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La supresión de regulación concede más libertad a los bancos y otras instituciones con intereses en el sector inmobiliario para actuar y ampliar su propia participación en el sector. El Consejo Europeo de las Profesiones Inmobiliarias (CEPI), del que forma parte el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), ha publicado el Informe “Las Profesiones Inmobiliarias y los mercados nacionales de la vivienda en la Unión Europea”, donde expone la situación del sector inmobiliario en los países que configuran la Unión Europea, y analiza cuestiones de tanto interés público, por lo actual, como es la desregulación de las profesiones en Europa, donde se menciona el caso de España en un momento en que se está debatiendo la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Con la publicación de este informe, el objetivo del CEPI es “contribuir al debate actual a escala nacional y de la UE sobre la regulación o desregulación de los servicios profesionales”. De hecho, y desde hace un tiempo se analiza, a diferentes niveles, la desregulación de los servicios profesionales. En algunos países ésta ya se ha producido, pero según el Informe del CEPI, “no se ha visto ningún estudio que explique los motivos de la decisión de desregular y mucho menos, sus repercusiones. Sin duda, ha habido presiones en algunos países para eliminar las restricciones profesionales por motivos económicos y políticos. En particular, España e Irlanda han firmado memorandos de acuerdo que les exigen desregular las profesiones dentro de los requisitos necesarios para recibir ayuda financiera mediante el mecanismo europeo de estabilidad económica. El proceso de gobernancia económica conocido como “Semestre europeo” también se ha utilizado para introducir recomendaciones nacionales específicas sobre la regulación profesional”. Desregulación y crecimiento económico No parecen existir pruebas de un vínculo directo entre la desregulación y el aumento de la competencia o la disminución de los honorarios. Lo mismo ocurre entre la regulación y la restricción de la competencia o unos honorarios más altos. Curiosamente los honorarios más bajos de toda Europa (según este informe) son los que perciben los Administradores de Fincas españoles, lo que demuestra que es compatible la competencia con la regulación. Para el CEPI, “gran parte del debate sobre la desregulación se centra en la necesidad de crecimiento económico basada en el supuesto de que un mercado libre contribuye a la creación de crecimiento económico”. Sin embargo, los datos aportados en dicho Informe no corroboran este supuesto, ya que, en Holanda, por ejemplo, con una desregularización de las profesiones inmobiliarias desde 2002, el aumento posterior del número de profesionales no es más significativo que en otros países vecinos, como Bélgica, país en el que una regulación estricta no ha limitado el número de profesionales, ya que se ha desarrollado de una forma parecida a la de Holanda. En ambos países, los honorarios de los profesionales obedecen a una tendencia parecida. Como conclusión, CEPI establece, además, que “existe otro motivo que suele mencionarse como factor motivador de la desregulación: la supresión de regulación concede más libertad a los bancos y otras instituciones con intereses en el sector inmobiliario para actuar y ampliar su propia participación en el sector”. Regulación profesional, garantía para consumidores El Informe expone, entre los motivos aducidos para la regulación profesional inmobiliaria, “la necesidad de protección del consumidor y la prevención del fraude en particular, de manera que el consumidor obtenga la información correcta y esté cubierto por un seguro de responsabilidad profesional. El debate sobre la introducción de una regulación tiende a centrarse en la necesidad de actuar en interés público y proteger a los consumidores en la que podría ser la operación financiera más importante de su vida y que exige cada vez más conocimientos técnicos y experiencia para garantizar un resultado óptimo y un servicio adecuado, junto con una actitud correcta y responsable”. Para Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE-, estos datos demuestran, una vez más, “la importancia económica y social de las profesiones actualmente colegiadas en España. No se trata de una defensa numantina de la colegiación de las profesiones actuales en beneficio exclusivo de sus integrantes, sino todo lo contrario. A las profesiones colegiadas, entre ellas la de Administrador de Fincas Colegiado, les preocupa, y mucho, la desprotección en la que quedarían los consumidores y usuarios en materias jurídicas, sanitarias, técnicas, científicas, económicas o sociales”. A finales de septiembre de 2013, el Secretario de Estado de Alemania, Enek Farlemann, anunció la intención de introducir unos prerrequisitos para el acceso a la profesión de Administrador de Fincas, incluida la formación y un seguro de responsabilidad civil. Los motivos alegados para esa necesaria regulación incluyen la protección de los consumidores y también la creciente complejidad de las obligaciones de eficiencia energética, que son considerables teniendo en cuenta el gran número de viviendas y el envejecimiento de la población alemana. En contrapartida, en España el Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, actualmente en el Consejo de Estado para su análisis y posterior remisión al Consejo de Ministros, con la total oposición de los Colegios Profesionales y sus Consejos Generales, quienes han denunciado el enorme perjuicio que supondrá, para los consumidores y usuarios, la aprobación de dicho Anteproyecto en los términos en que está redactado.
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