Los
36.000
abogados
de
Turno
de
Oficio
se
han
puesto
en
pie
de
guerra
y se
ponen
en
marcha.
Esta
es
una
de
las
medidas
que
se
pondrán
en
marcha
de
cara
a
forzar
la
retirada
de
un
proyecto
de
ley
que
convierte
en
restrictivo
este
servicio
público.
Nadie
descarta
que
a
medio
plazo
se
pueda
poner
en
marcha
una
huelga
indefinida,
la
primera
en
nuestro
país
de
este
servicio,
sobre
todo
con
el
ánimo
de
presionar
al
Ministro
para
negociar
un
nuevo
texto
normativo.
Los
convocantes
de
este
encierro
están
al
cierre
de
esta
noticia
contactando
con
la
mayor
parte
de
Colegios
de
Abogados
de
toda
España
para
que
secunden
este
encierro.
Además
desean
ampliar
la
protesta
a
asociaciones
cívicas
de
toda
índole
“
Este
es
un
problema
que
afecta
a
todos
y en
el
que
necesitamos
el
apoyo
de
la
sociedad
civil”
comento
a
este
periodista
Antonio
Agúndez,
presidente
de
ALTODO,
una
de
las
asociaciones
convocantes.
Seguún
el
comunicado
que
hemos
recibido
de
las
organizaciones
convocantes
estas
entidades
se
unen
en
defensa
del
servicio
público
de
la
asistencia
jurídica
gratuita
y de
los
letrados
del
turno
de
oficio.
La
protesta
se
efectuará
simultáneamente
el
mismo
día
en
otros
Colegios
de
Abogados
de
España,
que
se
van
sumando
a la
iniciativa.
Desde
este
colectivo
se
insiste
en
la
oposición
a la
reforma
legislativa
por
varias
razones:
1º.-
Porque
impide
el
acceso
a la
justicia
de
los
ciudadanos
más
desfavorecidos,
muchos
de
los
cuales
quedarán
expulsados
del
sistema
judicial,
sin
posibilidad
alguna
de
defensa:
- Al
imponerles
múltiples
trabas
burocráticas
para
el
reconocimiento
del
derecho
de
justicia
gratuita,
al
reducir
los
topes
de
renta
exigidos,
al
bloquear
la
posibilidad
de
recursos,
al
exigir
documentos
imposibles
de
aportar.
- Al
dificultar
su
acceso
a
los
Servicios
de
Orientación
Jurídica
adscritos
a
los
Colegios
de
Abogados,
en
la
fecha
casi
inexistentes.
- Al
privarles
de
su
derecho
a
disponer
de
un
abogado
independiente,
que
garantice
su
derecho
de
defensa.
- Al
no
garantizar
un
presupuesto
suficiente
para
el
servicio,
ampliado
a
nuevos
colectivos,
a
sabiendas
que
no
se
destinan
recursos
económicos
para
ello
.
2º.-
Porque
consolida
el
“maltrato
institucional”
hacia
el
abogado
de
oficio,
precarizando
un
servicio
público
de
calidad
contrastada:
- Al
no
garantizar
presupuesto
alguno
para
el
pago
de
retribuciones
en
caso
de
que
al
ciudadano
que
haya
de
ser
atendido
de
forma
inmediata
por
imperativo
legal,
le
sea
posteriormente
denegada
o
archivada
su
solicitud
de
justicia
gratuita.
- Al
no
establecerse
unas
retribuciones
razonables
y
dignas,
ni
preverse
un
sistema
de
actualización
periódica
a
fin
de
que
las
mismas
no
pierdan
poder
adquisitivo,
suprimiéndose
expresamente
el
principio
establecido
en
la
Exposición
de
Motivos
de
la
actual
ley,
según
el
cual
los
profesionales
adscritos
al
Turno
de
Oficio
deben
estar
digna
y
suficientemente
remunerados,
como
garantía
de
la
calidad
del
servicio
y
del
derecho
de
igualdad
ante
la
Ley
de
todos
los
ciudadanos.
- Al
limitar
su
independencia
en
el
ejercicio
del
derecho
de
defensa,
sancionando
como
infracción
grave
la
interposición
de
una
demanda
o
recurso
que
la
administración,
unilateralmente,
considere
insostenible.
