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“Gran parte de lo que se ha perdido de Industria y Construcción ha llegado a Servicios, donde se concentra la mayor parte de la temporalidad y la precariedad de nuestro mercado laboral”, comenta Valls quien insiste en la progresiva pérdida de calidad del empleo en nuestro país “La mirada a la desocupación es muy cortoplacista. Las personas que llevan más de un año en desempleo pierden el tren del sector en el que han trabajado y eso las estadísticas no lo dicen”. Esta es una de las conclusiones que extrae la profesora de Dirección de Personas y Organización de ESADE Mª Àngels Valls de la Encuesta de Población Activa que ha hecho pública en la mañana de ayer el Instituto Nacional de Estadística y que, en su opinión, “pese a registrar el mayor descenso de paro anual desde 2005 [344.000 personas] sigue conteniendo malas noticias, ya que la actividad continúa cayendo [187.000 personas]”. “Si hablamos de fechas, nuestra actual tasa de actividad es la más baja desde 2007 [59,46%]. En un año la población activa se ha reducido en 424.500 personas”, añade Valls. Otro dato que revela es que “Olvidamos que sigue aumentando el número de hogares con todos sus miembros en paro y que ya son 1.978.900 de hogares, y el de parados de larga duración [49.300 personas más en este trimestre], que a nivel agregado se ha triplicado. “Llevamos varios meses destacando el decrecimiento del decrecimiento, pero no levantamos cabeza”, insiste la profesora de ESADE para quien, además, la calidad del empleo sigue disminuyendo, tanto en lo relativo a sectores, “gran parte de lo que se ha perdido de Industria y de Construcción ha llegado a Servicios, donde se concentra la mayor parte de la temporalidad y la precariedad de nuestro mercado laboral”, como en subocupación, “el porcentaje de aquellos que tienen una dedicación menor a lo que correspondería su tasa de actividad ha pasado del 8% al 15%, lo que nos indica que cada vez hay más personas que trabajan menos de lo que querrían trabajar”. “El crecimiento continuo desde 2007 de la población que, pese estar ocupada, busca otro empleo, también es significativo”, añade. Ante la segunda buena noticia de la EPA de este primer trimestre de 2014, la del descenso en el desempleo de las personas entre 16 y 19 años, y entre 50 y 54 años, y que incrementan el número de ocupados en 7.000 y 23.800, respectivamente, Mª Ángels Valls, muestra su cautela: “Estamos hablando de una pequeña proporción del desempleo total, especialmente en el primero de los colectivos. “Lo destacamos porque es el principal y casi único foco de las políticas activas de empleo, pero las personas de referencia de los hogares españoles no son los menores de 20 años”. “Olvidamos que sigue aumentando el número de hogares con todos sus miembros en paro y que ya son 1.978.900 de hogares, y el de parados de larga duración [49.300 personas más en este trimestre], que a nivel agregado se ha triplicado”, comenta la profesora de ESADE para quien, además, en este último punto empieza a ponerse de manifiesto una cierta correlación entre el paro de larga duración y el nivel de formación: “Si ponemos el zoom, comprobamos que esta situación se da en un 70% de las personas con Educación Primaria; en un 60% con Secundaria y en un 55% con Estudios Superiores”. El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) denuncia la falta de voluntad política para hacer un debate abierto en el pleno de Congreso donde se expongan todos los aspectos que conllevará para los ciudadanos el proyecto de ley de justicia gratuita, si se aprueba el texto tal como el Ministerio de Justicia lo ha presentado. El ICAB lamenta que hayan sido rechazadas las seis enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de justicia gratuita presentadas hoy por parte del Grupo Mixto, del Grupo Vasco, de UPyD, de Izquierda plural, de CiU, y del Grupo Socialista. La argumentación de estos grupos parlamentarios para rechazar el proyecto de ley de justicia gratuita coincide con la expresada reiteradamente por el Colegio de Abogados de Barcelona. Ante esta