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Rechazo total a esta ley que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva según comentaron la vicepresidenta 1ª de la Abogacía Española y decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, el vicepresidente 2º y decano de Barcelona, Oriol Rusca, y el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, Francisco Javier Lara Frente único de la abogacía española a la reforma de la Ley de Justicia Gratuita que se tramita en el Parlamento en este momento. Esta es la postura definida representada por Sonia Gumpert y Oriol Rusca, decanos de los dos colegios más importantes de nuestro país, y a la vez vicepresidentes 1 y 2 del CGAE y el propio decano de Málaga, Francisco Javier Lara, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica de esta entidad, que conocimos ayer en una multitudinaria rueda de prensa. Para estos juristas esta ley “ no garantiza la financiación pública del servicio y sigue vinculando las tasas a la propia justicia gratuita, cuando es notorio que lo recaudado no se ha destinado a financiar estos derechos fundamentales”, explicó Gumpert. A juicio de Oriol Rusca, esta reforma “ parte de una situación de un escenario de engaño por parte del ciudadano, cuando solo el 9 por cien de las solicitudes de Justicia Gratuita tuvieron problemas”. Para Francisco Javier Lara “ no tiene sentido que la reforma desubique al abogado de su lugar de residencia y no le obligue a tener despacho propio en el lugar de residencia del cliente.”. En esta pugna con Justicia aparece como telón de fondo el Tribunal Constitucional que podría ser el juez de este asunto si las enmiendas que presenta la abogacía no se tienen en cuenta. Nuevo frente abierto entre la abogacía y el Ministerio de Justicia en el que parecen que las posturas son muy diferentes. No obstante supimos que las negociaciones no están rotas. Que se sigue dialogando y que hay un grupo de trabajo formado por CGAE y Justicia que está analizando este tema. Sin embargo, a dia de hoy, los puntos de vista parecen muy alejados uno del otro. “ Tanto la Ley de Servicios Profesionales, como la de Seguridad Ciudadana y este proyecto de Ley que ahora está en las Cortes añaden más dificultades a los ciudadanos en su acceso a la tutela judicial efectiva”, explicó la decana del ICAM. Por su parte, Oriol Rusca, decano del Colegio de Barcelona anunció una ofensiva de los abogados siempre con el respaldo del CGAE en los próximos días :” Es evidente que esta reforma es un retroceso. Lo mejor sería volver a la anterior regulación. El Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita son un servicio del Estado y no deben someterse a ningún tipo de mercadeo”, subrayó. Y descartó que los derechos y deberes de los ciudadanos se considerasen una mercancía mas de las existentes. A pregunta de este periodista sobre la posibilidad de homogeneizar los baremos de todos los abogados de España para que todos cobraran los mismos, los tres letrados se mostraron partidarios de esta medida. “ Habría que ver la forma de homogeneizar esos baremos, sabiendo que no es lo mismo territorio de Justicia que de las Comunidades autónomas”; comentó Lara. Para Rusca, no serÍa mala idea hacerlo pero “ habría que hacerlo al alza y señalo que un abogado de oficio en Barcelona percibe unos 12 euros a la hora. Supimos también que Valencia y Andalucía son las comunidades autónomas que más deben a estos abogados de oficio aunque no nos pudieron precisar la cantidad total que se debe en nuestro país a los 42.000 abogados que realizan este servicio público. Para estos juristas otra premisa de esta reforma es la partir del engaño y la desconfianza al ciudadano. De hecho en esta reforma el uso superior a tres veces de la Justicia Gratuita hace al justiciable sospechoso de abuso del servicio “ Creo que no resuelve los problemas reales de los ciudadanos, sino que perjudica la actual prestación de este servicio público para un colectivo vulnerable que necesita atención inmediata y cercana.”, aclaró Gumpert. Además quiebra el criterio general de capacidad económica del solicitante con derecho a Justicia Gratuita al extender este derecho a algunos colectivos y personas jurídicas (empresas), al margen de sus recursos económicos. En un contexto de recortes generalizados, “ampliar este reconocimiento puede dar lugar a situaciones injustas y discriminatorias entre personas y colectivos y abocar a graves situaciones de viabilidad económica del Servicio de Justicia Gratuita”, subrayó Javier Lara. Confusión entre Turno de Oficio y Justicia Gratuita Desde el punto de vista de la abogacía, la nueva reforma no distingue de forma clara lo que es el Turno de Oficio del beneficio de Justicia Gratuita “ Hay que darse cuenta que el Turno de Oficio lo puede tener todo el mundo, otra cosa es si el abogado y su servicio lo tiene que pagar el cliente o el Estado a través del expediente de Justicia Gratuita”, aclaró Oriol Rusca. Y es que esta reforma que lidera Gallardón burocratiza en exceso la Justicia Gratuita generando costes innecesarios al requerir la ratificación del beneficiario y justificación del mantenimiento del derecho para presentar recursos, al prever la revisión periódica de la concesión del beneficio como mínimo cada cuatro años y al imponer a los abogados obligaciones informativas y de traslado de resoluciones, cuyo incumplimiento conlleva la imposición de sanciones desproporcionadas. Por otro lado, el proyecto de ley prevé un mecanismo de ratificación por el beneficiario de Justicia Gratuita que vulnera el derecho de defensa que obliga al abogado a interponer acciones y recursos en beneficio de los intereses encomendados. Además, “se complicará significativamente la gestión administrativa de los Colegios de Abogados al tener que tramitar un nuevo expediente transcurrido un año desde la concesión del derecho, incrementando la burocracia y los gastos administrativos. La norma en trámite parlamentario abre una posibilidad indeseada de dilaciones procesales”, señaló Javier Lara. El proyecto de Ley ni respeta ni dignifica el trabajo de los abogados del Turno de Oficio al no actualizar los baremos de retribución del servicio de acuerdo con la importante labor social que desempeñan ni garantiza el cobro de todas las actuaciones que lleve a cabo el letrado ni asegura el pago puntual por las diferentes Administraciones de Justicia. La norma en tramitación supone una invasión de las competencias autonómicas con una pretensión centralizadora, que podría conllevar una rebaja del 30% de los módulos de pago del Turno de Oficio en comunidades autónomas con competencias en Justicia. Además, el proyecto prevé que los abogados asuman los costes de una defensa cuando el cobro sea improbable al encontrarse el cliente en paradero desconocido. El texto aprobado por el Gobierno no garantiza la financiación pública suficiente para mantener el sistema de Justicia Gratuita y sigue vinculando las tasas judiciales a la Justicia Gratuita, cuando es un hecho notorio que lo recaudado no se ha destinado a un Servicio que garantiza la defensa de los derechos fundamentales. Las tasas judiciales han demostrado el fracaso de la recaudación y el triunfo de la disuasión, con una reducción de los asuntos judiciales que llega hasta el 40% en la jurisdicción contencioso-administrativa”, destacó la decana del ICAM Puedes ver el proyecto de ley de Justicia Gratuita y consideraciones del CGAE en este enlace http://goo.gl/dptX93
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