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Preocupación en ADEPI por la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que prepara el Gobierno
MADRID, 11 de FEBRERO de 2014 - LAWYERPRESS
 

Debilita el sistema de gestión colectiva y recorta los derechos de los titulares lo que podría arruinar el sector cultural

El Ejecutivo no ha contado con los agentes de la cultura implicados ni con las indicaciones del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. El proyecto nos aleja de Europa, y además de introducir confusión en el mercado y desconcierto en los usuarios aumentará la litigiosidad. A juicio de esta asociación de creadores los grandes beneficiados de esta reforma son las empresas tecnológicas. Adepi, Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual, rechaza, una vez más, la reforma planteada y denuncia que el actual texto agravará la situación de crisis por la que atraviesa el sector cultural, que ha experimentado, como la última EPA concluye, una alarmante caída en el empleo.
A pesar de las promesas realizadas por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert de crear una mesa de trabajo con las entidades de gestión colectiva para desarrollar el texto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), el equipo interministerial liderado por el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, ultima el proyecto de ley sin contar con el sector cultural, cuyos derechos de propiedad intelectual pretende regular. Tampoco ha tenido en consideración las recomendaciones del Consejo de Estado ni del Consejo General del Poder Judicial, contrarias en muchos aspectos al texto elaborado.
Por todo ello Adepi rechaza, una vez más, la reforma planteada y denuncia que el actual texto agravará la situación de crisis por la que atraviesa el sector cultural, que ha experimentado, como la última EPA concluye, una alarmante caída en el empleo. España se convierte en una excepción cultural negativa entre los países de nuestro entorno que sí protegen la industria cultural y elevan la protección de los derechos de propiedad intelectual como elemento indispensable para la creación de empleo, riqueza y diversidad cultural.
Las entidades agrupadas en Adepi solicitan a los grupos parlamentarios que durante el trámite parlamentario escuchen a los afectados por esta reforma y analicen los rigurosos informes y estudios publicados, incluyendo los dictámenes de los principales órganos consultivos. En sus manos está mejorar una LPI cuya propuesta de modificación nos aleja de Europa, además de introducir confusión en el mercado y desconcierto en los usuarios, aumentar la litigiosidad y beneficiar únicamente a las empresas tecnológicas, que se enriquecen con la explotación de los contenidos de los creadores.

Dictamen del Consejo de Estado
Hace unas semanas desde la propia Adepi, la asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual, valora positivamente el dictamen del Consejo de Estado y ratifica su opinión de que el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, en los términos en los que está redactado, no mejorará la gestión de los derechos de propiedad intelectual ni contribuirá a la dinamización de la industria cultural, ya que introduce ineficiencias en la gestión colectiva y detrae recursos privados –como la regulación de copia privada- que retribuyen el trabajo creativo, base de la industria cultural.
El Consejo de Estado desde su punto de vista, consideraba, que en el ámbito de la gestión colectiva el anteproyecto debe ser mejorado para garantizar la necesaria seguridad jurídica en la materia, y evitar la litigiosidad “en un sector en el que debe reducirse la conflictividad jurídica existente”. Refiriéndose a los operadores de gestión colectiva con ánimo de lucro considera que “el régimen propuesto carece de la imprescindible precisión, rigor y claridad de conjunto”. Además, el dictamen del supremo órgano consultivo del Gobierno critica el intervencionismo que promueve el anteproyecto sobre las entidades de gestión y avala la autonomía de sus órganos de gobierno como principio fundamental de toda regulación vinculada.
El dictamen recuerda al Gobierno que asuntos tan relevantes como el régimen de copia privada o el de las entidades de gestión están siendo objeto de revisión por parte de las instituciones europeas “hasta el punto de que alguno de ellos ya está incluido” en una inminente Directiva. A la vista de esa realidad, el Consejo de Estado considera que “se debe tener en cuenta la previsible aprobación” de nuevas directivas europeas en las materias que pretenden modificarse por el legislador interno, “a fin de garantizar la adecuada transposición del Derecho europeo y evitar eventuales discrepancias”.

 


 

 

 

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