situación, el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, ha calificado de "inaceptable la reforma de la justicia gratuita planteada porque puede conllevar un gran retroceso en un Servicio público esencial como es la asistencia jurídica gratuita" y ha añadido: "aunque es necesaria una reforma de la justicia gratuita no podemos tolerar que se haga en los términos que se están planteando y sin el diálogo con los colegios de abogados y con los abogados que prestamos este servicio, que son los que mejor conocemos las deficiencias del sistema y las principales necesidades". Uno de los principales aspectos que el ICAB critica del proyecto de ley de justicia gratuita es el hecho de que se considera como ‘un abuso del sistema’ por parte de los ciudadanos la necesidad de recurrir tres veces en un año al Servicio de Asistencia jurídica Gratuita, y más si se tiene en cuenta el actual contexto económico. Financiación El Colegio de Abogados de Barcelona también ha denunciado que el texto presentado por el Ministerio de Justicia no garantice la financiación pública suficiente para mantener el sistema de justicia gratuita y lamenta que se vincule a la recaudación por las tasas judiciales como fuente de ingresos para sufragar el coste de este derecho fundamental. En este sentido, Rusca ha argumentado que las tasas son una barrera para muchos ciudadanos para poder reclamar justicia ante los tribunales, de manera que como consecuencia de esta medida hay una "justicia de ricos y otra de pobres". El decano de los abogados de Barcelona también ha resaltado "la falta de transparencia del Ministerio de Justicia para facilitar los datos de recaudación de las tasas judiciales así como en dar a conocer dónde se están invirtiendo el dinero recaudado". Más burocratización El ICAB también considera que el proyecto de ley de justicia gratuita conllevará una mayor burocratización y tramitación, y por tanto, un gasto público innecesario. Por ello, desde esta corporación se destaca que el 95% de las resoluciones de la abogacía catalana son ratificadas por la Administración, por lo que mantener este sistema supone una doble estructura que dilata inútilmente el reconocimiento definitivo del derecho a justicia gratuita. Por este motivo, Rusca ha denunciado que " con esta medida no se busca la calidad del servicio". El proyecto de ley de justicia gratuita tampoco resuelve las problemáticas actuales de los abogados adscritos al TO La homogeneización a la baja de los módulos de pago, los pagos impuntuales, la falta de traductores para todo el proceso, o que se limite la libertad e independencia del criterio del abogado en el ejercicio de sus funciones son otros aspectos primordiales que la abogacía quiere resolver aprovechando la tramitación de la nueva ley de justicia gratuita. Por este motivo, Rusca ha tachado de “menosprecio hacia el trabajo del abogado de oficio la actitud del Ministerio de Justicia, ya que la no resolución de estas situaciones va en detrimento del servicio al ciudadano que ve malversado su acceso a la justicia". El ICAB continuará trabajando para conseguir que el proyecto de ley de justicia gratuita no suponga un paso atrás para la ciudadanía La lucha del Colegio de Abogados de Barcelona para combatir el proyecto de ley de justicia llevó al decano de los abogados de Barcelona, Oriol Rusca, a reunirse el pasado 10 de abril en Madrid con los diputados Joan Coscubiela (ICV ) , Dolors Montserrat (PP) , Jordi Jané (CiU) , Alex Sáez (PSOE) y la senadora Esther Capella (ERC) para entregarles las enmiendas al proyecto de ley de justicia gratuita planteadas por el ICAB y trabajadas en el seno de la Comisión del Turno de Oficio del ICAB, que presiden las diputadas de la Junta de Gobierno Mercè Claramunt y Carmen Valenzuela. Oriol Rusca también tiene previsto reunirse próximamente con la Comisión de Justicia del Congreso, con los senadores catalanes y mantener encuentros con otros representantes institucionales, como por ejemplo con la presidenta del Parlamento catalán o la Defensora del Pueblo para modificar el proyecto de ley de justicia de gratuita.
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