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Esta agrupación hace público un manifiesto por una justicia más próxima y cercana en un momento clave, con las reformas de Gallardón en marcha Bilbao acogerá entre los días 3 a 5 de Julio de 2014 el XVIII Congreso Bianual de la Confederación Española de la Abogacía Joven, este año con claro tinte reivindicativo ante las controvertidas reformas y novedades legislativas de los últimos tiempos que han afectado sustancialmente tanto al ejercicio de la profesión, como al derecho de tutela judicial del ciudadano. De ahí su slogan: #AbogaciaJoven: nuevos retos de justicia. Slogan que resumen fielmente el espíritu que se pretende imprimir en las intervenciones de todos los ponentes invitados: por un lado, el reto que suponen en sí mismas las últimas modificaciones legislativas; y por otro lado, el reto de dotarlas de contenido de justicia material. La temática que se expondrá a través de diversas ponencias y mesas redondas será la relativa a la Ley de Servicios Profesionales, el secreto profesional, la protección de datos, prevención de blanqueo de capitales, cláusulas suelo, participaciones subordinadas y preferentes, ejecuciones hipotecarias, últimas reformas legislativas en materia penal y civil...etc. Para alcanzar tan ambicioso objetivo se contará con la intervención de ponentes de reconocido prestigio como Margarita Robles, Manuel Almenar, Javier Boix, Angel Dolado entre otros, prometiendo así ser la cita imprescindible de este año en el mundo jurídico. En la web que se ha habilitado del Congreso ya está la información preliminar e información de los ponentes www.xviiicongresoceajbilbao.es. Por una justica más cercana Casi al mismo tiempo desde CEAJ se ha hecho público un manifiesto por una justicia cercana, accesible y con medios. El documento en su integridad se puede descargar en la web de esta entidad de juristas. Como se plantea desde el Gobierno y, especialmente, desde el Ministerio de Justicia, es urgente e inaplazable una reforma en la justicia, y así lo demandamos los distintos operadores jurídicos y la sociedad en general. No obstante, dicha reforma debería hacerse tras un previo, profundo y detallado análisis de cada uno de los problemas que presenta la administración de justicia, de sus causas y de las soluciones a los mismos, con el consenso de las fuerzas políticas así como de los diversos agentes y profesionales que intervenimos en ella, con absoluto respeto al ciudadano y a sus derechos y con el compromiso político de dotar a dicha reforma de todos los medios materiales, personales y estructurales necesarios para su efectividad y la correspondiente previsión presupuestaria. Lo que no cabe es pretender agilizar la justicia, reducir la litigiosidad y descongestionar los juzgados a costa de la indefensión de millones de ciudadanos, a los que se priva del acceso a la tutela judicial efectiva mediante la imposición generalizada de las tasas, cuyo efecto disuasorio y fin puramente recaudatorio se han evidenciado, o mediante la privatización de ciertos servicios, con el consiguiente coste para el ciudadano (como se pretende con Anteproyectos de Ley de Jurisdicción Voluntaria, de reforma del Registro Civil y de reforma de la LEC y con la Ley de Seguridad Privada), pues desjudicializar ciertas materias no tiene por qué suponer privatizarlas, pudiéndose encomendar a funcionarios públicos e invertir en medios para la prestación pública y gratuita de dichos servicios. Tampoco cabe alegar o esgrimir la seguridad como coartada para limitar la protesta y las garantías democráticas ni vulnerar derechos fundamentales o restringir su ejercicio como respuesta a concretas situaciones o casos ocurridos, a golpe de titular, como se pretende con el Anteproyecto de Ley Orgánica para Protección de la Seguridad Ciudadana, el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal y el Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la víctima del delito. Y, por supuesto, tampoco cabe proceder a una ruptura y cambio radical de todo el sistema sin tener unos objetivos claros para mejorar la justicia y sin contar con la opinión de los profesionales y colectivos afectados, imponiéndose un control excesivo restringiendo la independencia, todo lo cual se puede apreciar en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, en el proyectado Código Procesal Penal y en el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, de 20 de diciembre de 2013. De todas estas reformas legislativas, dos ya se han aprobado (Ley de Tasas y Ley de Seguridad Privada), una está en tramitación parlamentaria (reforma Código Penal) y el resto en trámite de consultas, por lo que, además de requerir la derogación de aquéllas, instamos a que se aproveche la oportunidad del tramite parlamentario o de consultas para que, en consenso con los distintos grupos parlamentarios y con los colectivos implicados sin uso del “rodillo parlamentario”, se introduzcan las modificaciones necesarias para la efectiva reforma y modernización de la administración de justicia entendida como servicio público cercano y accesible a todos los ciudadanos, con medios e independiente, y para el debido respeto a la libertad de expresión y derecho de manifestación, esenciales en una democracia. Desde la Confederación Española de Abogados Jóvenes y las Agrupaciones que la integran, velaremos para que así sea.
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