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JUSTICIA
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha calificado la reforma de la jurisdicción universal en un comunicado como “sonrojante renuncia a la defensa de los derechos humanos”. JpD recuerda que provocará el archivo de la causa en la que se investiga la muerte de José Couso, de los procedimientos por genocidio en Guatemala, Ruanda o Sahara y del asesinato de Ignacio Ellacurría y varias personas en El Salvador. Declaraciones del portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, sobre la reforma de la jurisdicción universal En el parlamento se ha iniciado el trámite para la modificación legal de la jurisdicción universal, con la aprobación inicial de una proposición de ley, a instancias del grupo popular. La reforma que se pretende supone un evidente paso atrás en la lucha contra la impunidad en los crímenes de derecho internacional y en las posibilidades de actuación judicial en defensa de los derechos humanos a nivel global. Impedirá la investigación judicial de delitos tan graves como el de genocidio, los crímenes contra la humanidad o determinados delitos vinculados a situaciones de conflicto armado, con independencia de su lugar de comisión. Además, la modificación legal provocará el archivo de numerosas causas que actualmente se están investigando en la Audiencia Nacional. Supondrá el sobreseimiento de la causa por la querella sobre genocidio en el Tíbet, que parece que ha sido el detonante de esta proposición de ley, ante las notorias presiones de China. Pero también provocará el archivo de la causa en la que se investiga la muerte de José Couso, de los procedimientos por genocidio en Guatemala, Ruanda o Sahara y del asesinato de Ignacio Ellacurría y varias personas en El Salvador, entre otras. En conjunto, esta modificación supondrá una intensa interferencia del ámbito político para acabar con las investigaciones judiciales sobre estos hechos, a causa de intereses comerciales, diplomáticos o estratégicos. Únicamente van a poder perseguirse a posibles autores si son españoles o si residan en nuestro país, pero no a quienes se encuentren en el extranjero, que es el caso más frecuente. Hay que recordar que nuestro país fue pionero en la lucha internacional contra los crímenes que tienen a la humanidad como sujeto pasivo. Y con esta modificación se va a producir un retroceso importante contra esta forma de delincuencia. Los españoles quedan más indefensos con esta reforma, pues si son víctimas en el extranjero de algunos de los más graves delitos, como regla general, no van a poder tener la protección de nuestro sistema judicial. Y las democracias en su conjunto también pierden compromiso con la defensa de los derechos humanos cada vez que un país limita el principio de jurisdicción universal. Quienes ganan especialmente con estas reformas legales son los genocidas y los autores de graves crímenes contra la humanidad, que verán aumentar la impunidad en relación con sus delitos. El principio de jurisdicción universal supone un criterio de extensión del Estado, en nombre de la comunidad internacional, para poder perseguir los más graves crímenes cuyo sujeto pasivo es la humanidad, con independencia del lugar de comisión, de los intereses de cada Estado y de la nacionalidad de las personas implicadas. Pero también se trata de una conquista irrenunciable de toda sociedad democrática y de un gran avance en la defensa de los derechos humanos. La reforma propuesta implica una importante limitación de la protección de los derechos por influencia de los países más poderosos. Se trata de una sonrojante renuncia a la defensa de los derechos humanos que se canjea por determinados intereses económicos.
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