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LP emprende - elecciones Consejo Fiscal.
Por Salvador Viada, Fiscal del TS. Candidato al Consejo Fiscal por Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)
Tengo una opinión muy crítica sobre la Justicia penal en España. Tanto en lo que se refiere a la que pudiéramos llamar común u ordinaria, que afecta a la generalidad de los ciudadanos, como la que afecta a los poderosos, especialmente desde un punto de vista político o económico. La primera es una Justicia de mala calidad, con enormes atrasos, basada en un proceso arcaico ya superado en la generalidad de los países de nuestro entorno y con medios deficientes. Esa Justicia para los "comunes" presenta hoy más de un millón cien mil causas pendientes a finales del año pasado. Pero al menos, sobre esa Justicia no hay sombra ni sospecha de presión alguna: los jueces y los fiscales actúan sin conflicto alguno cada uno conforme a las normas y reglas de su función. Hay también otra Justicia en España, la que afecta a personas de relevancia política o económica, o a casos de esa naturaleza; esa Justicia es determinante de cambios en la organización de Fiscalías y Tribunales, de la progresiva politización del CGPJ, del TC y por supuesto de la Fiscalía. Una Justicia por la que perviven aforamientos y Tribunales para aforados, y en la que el interés político en promocionar a jueces o fiscales de los que esperan afinidad se plasma en sucesivas reformas respecto a la organización jurisdiccional española y en la Fiscalía. Por lo que se refiere a la Fiscalía, la situación es -en ese sentido- muy deficiente. Y ello porque el Fiscal General, jefe del Ministerio Fiscal, elegido con libertad por el Gobierno, es este momento un líder histórico de la asociación de fiscales con mayoría permanente en el Consejo Fiscal (CF). Debemos aclarar que en la Carrera Fiscal no existe contrapeso alguno a la jerarquía que pudiera venir de la estructura de la Fiscalía, salvo el CF. Se trata del único órgano sustraído en la Fiscalía -en teoría- al poder inmediato del FGE y ello porque quienes lo conforman son representantes de los fiscales. No es algo que pueda equilibrar el poder del FGE, pero al menos es una garantía. Pero el CF ha ejercido pocas veces de contrapeso efectivo al poder del FGE, que ha podido actuar, como hemos dicho más arriba, con casi todos sus titulares de manera libérrima. Y ello ha sido así porque desde siempre el sistema electoral ha determinado que las dos asociaciones mayoritarias, con una afiliación que no llega al 30 por ciento de los fiscales, copen en proporción de seis (AF) y 3 (UPF) todas las vocalías del CF. Así ha sido siempre, con Fiscales Generales de todo signo, con las vicisitudes diferentes que se atraviesan a lo largo del tiempo. Y esas asociaciones, poco a poco, han ido integrando la jerarquía de la Carrera con sus miembros más significados. Estrategias de uno para ti y otro para mi, o de 1,1,1 (es decir, un nombramiento AF, otro UPF y otro no asociado), o políticas de "reequilibrio ideológico" han terminado por integrar a valiosos compañeros de esas asociaciones en la jerarquía de la Carrera. Ello hace muy difícil que el Consejo Fiscal (único órgano "independiente" del FGE) luche por los derechos de los fiscales, si eso supone una confrontación con el FGE o con la jerarquía de la Carrera Fiscal. El FGE, cuenta pues de manera natural, con un aliado en sus políticas y decisiones: el CF, o al menos, siempre, una parte ideológica relevante en el mismo. Pensemos que la generalidad de los cargos de responsabilidad en la Fiscalía son renovables, y que la decisión última es del FGE. La confrontación con el FGE desde las asociaciones presentes en el CF supone riesgos para la permanencia de esos cargos de responsabilidad, y consecuentemente, otorga poder sobre ellas al FGE; y a la postre supone una inversión de las lealtades de los vocales: de los fiscales -que les votan- pasa a sus asociaciones -que les proponen-. Y ello al margen de que hoy, el FGE era hasta su nombramiento vocal del CF por la asociación mayoritaria, es decir, más sincronía es difícil de concebir. Si a lo anterior se acompaña del secreto con que se llevan todas las cuestiones que afectan al CF, de manera que los fiscales solo reciben noticias limitadas y a posteriori de lo que se discute ahí, la situación es perfecta para el poder. Hasta la Inspección fiscal depende del FGE, sin una autonomía especial. Fruto de esta situación ha sido el esperpento de la expulsión de un compañero acordada por unanimidad en el Consejo Fiscal por faltas que luego se declararon inexistentes por los Tribunales. Ese esperpento, sin embargo, no ha motivado ni la dimisión en bloque del CF, ni una sola declaración asumiendo responsabilidades por la AF o por la UPF. Recuperar el CF para todos los fiscales es paso previo e indispensable para empezar a cambiar el Ministerio Fiscal y para enfrentar la politización de la Fiscalía.
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