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Participa mañana en la jornada del Fórum de Lege Ferenda sobre la regeneración de la justicia en la Universidad de Barcelona. Analizar la situación actual de la justicia, al hilo de las próximas reformas que el Ministro Alberto Ruiz Gallardón ha comentado que se pondrá en marcha en las próximas semanas, es el núcleo argumental de la jornada que, organizada desde el Fórum de Lege Ferenda, http://goo.gl/DvXP5U, reunirá mañana jueves en la Universidad de Barcelona a Enric Calpena, como moderador que estará acompañado de la diputada del Parlamento de Catalunya Gemma Calvet, Oriol Rusca, decano de los abogados de Xavier González, decano del Juzgado Social de Barcelona y afectado por las consecuencias de las reformas laborales y por la eliminación de una parte de la planta judicial, y Fruitós Richarte y Yolanda Pardo , dos de los 1.500 jueces sustitutos y magistrados suplentes en Cataluña suprimidos por el propio Gallardón. Desde Lawyerpress hemos querido conocer la opinión del mencionado Oriol Rusca sobre estas reformas que pretenden mejorar nuestra justicia. Oriol Rusca, decano del ICAB, será uno de los ponentes de este primer evento del Fórum de Lege Ferenda que tendrá lugar en la Universidad de Barcelona. Hablamos con él cuando aún no se ha apagado el eco de la celebración de San Raimundo de Peñafort, patrón de los abogados en la Ciudad Condal: “Siempre he sido partidario del diálogo, es fundamental consensuar las reformas que llegan ahora la justicia, y la actitud del ministro Gallardón nos llama la atención por haber escuchado a los operadores jurídicos”, comenta. “De todas formas muchas de esta reformas parece que quieran alejar al ciudadano de la justicia, tanto la reforma del CGPJ como la futura Ley de Servicios Profesionales pretenden frenar el trabajo de los operadores jurídicos dentro de la propia justicia”, subraya. Respecto a la futura Ley de Planta y Demarcación, basada en concentrar los órganos judiciales en capitales de provincia, Rusca advierte que no tendrá los efectos que se buscan que acercar la justicia al ciudadano, como se pretende, “no sería una buena idea eliminar los juzgados que se encuentran diseminados por diferentes poblaciones y ubicar los nuevos Tribunales de Instancia en capitales de provincia generará más problemas y dilaciones”. Tanto para esta iniciativa como para cualquier otra de las reformas que planea Gallardón, el actual decano del ICAB recuerda que no se les ha oído para dar la opinión sobre estas medidas. “Los colegios estamos más cerca del ciudadano y conocemos lo que necesita, por eso hubiera sido mejor contar con nuestra opinión. Justicia no puede reducir sus costes perjudicando al ciudadano. Desde su punto de vista el momento que se vive es muy delicado “juzgados colapsados y señalamientos en lo laboral para el 2017. Por si esto fuera poco, ahora sabemos que el dinero recaudado por las tasas judiciales no irá a la justicia gratuita. Muchos, aunque estábamos en contra de esta medida pensábamos que ayudarían a las personas con menos ingresos. Que ahora vaya ir a Presupuestos Generales del Estado, nos genera mucha decepción e impotencia, desde luego. Ahora no sabemos de que nos podremos fiar de ahora en adelante”, aclara. Y advierte de la falta de sensibilidad del Ministerio de Justicia para con el ciudadano en un momento especialmente duro de crisis económica, eres, embargos hipotecarios o preferentes. A este respecto, confía que el Tribunal Constitucional tenga a bien, por la repercusión social de las propias tasas judiciales analizar de forma diligente los seis decretos de inconstitucionalidad que hasta la fecha ha recibido esta institución “Es evidente que este asunto tiene una trascendencia mayor que otros y aquí habría que priorizar. Nadie duda del alcance de las tasas de la justicia, como elemento disuasorio y que está afectando de forma notable a los derechos de muchos ciudadanos a su acceso a la justicia”, indica. Desde su punto de vista las tasas no serían necesarias si los jueces sancionaran los comportamientos temerarios de ciudadanos que hacen un uso indebido de este servicio. “A ellos se les debería repercutir las costas y el coste del abuso que hicieran, según criterio del Tribunal”. Desde su punto de vista no cree que exista una excesiva