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JUSTICIA
Los ministros de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Justicia e Interior acuerdan revisar la valoración del riesgo de las víctimas de violencia de género Los juzgados de violencia sobre la mujer ampliarán sus competencias y abarcarán delitos que actualmente corresponden a los juzgados de instrucción: en concreto los delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, y contra el honor así como los de quebrantamiento de condena o de la medida cautelar impuesta en casos de violencia de género Mejorar la protección de las víctimas, asegurar la formación de todos los agentes implicados, aumentar las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer y mejorar la coordinación. Éstas son algunas de las medidas que han acordado en la tarde de ayer los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de Interior, Jorge Fernández Díaz y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en la reunión que han mantenido en este último Ministerio, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional y evitar nuevos casos de violencia de género. Los ministros han mostrado su más enérgica condena ante los últimos casos de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, ocurridos el pasado fin de semana en Tarragona y Jerez de la Frontera, que elevan a 21 las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año. También se ha confirmado el caso ocurrido en Fuenlabrada a finales del pasado mes de de febrero, que se encontraba en investigación debido a las circunstancias del suceso. Los tres ministros han coincidido en la necesidad de intensificar la lucha contra esta lacra, desde el diálogo y el consenso con todos los agentes implicados, y con el apoyo de toda la sociedad. Entre las medidas que se han acordado en el encuentro, destaca la revisión del protocolo de valoración del riesgo por parte de las víctimas de violencia de género. Se establecerá un grupo de trabajo para mejorar la situación actual, que, en todo caso, incluirá planes personalizados para la protección de las víctimas. En este grupo se integrarán miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Consejo General del Poder Judicial, Instituciones Penitenciarias, Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y Ministerio de Justicia. El objetivo es tener constancia permanente de la situación en la que se encuentran las víctimas de mayor vulnerabilidad, y analizar las medidas y recursos que se encuentran a su disposición. Para ello, se actualizará el protocolo para la valoración policial del riesgo de violencia contra la Mujer, incluyendo un nuevo cuestionario, con datos como la situación laboral de la víctima y su agresor, factores de vulnerabilidad, como la discapacidad o el hecho de ser menor de edad o tener menores a su cargo, que, en todo caso, tendrán el mismo tratamiento que las mujeres, así como factores de peligrosidad del maltratador. En la actualidad, alrededor de 46.000 casos de entre los valorados, no revisten riesgo a tenor de los protocolos establecidos. Por tal razón, y con el objetivo de mejorar el grado de cobertura que reciben estas mujeres, se revisarán periódicamente los casos de “riesgo no apreciado”. El sistema, que en la actualidad envía una alerta cada cuatro meses a unidades, podría reducir este tiempo a tres meses para mejorar la vigilancia. En cuanto a las víctimas, el objetivo es que estén informadas en todo momento de la situación penitenciaria de su agresor detenido. Por ello, se introducirá un nuevo apartado en el anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima del delito. De este modo, se les notificarán las resoluciones que se refieran a la ejecución de la pena. En este sentido, está prevista la interconexión entre los sistemas policiales de valoración del riesgo y la información de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El objetivo es informar a la víctima cuando se produzca un cambio en la situación penitenciaria del agresor, procediéndose a la correspondiente reevaluación del riesgo. En todo caso, la víctima de violencia de género estará informada, de oficio, de las resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria relacionadas con la ejecución de la condena de su agresor.
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