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La nueva normativa exigirá a las entidades la publicación de las retribuciones totales percibidas anualmente por todos los miembros de su consejo de administración El Consejo de Ministros acordó este viernes la remisión a las Cortes, para su tramitación por el procedimiento de urgencia, del Proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito, norma que refuerza el nivel de exigencia hacia el sector financiero en materia de regulación prudencial. Se pretende que se limita el ejercicio simultáneo de los cargos de presidente del consejo de administración y de consejero delegado, salvo que se autorice por parte del Banco de España. Se limita el número de consejos en los cuales pueden participar los consejeros y la remuneración variable al 100% de la remuneración fija, salvo que la junta de accionistas autorice otro porcentaje que no podrá superar el 200%. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que se trata de un régimen jurídico completo que presta especial atención a los procesos de autorización, unidad, honorabilidad y mejoras del gobierno corporativo; atiende a temas como el de remuneraciones y fija claramente las funciones supervisoras en materia de solvencia del Banco de España y las obligaciones de las entidades. Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, explicó que el proyecto recoge en un único texto legislativo toda la normativa de solvencia aplicable en España e incorpora los acuerdos internacionales adoptados en esta materia. En el ámbito del gobierno corporativo y remuneraciones, Luis de Guindos señaló que se limita el ejercicio simultáneo de los cargos de presidente del consejo de administración y de consejero delegado, salvo que se autorice por parte del Banco de España. Se limita el número de consejos en los cuales pueden participar los consejeros y la remuneración variable al 100% de la remuneración fija, salvo que la junta de accionistas autorice otro porcentaje que no podrá superar el 200%. Parte de la remuneración variable total, a determinar por la entidad, deberá estar sometida a cláusulas de reducción o incluso de recuperación de remuneraciones ya satisfechas. También se introduce la obligatoriedad de que las entidades cuenten con un comité de remuneraciones y un comité de nombramientos. Además, De Guindos apuntó que se exige a las entidades la publicación de las retribuciones totales percibidas anualmente por todos los miembros de su consejo de administración. Se extiende a todas las entidades de crédito la necesidad de aprobar, con carácter vinculante, las políticas de remuneración. El ministro avanzó que se establece la necesidad expresa de que el Banco de España de presente, al menos una vez al año, un programa supervisor que incluirá la elaboración de un test de estrés. La gran novedad, a juicio de De Guindos, son los denominados colchones de capital, que permiten a los supervisores exigir niveles de capital superiores a los exigidos por la Unión Europea. Así, se definen varios tipos: colchón de conservación de capital para pérdidas inesperadas; colchón de capital anticíclico específico; colchón de capital para entidades de importancia sistémica y colchón contra riesgos sistémicos. Estos colchones complementan otros requisitos aprobados el pasado 29 de noviembre ya en vigor desde el 1 de enero. Luis de Guindos también informó de los cambios en la composición de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos, que estará integrada por 11 miembros, los cuales no tendrán ningún tipo de remuneración. El ministro subrayó que se adapta la normativa vigente para hacerla compatible con el reglamento comunitario en lo relativo a las participaciones preferentes. En este sentido, ha dicho que España tiene una normativa mucho más estricta en relación con la comercialización y se mantiene esa exigencia. Además, indicó que se elimina el requisito de retención en origen para no residentes, como ocurría en el caso de los bancos o de las entidades cotizadas: "Lo que se hace es aumentar el atractivo de este tipo de mercados porque se eliminan una serie de trámites burocráticos a la adquisición por los no residentes de títulos de renta fija emitidos por cualquier tipo de sociedad".
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