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Este es un instrumento clave para impulsar la competitividad de las empresas y mejorar la oferta y eficiencia en la prestación de servicios públicos. Los fondos europeos son una fuente de financiación disponible para que empresas y administraciones españolas pongan en marcha proyectos de CPI. En la mañana de ayer tuvo lugar en la sede de la Fundación Pons una jornada organizada por Science & Innovation Link Office (SILO) y PONS Patentes y Marcas Internacional sobre “Compra Pública de Tecnología Innovadora” con el objetivo de difundir esta modalidad de contratación y presentar las oportunidades de financiación que ofrece el nuevo Horizonte 2020 y los instrumentos ya existentes del Ministerio de Economía y Competitividad y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). La CPI es una modalidad de compra que se realiza desde las administraciones con el objetivo de: • Mejorar los servicios públicos mediante la incorporación de bienes o servicios innovadores, con desarrollos tecnológicos ad hoc, que generan eficiencia (por reducción de costes en los procesos de recolección de residuos) o beneficios directos en la calidad del servicio que recibe el ciudadano (por ejemplo, con métodos para diagnosticar enfermedades en estados mas tempranos o con métodos menos invasivos) • Promover la innovación empresarial, ofreciendo un mercado suficientemente atractivo • Impulsar la internacionalización de las empresas innovadoras, puesto que la innovación desarrollada se convierte en una primera referencia que mostrar al mercado internacional. Se calcula que las administraciones españoles toman decisiones de compra, cada año, por un valor superior al 14% del PIB, inferior a la media europea. El objetivo del Gobierno español, mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros del 8 de julio de 2011, es que la compra pública innovadora alcance el 3% de la inversión nueva, unos 600 millones de euros anuales. A ello se suman los fondos europeos que las administraciones pueden movilizar para promover la CPI. Durante la jornada, Luis Cueto, subdirector general de Fomento de la Innovación Empresarial, Secretaría de Estado de I+D+I, MINECO, explicó el papel que juega su departamento apoyando a otras entidades públicas en proyectos de CPI, destacando la oportunidad que ofrecen los fondos estructurales para la financiación de operaciones de CPI en las administraciones públicas. Subrayó también que cada vez hay más casos de éxito que pueden inspirar a empresa y administraciones a participar en ejercicios de CPI. Los casos de éxitos no están exentos de arduas negociaciones multistakeholder, tal y como destacó Diego Moñux, Socio Director de SILO. El experto destacó que una de las claves de éxito en la definición de una operación de CPTI con financiación FEDER es alinear correctamente los retos propios de cada administración con las fuentes de financiación y, al mismo tiempo, diseñar adecuadamente los proyectos desde el punto de visto de los participantes y la gobernanza, Para todo ello, insistió, es necesario contar con asesores especializados en este tipo de operaciones. Para Nuria Marcos directora general de PONS Patentes y Marcas: “En el proceso de CPI es clave el tratamiento y el reparto de los derechos de propiedad intelectual e industrial tanto que se aporten con los que se generen en los procesos de compra pública. Desde la perspectiva de las Administraciones Públicas porque estás necesitan usar y explotar tales DPII, cómo desde la posición de la empresa privada, que lo que necesita es poder recuperar la inversión explotando esos derechos”. Las asociaciones empresariales juegan un papel fundamental en la promoción de este instrumento que abre un mercado a sus empresas de contenido tecnológico. Desde enero de 2014, las nuevas directivas 2004/18/EC y 2004/17/EC permiten a las empresas acceder a licitaciones de compra pública a nivel europeo, no limitándolas a las de sus países de origen como ocurría hasta entonces. De la misma manera, esta normativa, también promueve los consorcios público-privados entre empresas y centros de investigación o grupos de investigación de universidades que complementen las capacidades científicas necesarias para el desarrollo tecnológico necesario en la fase de desarrollo tecnológico. Más de 100 asistentes tanto del sector privado como del sector público -fundamentalmente responsables de compras y decisores en políticas públicas de innovación de Ministerios, Consejerías y Concejalías de Ayuntamientos, gestores de hospitales, universidades y centros de investigación, entre otros - contribuyeron a un debate enriquecedor.
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