentarse el CGPJ será articular un proyecto propio desmarcándose de las directrices provenientes de los partidos políticos y tratando de recuperar con hechos el prestigio perdido. Debe escuchar las demandas del poder judicial dirigidas a ejercitar su función de un modo digno y prestar el servicio público de Justicia que exige la ciudadanía. Anteriormente se han realizado avances destacables en beneficio común en materias como la violencia de género y la mediación intrajudicial en las que hay que seguir profundizando, y de cara a la carrera judicial se han dado algunos pasos positivos en cuestiones como la prevención de riesgos laborales, -aún sin evaluación individualizada de riesgos y enfermedades profesionales y de los centros y puestos de trabajo-; iniciativas en materia de conciliación de la vida familiar y laboral y en materia de igualdad que no pueden desmantelarse, al ser campos en los que la judicatura española se encuentra notablemente atrasada respecto a los países de nuestro entorno. También se deben afrontar deberes inaplazables en materia de determinación de cargas de trabajo, formación judicial y diseño de la carrera profesional, nombramientos discrecionales, organización de Juzgados y Tribunales y modernización de la oficina judicial, incluida la interoperabilidad de los diversos sistemas informáticos sin merma de la seguridad y de la protección de datos. Todas ellas son cuestiones en las que es necesario que el nuevo Consejo determine sus prioridades en sintonía con la carrera judicial y las asociaciones. En la situación actual resulta imprescindible incrementar la planta judicial para acercarnos al nivel europeo de jueces por habitante y fijar la carga máxima de trabajo que puede asumir cada órgano judicial para atender las demandas de la ciudadanía con la dignidad y el tiempo que merece cada caso. El Gobierno ha suprimido la práctica totalidad de las sustituciones externas e implantado un sistema de sustitución interna que conlleva sobrecarga de trabajo y mayor demora de los juicios; ha suspendido las convocatorias de acceso a la carrera judicial cubriendo únicamente las bajas, y ha precarizado las condiciones laborales de las últimas promociones de la carrera judicial, que se encuentran sin plaza en titularidad y a merced de los nombramientos de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, lo que no permite garantizar las condiciones adecuadas para el ejercicio de la jurisdicción. Además, pese al incremento de la demanda de Justicia por la ciudadanía, que sufre los desahucios, los recortes de servicios sociales, las cláusulas bancarias abusivas y la devaluación de los derechos laborales, ha instaurado unas tasas judiciales desproporcionadas que resultan disuasorias, salvo para las grandes empresas -y contrariamente a lo dicho no se están destinando a la Justicia Gratuita-, cercenando con todo ello el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El CGPJ debe situarse al lado de la judicatura y de la ciudadanía en la exigencia de medios personales y materiales para que la Justicia pueda prestar un servicio público digno. Debe conocer las condiciones en que se presta y ser el primero en reaccionar frente a los gobiernos con competencias en esta materia para prevenir casos tan lamentables como la muerte de un compañero en el deplorable edificio de los Juzgados de lo Social de Madrid, que ha motivado la primera denuncia de Jueces para la Democracia ante la Inspección de Trabajo. Debería dedicar sus esfuerzos en comunicación no sólo a las actividades de las altas instituciones como el propio CGPJ o los TSJ, sino a informar a la ciudadanía de las condiciones en que se desarrolla el trabajo judicial, y ante resoluciones de especial relevancia pública, dar voz en pro de la transparencia y la verdad a quienes no deben hablar públicamente de procesos o investigaciones reservadas, pero tampoco pueden permanecer silentes ante determinadas reacciones que exceden notablemente de la crítica razonable y legítima de las resoluciones judiciales para constituir auténticas presiones y ataques a la independencia judicial; respetando y promoviendo también la participación en el debate público de las asociaciones judiciales. Debe dedicar el Servicio de Inspección de Juzgados y Tribunales a conocer su situación real y proponer las medidas que sean precisas para su mejora, y a atender las quejas ciudadanas legítimas, no servir de instrumento para que personas con poder incrementen de forma interesada la presión al juez o tribunal que ha de adoptar una resolución, utilizando al propio CGPJ para tales fines. Debe superar una política de nombramientos oscurantista y que atiende a valoraciones ajenas a la función judicial, y elegir a los cargos judiciales conforme a los criterios de solvencia profesional, mérito, capacidad e igualdad, en un proceso transparente y público, comenzando por las presidencias de los futuros tribunales de instancia, y también propiciar la democracia interna en los demás órganos de gobierno del poder judicial. Los últimos anteproyectos de ley del Gobierno sacan a la luz su desconfianza hacia un poder judicial que no ha respondido a sus expectativas sino que ha actuado como garante de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y está clara la falta de apoyo, rayana en el desprecio, al poder llamado a controlar los excesos de la clase política, especialmente en la instrucción y enjuiciamiento de casos de presunta corrupción. El mayor reto del nuevo Consejo debería ser precisamente defender la capacidad de actuación, siempre de acuerdo con la legalidad, de personas comprometidas con su trabajo judicial que lo llevan a cabo con una evidente carencia de medios materiales y personales y en condiciones que precisan el amparo institucional de su función jurisdiccional y la defensa de su independencia, en un momento de claro desequilibrio entre los tres poderes del Estado.
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