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Por Ricardo Ruiz de la Serna, Abogado y Profesor de Derecho (Universidad CEU-San Pablo) @RRdelaSerna
Las marchas y la manifestación del pasado sábado han abierto varios debates tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Los miles de ciudadanos que recorrieron Madrid desde Atocha hasta la plaza de Colón y aquellos que llegaron hasta la capital desde otras partes de España exteriorizaban el descontento y las reivindicaciones de una parte de la sociedad que se resumían en los lemas formulados por los propios convocantes: “No al pago de la deuda”, “Ni un recorte más”, “Fuera los gobiernos de la Troika”, “Pan, trabajo y techo para todos y todas”. Manifestarse es un derecho constitucional e históricamente fue uno de los que se consideraron más representativos del sistema democrático instaurado por la Constitución de 1978. Por muy blanda que una dictadura pudiese ser en apariencia –y realmente es muy discutible que lo fuera- la diferencia entre un Estado de Derecho como el constitucional y un régimen como el franquista es insalvable. Hay una diferencia de legitimidades que ninguna normalidad cotidiana –insisto, muy cuestionable- puede soslayar. Es indiscutible, pues, el derecho de miles de ciudadanos a manifestar su descontento y su indignación. Digámoslo claramente: en España hoy hay injusticias que ningún ciudadano puede consentir sin reaccionar. Existen gravísimos fallos institucionales que incluyen la arbitrariedad de la Administración, la corrupción y la ineficacia. Tómese como ejemplo el fracaso de la llamada Ley de Dependencia con infinidad de resoluciones ineficaces, retrasadas, insuficientes o simplemente nulas, cuya efectividad está condicionada a que el ciudadano recurra y litigue para que la Administración le reconozca lo que en Derecho le corresponde. Si quien pleitea es afortunado, obtendrá una resolución en plazo para disfrutar de las prestaciones; si no lo es, tal vez la reciba demasiado tarde o la pierda por cualquier formalismo fatal. Su título completo -Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia- casi suena a ironía. Los abusos contractuales en el consumo masivo y la contratación bancaria han llevado a situaciones de verdadero abuso. La responsabilidad universal –garante del cumplimiento de los contratos- no puede interpretarse al margen de las condiciones en que se contrató, el equilibrio de las prestaciones y la buena fe. Alguien endeudado de por vida, privado de su casa y de su trabajo, vive una especie de esclavitud que ningún sistema puede tolerar sin traicionarse a sí mismo. Las tasas vedan el acceso de muchos ciudadanos a la tutela judicial y la lentitud convierte en injusta la más sensata de las Sentencias. Todo nuestro ordenamiento jurídico gravita sobre nociones básicas de la civilización occidental: la razón, el derecho, la limitación del poder, la dignidad intrínseca de todo ser humano. Los abusos de los malos políticos, los malos sindicalistas y, en general, los malos ciudadanos nos han abocado a una situación en que hay que reformular instituciones jurídicas y políticas que nos parecían intocables hace veinte años. Desde las cámaras representativas a las relaciones laborales, debemos acometer reformas profundísimas. Sobran, pues, motivos para manifestarse hoy en España y en Europa entera si miramos a nuestro alrededor. Ahora bien, se trata de avanzar y en democracia la violencia siempre es un retroceso. El sábado pasado la manifestación y las marchas se nutrieron de miles de personas pacíficas que desean un futuro mejor para sí y para todos, pero no todos los manifestantes fueron con esa actitud ni con ese deseo. Desde hace un tiempo, el grado de violencia verbal y, en general, simbólica en la vida pública es tan innegable como las injusticias que padecemos. Desde las pegatinas que reivindicaban a ETA y sus presos hasta una guillotina de cartón piedra pasando por pancartas que invitaban a matar a alcaldes y liberados sindicales o añoraban la actividad terrorista de los GRAPO. Un fantoche con la forma de la cabeza de Mariano Rajoy se paseaba ensartado en una pica. Unos bárbaros –no se me ocurre otra forma más educada de describirlos- empapelaron la estatua de Velázquez que da nombre a una de las entradas del Museo del Prado. A esa manifestación fueron jóvenes con mochilas cargadas de petardos y bengalas. No faltaron los mazos para romper la acera y arrojar los trozos a los policías. Se hicieron presentes las navajas y las botellas. Ha habido 67 policías heridos, tres de ellos apuñalados. A un miembro de la Unidad de Intervención Policial lo rodearon, le sacaron el casco y lo patearon en el suelo. Sin perjuicio de que haya o no haya responsabilidad de los mandos policiales -algo que denuncian algunos sindicatos y que debe investigarse- es claro que esta violencia no puede soslayarse. Dejaré de lado, por ahora, el uso político que algunos pretenden hacer de todo esto. Hay sobrados motivos para manifestarse, para protestar y para salir a las calles pero, en una democracia, nada legitima la violencia que hemos visto desplegada contra los policías. Algunos piensan que la actuación de la Unidad de Intervención Policial y la de los jóvenes encapuchados que les hacían frente están a la misma altura. Otros creen que la violenta fue la policía. Hay quien se conmueve por el joven golpeado por las pelotas de goma o reducido en el suelo con la mochila a la espalda. Aquí debemos volver al debate sobre la legitimidad. La policía ejerce el monopolio de la violencia que corresponde al Estado. Si este ejercicio es ilegítimo o excesivo, hay sobrados medios en un Estado de Derecho como el nuestro para combatirlos. Hay policías expedientados, sancionados y condenados penalmente por abusar de los poderes que la Ley les otorga para servir a los ciudadanos. Afortunadamente, nuestro sistema dispone de abundantes recursos para evitar esta violencia contra la policía que pretende ser revolucionaria y progresista pero que, en realidad, nos retrotrae a un tiempo y un país que felizmente hemos superado. Apuñalar a un policía, apedrearlo, patearlo es un delito de atentado –haya lesiones, homicidio en grado de tentativa o lo que se quiera añadir- y carece por completo de justificación. En un Estado de Derecho, la defensa frente al abuso policial son la Ley, los jueces y, en la medida en que nos toca, los abogados y los fiscales. A ellos –y a nosotros- nos toca también defender los derechos de los policías y habrá que preguntarse si a veces el sistema no les falla a ellos. Algunos pretenden que España no es una democracia. Deben de haber vivido demasiado tiempo –o demasiado poco tiempo- en Cuba, en Venezuela o en Corea del Norte. Con todos sus defectos, sus imperfecciones y sus gravísimas injusticias, España es un Estado de Derecho y una democracia que no se merece la traición a sí misma que esta violencia supone. La protesta pacífica tiene todas las legitimidades que dan la ley y la razón que a uno le asiste. La violencia carece por completo de justificación. Los llamamientos a la violencia que las consignas de algunas pancartas y la parafernalia de la manifestación sugerían deberían haber conmovido o alertado a muchos. Sigo preguntándome qué hicieron los ciudadanos pacíficos cuando alguien puso una pancarta que reivindicaba a los GRAPO. Me preocupa, sobre todo, que algunos no hiciesen nada. Aquí solo hay una legitimidad: la que comparten las protestas pacíficas y la autoridad de la policía, que puede llegar al uso de la fuerza que la Ley consagra. Es la legitimidad democrática que sostiene este sistema, esa legitimidad que niegan los encapuchados y los violentos.
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