judicialización. “vivimos el momento que nos toca, con conflictos sociales pero no hay un incremento excesivo”. Sobre la elección del CGPJ, impugnada en el Supremo por la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, nuestro entrevistado reconoce que hay que buscar un sistema que preserve la independencia absoluta de los jueces “de esa forma que no pudieran recibir interferencias o presiones durante su mandato, seria esencial. Habría que buscar el método adecuado que salvaguardara su independencia”, explica. Y surge en esta conversación el nombre de José Castro, juez que está instruyendo el caso Noos y que acaba de tomar declaración a la Infanta Cristina, imputada en este asunto. ”Creo que aguanta muy bien la presión de los medios de comunicación, muchos de ellos tienen claro el objetivo a perseguir. Este tipo de actitudes en derecho penal pueden vulnerar el derecho a la defensa. Hay que dejar que el juez decida en base a sus propios argumentos”, indica. Del trabajo de los jueces se muestra respetuoso, y lamenta que hace un año desde Justicia se aprobase el pasado 28 de diciembre de 2012, la L.O 8/2012 de Medidas de Eficiencia Presupuestaria en la Administración de Justicia por la que 1.500 jueces sustitutos de toda España, dejaban de actuar, 20% de la planta judicial y el dictado del 30% de las resoluciones judiciales en todo el estado. “Creo que este tipo de decisiones no se pueden improvisar. Su salida ha sido muy cuestionada ya que hacían un gran trabajo pero es que realmente nadie ha tomado el relevo de la labor que hacían”. Respecto a la reclamación que han puesto en Bruselas en defensa de sus intereses, reconoce no saber el fondo de la cuestión pero “les asiste su derecho a defenderse en Bruselas si así lo estiman oportuno, así pasó con el tema de las hipotecas. Y es que parece que hay tribunales fuera de España más sensibles que los tenemos nosotros”. Rusca, penalista de trayectoria profesional, lamenta que una nueva vez más asistamos a un cambio normativo en nuestro Código Penal: “Tal y como se está preparando es un atentando a nuestros derechos. Aumentar penas o crear penas que no se cumplirán como la prisión perpetua revisable no es la solución al no tener un fin de reinserción o preventivo. Me preocupa este uso expansivo del derecho penal, no es bueno que esté en cualquier aspecto de nuestra sociedad”, subraya. Y advierta que las numerosas modificaciones del Código Penal realmente no han servido para mucho, alguna de estos cambios nos comenta que nunca se han utilizado en la realidad. “Si no hay medidas preventivas y no se buscan las causas del delito y se actúa sobre ello no habrá menos delincuencia”, comenta. Le comentamos que a lo largo de estos diez últimos años las inversiones en justicia han sido cuantiosas pero que pese a ello la situación sigue siendo la misma o peor: ”Justicia, pese a ser uno de los tres pilares del Estado tiene menos medios y está más anticuada a nivel de funcionamiento que por ponerle un ejemplo la propia Agencia Tributaria. No parece muy normal esta situación. Es evidente que ese dinero no se ha invertido en mejoras que viera el ciudadano de forma directa”, responde de forma contundente. Y es que la tecnología sigue siendo una de las asignaturas pendientes en este servicio público “ahora se quieren hacer pruebas online de admisión de demandas y diligencias, cuando esta circunstancia debería ya estar superada”. Hablamos de buscar alguna solución que pueda sostentar la idea de justicia como servicio público. A Oriol Rusca no le parece mal desempolvar aquel Pacto de Estado del 2002 por la Justicia, eso sí, con la presencia también de todos los operadores jurídicos, además de las principales fuerzas políticas del país: “Seria una salida lógica y coherente a la situación que estamos viviendo. Otra cosa es que exista voluntad política en estos momentos para ponerlo en marcha.” Desde esta perspectiva el Poder Judicial podría ser tratado como el tercer poder que es teoría “hay que darse cuenta que la Justicia recibe menos dinero que otros servicios que dependen del Estado y menor que en el resto de los países europeos.” Voluntad política e inversiones son dos pilares que junto con la tecnología deberían ser la puerta de salida a este túnel que es nuestra justicia.
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